Las elecciones del 24/10/99 marcaron el fin de diez años de gobierno menemista.
Las elecciones del 24/10/99 marcaron el fin de diez años de gobierno menemista.
Fueron diez años de una política de hambre y entrega nacional. A partir de enero de 1995 –con la crisis mexicana del “tequila” emergió la crisis del llamado “modelo” menemista. Desde entonces el desempleo absoluto no ha bajado de un millón y medio de personas, y los salarios están congelados desde 1991. A partir de 1997, aún no repuestos de la llamada “crisis del tequila”, nos golpearon las consecuencias de la llamada crisis “asiática” llevamos, al momento de realizar este Congreso, más de dos años de recesión (que es la palabra piadosa con la que la burguesía llama a la crisis).
Desde 1998, la cantidad de desempleados absolutos, según las –estadísticas oficiales que solo registran el desempleo urbano, se acerca a dos millones de personas. Hay más de 4.200.000 desocupados (totales o parciales) en las ciudades, a los que hay que sumar los desocupados del campo y los que han dejado de buscar trabajo. Desde que asumió el gobierno De la Rúa hay 350.000 nuevos desocupados. Desde 1998 la proporción de hogares con jefe desocupados se triplicó. Apareció una nueva categoría social: los NENT (no estudia; no trabaja) 931.726 jóvenes de 15 a 24 años están en esta situación. Según el Poder Ejecutivo Nacional1 de cada 100 personas que está en el mercado laboral, 13 están totalmente desocupadas y 12 en forma intermitente; 20 tienen un empleo regular informal (es decir ilegal) y 12 son trabajadores autónomos carentes de seguridad social. Sólo el 40% tiene un empleo estable en blanco. En la propia Capital Federal, según el Ministerio de Trabajo, hay 80 mil desocupados.
Uno de cada tres trabajadores trabaja jornadas superiores a la legal sin recibir –en la mitad de los casos– compensación alguna. Unos 7 millones de argentinos, casi el 20% de la población, vive con 1,30 dólares por día. Según el Ministerio de Desarrollo Social, 455 mil familias ganan menos de 67$ por mes. En el Gran Buenos Aires, en octubre de 1999, casi 673.000 hogares se encontraban por debajo de la línea de pobreza; es decir: unas 3.167.000 personas y, de ellas, 795.000 personas se encuentran en situación de indigencia, es decir que ganan menos de lo necesario para subsistir. Según el Banco Mundial el 43% de los niños argentinos es pobre. La situación es peor en muchas provincias llamadas “pobres”. En la provincia de Corrientes el 74,5% de los niños es pobre. Según el Ministerio de Desarrollo Social, 12 millones de personas que viven en ciudades no tienen ingresos suficientes para comprar una canasta de alimentos y servicios que, en la Capital Federal, es de 490 pesos mensuales. Incluyendo la población rural la pobreza alcanza a 14 millones de personas.
En el país se ha destruido el sistema de seguridad laboral y se producen 4 muertes por accidentes de trabajo por día. 1.760.000 personas mayores de 60 años no tienen trabajo, ni jubilación, ni un subsidio. Miles de jubilados y pensionados cobran $4,80 y $3,40 por día, respectivamente, y tienen sus haberes congelados desde hace 8 años y 10 meses. La legislación laboral conquistada por el movimiento obrero en décadas de lucha fue arrasada.
