En el mes de abril, la situación habitacional de muchas familias estalló en Santa Fe. Unas 90 familias pertenecientes a la CCC avanzaron en la toma de un plan de viviendas a medio terminar en el barrio Santa Rita II que se encontraba abandonado desde hace 8 años. A esa situación, se acoplaron otras familias que vivían hacinadas en ranchos de los alrededores, sumando un total de 180 viviendas ocupadas.
En el mes de abril, la situación habitacional de muchas familias estalló en Santa Fe. Unas 90 familias pertenecientes a la CCC avanzaron en la toma de un plan de viviendas a medio terminar en el barrio Santa Rita II que se encontraba abandonado desde hace 8 años. A esa situación, se acoplaron otras familias que vivían hacinadas en ranchos de los alrededores, sumando un total de 180 viviendas ocupadas.
Al otro día de la toma, la relación con el gobierno avanzó en firmar un acta acuerdo, en el cual la directora provincial de vivienda confirma el otorgamiento de 180 lotes aledaños al barrio y los materiales para la construcción de viviendas básicas, garantiza la permanencia de las familias en las viviendas tomadas con un posterior desalojo progresivo. Pero las amenazas y presiones comenzaron una semana después, cuando, por orden directa del gobernador Bonfatti se decide romper el acuerdo, judicializar a cinco miembros de la CCC y abrir una causa por delito de usurpación. A su vez, se toman medidas extorsivas hacia la CCC, como la quita de los 246 puestos de trabajo que funcionaban a través de cooperativas de higiene y limpieza, comedores, costurero y talleres de capacitación de los jóvenes. Desaparece la ayuda alimentaria y las 40 tarjetas de ciudadanía. Todo como castigo y presión para desalojar el barrio.
Frente a esto, la CCC mantuvo un acampe de más de 23 días en el Ministerio de Desarrollo de la Provincia donde se pudo recuperar dos meses de cooperativas y la ayuda alimentaria. Pero de ahí en más, sólo fueron puras promesas. La semana pasada, funcionarios del gobierno advirtieron sólo la entrega de 15 cooperativas de las 46 que se tenían. Sumado a esto, un relevamiento realizado por organismos oficiales reveló que el 98% de esas familias se encontraban en situación de calle.
Desalojo a punta de pistola
En el medio de esta situación, hace algunos días una compañera del movimiento recibe un tiro en la pierna, en un supuesto conflicto familiar, que desata toda una situación de caos en el barrio en donde se montan bandas impulsadas por el gobierno con una clara complicidad policial. A punta de pistola y en medio de una balacera, desalojan a 12 familias, todas miembros de la CCC.
Conversando con Leo, un compañero de la JCCC, nos contaba: “Hubo zona liberada, las bandas actuaban con presencia policial. Le daban custodia a las familias para irse pero no sacaban a la banda. Cuando se van las familias la municipalidad instantáneamente tapiala las viviendas y sale públicamente a decir que habían “abandonado” las viviendas. El mismo día, el juez de la Cámara de Apelación que estaba a cargo de la causa por delito de usurpación reafirma el fallo y apela el desalojo y el procesamiento de los 5 compañeros.”
Sin cooperativas, y ningún recurso económico que les permita alquilar, hace más de una semana que esas familias se encuentran acampando frente al Ministerio de Desarrollo social. La única respuesta del gobierno hasta el momento fue: “te metiste al barrio y ahora pedís que te cuide, bancatela”. A su vez, Leo agrega “ellos mismos sostuvieron que hay una clara decisión desde arriba de romper con el diálogo, nos tienen de blanco porque le hemos destapado todos los conflictos sociales. Con cada movilización que hacemos denunciamos la falta de vivienda y de trabajo, venimos de tomas en Reconquista, Gálvez, Rosario… Son necesidades objetivas de la gente y que la gente siga ahí tomando las viviendas lo han generado ellos ya que desde hace cinco años su gestión no ha hecho un solo plan de vivienda, en cinco años de bonanza económica en la provincia”.
A la espera de que el gobierno se haga cargo de la situación de calle de estas familias y denunciando lo ocurrido, se decidió junto al resto de las familias permanecer en el barrio y mantenerse en estado de alerta frente a las acciones que pueda llevar a cabo el gobierno provincial y municipal. Evidentemente las promesas de vivienda del gobierno no existen y su política terminó siendo la de criminalizar la protesta y ocultar el verdadero problema habitacional de la población santafesina.
Los vecinos exigen:
No a las patotas armadas en el Barrio Santa Rita II. Seguridad para las familias que habitan allí. Esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 7 y 8 de agosto cuando se desalojan a las familias con patotas y zona liberada con presencia policial.
Solución habitacional para las 12 familias desalojadas a punta de pistola y que se encuentran en situación de calle.
No a la criminalización de la protesta. Justicia por los cinco compañeros de la CCC judicializados.
Reactivación de las cooperativas de trabajo, las tarjetas de ciudadanía y ayuda alimentaria.
Tierra, trabajo y vivienda para apalear la situación de pobreza de las familias santafesinas.
