La Cámarade Casación anuló la citación a juicio oral del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y del empresario Claudio Cirigliano en la causa que investiga si el funcionario recibió dádivas durante su función. El fallo demora los plazos del proceso y el caso corre riesgo de quedar prescripto.
La Cámarade Casación anuló la citación a juicio oral del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y del empresario Claudio Cirigliano en la causa que investiga si el funcionario recibió dádivas durante su función. El fallo demora los plazos del proceso y el caso corre riesgo de quedar prescripto.
En su fallo del miércoles 31 de julio, la Cámara de Casación (integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Horno), por dos votos a uno, señaló que la defensa de Jaime consideró "nula" la citación a juicio "pues se encontraba en trámite la recusación [formulada por los imputados] contra el juez Ercolini, razón por la cual el juez no podía tomar decisiones".
En minoría, el juez Juan Carlos Geminiani respaldó la actuación de Ercolini. Sostuvo que ante una recusación el Código Procesal manda al juez seguir entendiendo en la causa, a pesar de haber sido cuestionado. Dice que "debe seguir la investigación aun durante el trámite del incidente" de recusación. Es más: "Está obligado a ello y constituye una obligación del Estado".
Otra de cal
En tanto, el 1 de agosto, el caso en que se investiga el desvío de fondos públicos entregados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales y otras maniobras de lavado de dinero volvió prácticamente a foja cero, después de dos años de proceso en los que hubo varias detenciones y resonantes allanamientos.
Así lo decidieron los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, que apartaron al juez federal Norberto Oyarbide del caso con duras críticas a su desempeño y anularon las declaraciones indagatorias de los 66 acusados, incluidas las de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y la de María Alejandra Bonafini, hija de la presidenta de la Fundación, Hebe de Bonafini. Anularon además los 44 procesamientos que había dispuesto Oyarbide.
Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah decidieron, asimismo, que el caso de las viviendas de las Madres debe juntarse con otro que está en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, paralizado desde hace dos años y en el que, supuestamente, se investiga a los funcionarios que entregaron los fondos para hacer viviendas sin los controles adecuados. La decisión implicaría también un cambio de fiscal: Jorge Di Lello dejaría el caso y lo continuaría Miguel Ángel Osorio, cercano al gobierno.
El fallo también anula los millonarios embargos sobre los bienes de los acusados, lo que implica que en caso de ser hallados culpables no se les podrá reclamar el dinero.
La razón esgrimida por la Cámara Federal para dar este golpe al caso Schoklender es la "falta de racionalidad" con la que Oyarbide llevó la investigación al no darle "una dirección lógica". El juez ni siquiera precisó a los acusados los hechos específicos por los cuales se los acusaba para que pudieran defenderse. Calificaron su investigación de "defectuosa", "imprecisa" y "confusa", y dijeron que "la verdad permanece oculta".
Los camaristas Ballestero y Farah le dieron al juez Martínez de Giorgi, que tendrá ahora el caso, una orientación sobre cómo seguir la causa: le señalaron que debe volver a citar a indagatoria a todos los acusados sobre los que tenga elementos precisos, pero debe centrarse en buscar la ruta del dinero. Además, debe focalizarse en rastrear los fondos públicos desde que salieron de las arcas del Estado, determinar cuánto dinero fue a Madres para cada obra, comprobar el avance de cada una de ellas y si eran fondos públicos o no. También deberá analizar los contratos de la fundación con cada provincia o municipio y determinar si se cumplieron esos convenios y en qué medida.
Una de arena
En un fallo dictado el mismo día en que anularon casi todo el caso Schoklender, los propios jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah confirmaron el rechazo de un recurso que había intentado Boudou para ser sobreseído en el caso de la ex Ciccone. Pero retaron con inusual dureza al fiscal Jorge Di Lello y apuraron al juez Lijo para que decida si lo indaga o lo procesa. A Di Lello le dijeron que su respuesta parecía una fórmula elusiva y señalaron que no se trataba de mostrar "habilidad para superar una contrariedad", sino de "dictar justicia". Y a Lijo le indicaron ahondar la investigación por el "trámite dilatado" que registra el caso, por el derecho de toda persona a librarse del estado de sospecha. El Tribunal afirmó que se debe señalar la culpa de los que defraudaron al Estado o despejar las dudas "para restablecer el honor del que deben estar investidos los gobernantes".