Miles de campesinos pobres y medios e incluso una capa de campesinos ricos fueron llevados a la quiebra por la política económica de Cavallo y Menem que reforzó el peso de la renta de la tierra en el “costo argentino”, mantuvo tasas de interés usurarias y agobió con impuestos y tarifas elevadas al agro. Ha crecido el cáncer del latifundio. La política menemista como planteó nuestro Octavo Congreso– “ha sido total y desvergonzadamente proterrateniente”. Continuó así la política de la dictadura militar y la del alfonsinismo. El resultado está a la vista. Distintas encuestas privadas dan cuenta de la desaparición de más del 40% de los chacareros en la zona de la pampa húmeda (unos 60 mil productores). En Pergamino, una de las regiones agrícolas más ricas de la Argentina, un censo realizado recientemente por el INDEC, demostró que existe un 25% menos de explotaciones respecto de 1988, año del último censo agropecuario nacional y ha aumentado la concentración de la tierra. Según ese mismo censo del INDEC, en Pergamino, en 1968, había 1605 explotaciones con una superficie promedio de 160 hectáreas y, en este momento, hay 1217 con 230 hectáreas promedio. Según un estudio realizado por la consultora Mora y Araujo, en un muestreo en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, los campos de más de 500 hectáreas (que son los que se consideran grandes explotaciones) representan el 13% del total de unidades de producción, mientras que el 70% de los productores, que tiene menos de 100 hectáreas, trabaja sólo el 28% del total de la tierra cultivada.2 Incluso un elevado porcentaje de los campesinos pobres y medios, al no tener maquinaria ni financiación, ha optado por transformarse en minirentistas, renunciando a su condición de productores, alquilando su chacra o trabajándola con los que se llaman contratistas de servicio. Entre los contratistas, dueños de máquinas agrícolas, se ha enriquecido un puñado y miles se han fundido o sobreviven, como contratistas o changarines, con muchísimas dificultades, trabajando con la familia, alquilando tierra o contratando servicios. El panorama es muchísimo peor en la Patagonia, Cuyo, Norte y en la Mesopotamia. Junto con la modernización aparejada por la siembra directa, la fertilización, el uso de mejores semillas, herbicidas, insecticidas y la introducción de moderna maquinaria, que han aumentado en mucho los rindes, ha crecido la utilización de la mediería y otras formas atrasadas de producción y la explotación de los obreros rurales ha retrocedido a comienzos de siglo, cuando se trabajaba de “estrella a estrella”. Han caído brutalmente los salarios de los obreros rurales. Incluso, como acaba de denunciarse en la zona de quintas de pleno centro de la Provincia de Santa Fe, la explotación de los rurales, en muchos lugares, en especial la de los obreros extranjeros, bordea formas de semiesclavitud. Son muy pocos, en el mejor de los casos algunas decenas, los obreros rurales que se jubilan. Los patrones los contratan en negro y, si les descuentan la jubilación no la pagan. En cuarenta años no hubo cambios en la vida de los puesteros de la Patagonia, o en la de los esquiladores, que todavía duermen al sereno, cubiertos con una lona, como entonces. Al lado del latifundio, que reina soberano en todo el país, decenas de miles de campesinos pobres se aferran a un pedacito de tierra, o trabajan y crían hacienda en las banquinas o pedazos de tierra ocupada. Desde los 80 se duplicó la producción de leche. Pero, de más de 40 mil tambos, que había entonces, hoy no llegan a 20 mil. La deuda agropecuaria se elevó en un 145% en 4 años. Sólo el Banco Nación tiene más de 12 millones de hectáreas hipotecadas a su favor por productores agropecuarios. Se ha producido un proceso de extranjerización de la propiedad de la tierra por el que centenares de miles de hectáreas han pasado a manos de sociedades anónimas y propietarios extranjeros. El resultado de la llamada “modernización” menemista, como subrayó nuestro Octavo Congreso, ha sido reaccionario y no progresista, porque ha sido en beneficio de los imperialistas y los viejos y nuevos terratenientes.
Las empresas estatales fueron privatizadas. Fueron en realidad regaladas, entregadas por precios inicuos, pagados, muchas veces, con bonos de la deuda externa subvaluados hasta a un 15% de su valor, garantizándole a los monopolios –principalmente extranjeros– grandes privilegios y un mercado cautivo. Algunas de ellas fueron vaciadas por los compradores, como sucedió con Aerolíneas Argentinas. Se extranjerizó la economía nacional. Según el INDEC, de 500 empresas responsables del 40% del valor total de la producción del país y el 65% de las exportaciones, entre 1993 y 1997, casi el 60% son de capital extranjero, siendo que 6 años antes llegaban al 44%. Ramas enteras de la producción industrial: textiles, calzado, juguetes, industria de máquinas herramientas y la de maquinaria agrícola, autopartes, entre otras, están al borde de desaparecer. Se retrocedió en la industria atómica, en la aeronáutica, en la naval, en la investigación y construcción de satélites, etc.
