El 11 de octubre pasado, el gobierno de Israel aprobó una enmienda siniestra a la ley de ciudadanía. Ahora, los nuevos ciudadanos no judíos deben jurar fidelidad a Israel “como Estado democrático y judío”.
Según el diputado del derechista Likud (el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu) “no basta jurar fidelidad a Israel: es preciso jurarla también a su carácter judío”.
El 11 de octubre pasado, el gobierno de Israel aprobó una enmienda siniestra a la ley de ciudadanía. Ahora, los nuevos ciudadanos no judíos deben jurar fidelidad a Israel “como Estado democrático y judío”.
Según el diputado del derechista Likud (el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu) “no basta jurar fidelidad a Israel: es preciso jurarla también a su carácter judío”.
Sucede que el 20% (uno de cada cinco) israelíes es de origen árabe. Pero desde ahora, a quien no jure ese engendro no le serán reconocidos sus derechos de ciudadanía.
Ley antipalestina
La enmienda racista va claramente dirigida contra la población palestina de Israel: prácticamente la mitad de los nuevos ciudadanos que se asientan cada año en territorio israelí son palestinos. Como la ley excluye de la obligación del juramento a los judíos que provienen de Europa, Rusia u otros lugares de la “diáspora” –quienes adquieren la ciudadanía israelí en virtud de la llamada “ley del retorno”–, los opositores a la nueva norma denunciaron que en los hechos se crea una categoría de “ciudadanos de segunda clase”.
Frente a esto el primer ministro Netanyahu defendió la nueva exigencia: “Este principio es la esencia del sionismo… Esta es la particularidad de Israel: ser la casa nacional del pueblo judío”.
Cómo será de discriminatoria la nueva ley, que no sólo se manifestaron en contra los 5 ministros laboristas y hasta 3 del propio reaccionario partido Likud de Netanyahu, sino que el ministro de Asuntos Sociales del mismo gobierno afirmó que la ley “bordea el fascismo”.
No en nuestro nombre
Desde luego, la enmienda discriminatoria y fascista mereció el repudio de amplios sectores democráticos del pueblo israelí. “No queremos ser ciudadanos de un Estado que violenta la conciencia individual –expresó la escritora Sefi Rachlevsky, integrante de un grupo de intelectuales y artistas que el mismo día de la aprobación manifestó frente a la casa de Ben Gurion, fundador y primer jefe del Estado–; castigar las opiniones distintas de las de la mayoría traiciona los principios fundacionales de hace 62 años”.
Según la Declaración de Independencia que en 1948 dio origen a Israel –hasta entonces “mandato” británico–, el Estado de Israel aseguraría “completa igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus habitantes sin distinción de religión raza y género”, garantizando “libertad de religión, de conciencia, de lengua…”. Llamamos… –puntualizaba aquella Declaración– a los ciudadanos árabes del Estado de Israel a que mantengan la paz y participen en la construcción del Estado sobre la base de la plena e igual ciudadanía y de la representación adecuada en todas sus instituciones provisionales y permanentes…”.
Convertido a poco andar el nuevo Estado en aliado y gendarme regional del imperialismo yanqui, esos principios nunca se llevarían a la práctica. Washington pronto hizo del Estado de Israel un ariete de la estrategia norteamericana contra la lucha de los pueblos árabes por su liberación nacional, y una especie de “portaaviones” de los yanquis para la “guerra fría” con la Unión Soviética, especialmente tras la conversión de ésta en una superpotencia imperialista.
Protestando de boca para afuera, todos los gobiernos norteamericanos –incluido el de Obama– hicieron la vista gorda a las pro- vocaciones y avances israelíes sobre tierras y casas de la población palestina. Ahora, la aprobación de la enmienda –desempolvada después de tres años de su presentación en el Parlamento– parece ser una concesión del Likud de Netanyahu a su fundamentalista y ultrarreaccionario aliado Liberman en relación al debate sobre el potencial congelamiento de la instalación de nuevas colonias.