El menemismo empujó a fondo la política de estimular a la escuela y a la universidad privadas y el arancelamiento y la reducción de la escuela y la universidad públicas para hacerlas funcionales a los cambios reaccionarios que se produjeron en la economía a favor de los monopolios. Para eso se desestructuró la educación pública con la creación de la Escuela General Básica de 9 años, la transformación de la escuela media en Polimodal (bachilleratos de 3 años) y la liquidación de la escuela técnica. A eso apuntan la Ley Federal de Educación y la Ley de Enseñanza Superior. Se transfirieron, a los municipios y provincias, escuelas y colegios sin las correspondientes partidas presupuestarias. Se propuso también terminar con el hospital público, cuando hay un empeoramiento alarmante de las condiciones de salud del pueblo. Esta política tiene consecuencias profundas en la distribución de la renta, porque los servicios públicos tienen la función de distribuir algunos bienes esenciales, como la educación y la protección de la salud, entre todos los ciudadanos, con independencia de la riqueza de cada uno. Su transferencia al sector privado implica una distribución según la riqueza de cada uno, lo que profundiza la desigualdad social. Se aprobó por decreto la des regulación total de las obras sociales.
Reducida la coparticipación federal (del 55% que estableció la Ley 23.548 a un 34%) por diversos mecanismos, algunos de ellos directamente tramposos, como el 15% que se sustrajo para el sistema jubilatorio y se utilizó para Rentas Generales y las AFJP privadas, se asfixió a las autonomías provinciales que, sin autonomía económica, tienen una existencia formal y no real.
La era alfonsinista fue la que llevó al país a la hiperinflación. La era menemista llevó a la Argentina al hiperendeudamiento. En este período hasta las plazas públicas de las grandes ciudades se refaccionaron con deuda externa. Esta llega a más de 140 mil millones de dólares. Ha sido el coronamiento de un largo proceso que comenzó con la dictadura militar, cuando Sigaut y Cavallo garantizaron el pago de la deuda externa de los monopolios privados con el seguro de cambio e iniciaron el proceso de estatización de la deuda privada. Proceso en el que jugaron un papel siniestro personajes como José Luis Machinea, quien siendo gerente del Banco Central, en la dictadura militar, avaló el endeudamiento de YPF por 6 mil millones de dólares que fueron utilizados por Rentas Generales y, ya como presidente del Banco Central, con Alfonsín, completó el proceso de estatización de la deuda privada comenzado por Sigaut y Cavallo. Una gran parte de la deuda externa es tramposa. El Plan Brady, negociado por la dupla Menem-Cavallo, una de las más grandes estafas de la historia nacional, valorizó al 100%, miles de millones de dólares de papeles sin valor. Luego, Menem, en 1997, reconoció deuda no institucionalizada (es decir: no comprobada) por 50 mil millones de dólares. Se basó para esto en la documentación que presentó la banca extranjera, muchas veces de créditos supuestamente dados a empresas que son filiales, en el país, de esos propios bancos, sin que esos documentos estuviesen comprobados con documentación del Banco Central.
La corrupción en todos los escalones del aparato estatal fue producto y condición de esta política. Centenares de millones de dólares de coimas hicieron posible esa política de entrega nacional.En 1994 el menemismo implantó un sistema de jubilaciones y pensiones –acordado con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial– que ha sido un mecanismo gigantesco de saqueo de los aportes previsionales y recursos fiscales jubilatorios, un sistema básico de endeudamiento del Estado destinado a provocar una gran transferencia de fondos hacia la elite financiera local y extranjera instalada en el país, reducir el llamado “costo laboral” y fabricar una gigantesca deuda pública externa. Este año el déficit previsional será de 11 mil millones de dólares, sobre un presupuesto nacional de poco más de 48 mil millones.
El menemismo facilitó la creciente penetración cultural imperialista, en particular la yanqui.
Menem indultó a los genocidas de la dictadura, impulsó la represión a las luchas populares con hechos como los que provocaron el asesinato de Teresa Rodríguez y Víctor Choque, encarceló a Raúl Castells y otros presos políticos, e impulsó el enjuiciamiento de más de 2.500 luchadores populares y avanzó en la mercenarización de las Fuerzas Armadas.
Se pueden resumir las consecuencias de la política menemista diciendo que reforzó extraordinariamente el cepo estructural que asfixia a la economía argentina, cepo constituido por la dependencia al imperialismo y el latifundio.
••••••••••••
A partir del Santiagueñazo, el 16 de diciembre de 1993, se inició un período de auge del movimiento obrero y popular. Este tuvo como antecedentes el Jujeñazo que derrocó a De Aparici y las grandes manifestaciones populares en Catamarca por el asesinato de María Soledad.
Desde entonces, en un proceso en espiral, con momentos de grandes picos y otros de calma relativa, el auge de masas, atizado por la crisis económica y social y motorizado por la actividad conciente de nuestro Partido y otras fuerzas combativas y revolucionarias, se profundizó y se extendió a todo el país y al conjunto de las clases y capas sociales afectadas por la política menemista. Se produjeron grandes puebladas. Hubo paros nacionales llamados por la CGT y, por primera vez en décadas, paros nacionales al margen de ella. Se realizaron dos Marchas Federales con enorme repercusión pública, innumerables cortes de ruta, marchas, ocupaciones de fábrica y edificios gubernamentales. Todo esto desenmascaró y desgastó al menemismo, y fue decisivo para frustrar muchos de sus planes e impidió la maniobra de la re-reelección de Menem. La primera Marcha Federal permitió el surgimiento de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y ésta fue el motor de la coordinación de las fuerzas del movimiento obrero que enfrentaban al ajuste menemista a través de una Mesa de Enlace con la CCC, la CTA y el MTA, y de su unidad con la Federación Universitaria Argentina, la Federación Agraria Argentina y organizaciones populares opositoras, políticas y sociales, lo que permitió profundizar la lucha contra la política menemista.
La correcta caracterización de la crisis internacional y las repercusiones que tendría en la economía y la política argentinas, la transformación de la lucha contra el hambre en la principal reivindicación de millones, y el papel de los trabajadores desocupados como detonante de las grandes puebladas que se comenzaron a generalizar, permitieron al Partido lanzar la consigna de “un argentinazo para imponer otro gobierno y otra política” y jugar un papel muy importante en la lucha de todo ese período. Las grandes puebladas y manifestaciones de abril a agosto de 1997, asustaron a las clases dominantes y aceleraron la constitución de la Alianza. Esta presionó para que se levantase el paro del 14 de agosto de 1997, logrando que la CTA y el MTA mantuvieran el paro pero levantando los cortes de ruta. Pese a lo cual la CCC, el Partido y diferentes fuerzas de izquierda realizaron ese día más de 100 cortes en todo el país.
Pero, la debilidad de las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas permitió a las clases dominantes y a las fuerzas reformistas impulsar la salida electoral para impedir que el combate popular desembocase en un argentinazo que terminase con el gobierno menemista, impusiese un gobierno de unidad popular y abriese un cauce revolucionario en el país. Esas fuerzas reformistas fueron estimuladas por sectores terratenientes e imperialistas que acuerdan con lo esencial de la política menemista, pero forcejean con los yanquis defendiendo intereses propios. A través de un frente electoral amplio, la Alianza, que unió al Frepaso y a la Unión Cívica Radical, con un programa que garantizó la continuidad de lo esencial de la política menemista y un candidato potable para los imperialistas y los terratenientes, lograron desviar el combate popular hacia una salida reformista, electoral. Así, el 24/10/99, la Alianza triunfó en las elecciones nacionales con la fórmula De la Rúa– Chacho Álvarez.
Con el triunfo de la Alianza se ha producido un cambio político importante. No porque la Alianza vaya a introducir grandes modificaciones en la dirección principal de la política menemista (privatizaciones, desregulaciones, política proterrateniente, subordinación al Fondo Monetario Internacional, política de libertad de mercado, represión al movimiento obrero y popular, etc.). Pero sí porque al predominar en ella fuerzas que intentan, sin cambiar el rumbo principal de la política menemista, forcejear con los yanquis para defender intereses y espacios de otros imperialismos, en una situación complicada para los EE.UU. en América del Sur, se agudizarán las contradicciones interimperialistas. Y porque el gobierno de la Alianza es un gobierno débil, que necesita de pactos y acuerdos múltiples para sostenerse, lo que crea contradicciones posibles de utilizar por las fuerzas populares y revolucionarias, en tanto en éstas predomine una política amplia pero independiente.
