La explosión sanitaria que hoy atravesamos en el marco de la pandemia por Covid-19, no es casual ni producto del azar: tiene su origen en el desguace del sistema público de salud, que comienza en los ‘90 y que se agravó exponencialmente a partir de la puesta en marcha del Plan Estratégico de Salud que llevó adelante el Ministro de Salud Gustavo Bouhid durante los últimos cuatro años.
Luego de que integrantes de la comitiva oficial del Gobierno cruzaran a Bolivia con el fin de traficar coca dentro de nuestro territorio, causando el inicio del terrible brote de contagios que hoy atravesamos, Gerardo Morales priorizó el negocio de sus socios a costa de la salud pública, y tras liberar la circulación y las actividades económicas usando el discurso de una falsa cuarentena, desató una profunda crisis sanitaria que ya se manifiesta en todos los sectores de “la primera línea” de combate al Covid-19, y se extiende a otras áreas, como la del transporte.
Actualmente, en la provincia de Jujuy, el personal de la salud muestra un justificado miedo ante la desprotección a la que el gobierno somete al sector: día a día, compañeros y compañeras nos dicen que están desbordados, y a la vista están las cifras de cómo los contagios provinciales son superiores a la media nacional en ese aspecto (superior al 20% en Jujuy, mientras la media nacional es del 7,5%), al igual que crecen los casos (y empiezan a lamentarse las pérdidas) entre el personal de la primera línea.
¿Por qué se desborda la situación? Porque no hay rotación de personal debido a la falta crónica de recursos humanos en el sistema de salud, porque no hubo provisión en tiempo y forma, calidad y cantidad de EPP, y además porque no hay suficientes testeos, no se aísla en forma correcta y porque no se aplican los protocolos, todo lo cual evidencia además la improvisación que caracteriza al gobierno en el abordaje de la pandemia.
El cuidado de la salud no es solo, ni principalmente, una responsabilidad individual, ese discurso del gobierno nos deja librados “al sálvese quien pueda”, la salud es un derecho humano que deben garantizar Estados y gobiernos. Por esa razón, la responsabilidad principal de los contagios no es de la gente: es del gobierno provincial y la inoperancia de COE, que hoy deja familias enteras, infectadas y en el abandono, como sucede en Ledesma.
En este contexto, Jujuy enfrenta un obstáculo enorme para su desarrollo, debido a la millonaria deuda impagable que adquirió este gobierno. El abismo económico nos mira a los ojos, y Gerardo Morales no puede dar ni siquiera mínimas explicaciones claras de cómo invirtió (o fugó) todos los fondos públicos recibidos durante los últimos años y durante la pandemia, porque claramente, no se ven reflejados en salarios, salud, infraestructura o educación.
Más allá de los fantásticos megaproyectos promocionados con bombos y platillos, lo real es que Jujuy arrastra una deuda de 75.083 millones de pesos (según cifras oficiales del Ministerio de Hacienda en informe de Junio 2020): una suma inalcanzable para nuestro PBG con la actual matriz productiva.
El hambre creciente, en los barrios y las capas medias endeudadas, profundiza la grave crisis social, de género, de nuestros pueblos originarios y la juventud, que siguen poniendo la sangre para traccionar los engranajes de una maquinaria que funciona, claramente, a contramano de los Derechos Humanos básicos que siguen insatisfechos: en Jujuy, la opresión no se toma cuarentena, y eso queda más que claro si se analiza el creciente índice de casos en “la industria grande” local: la minería y el complejo del azúcar continúan funcionando con normalidad, a pesar de los reiterados reclamos y denuncias de casos positivos de sus trabajadores y entidades gremiales.
Así mismo, siguen siendo las organizaciones sociales y sus jornadas de lucha, con sus instancias y mesas de coordinación autónomas, las que muestran un camino posible, dejando a la vista el enorme valor que posee lo comunitario como sostén de la salud pública y la contención social, y que es necesario profundizar la vía del protagonismo de las masas.
Ante las crisis profundas como las que estamos viviendo, la historia nos deja una única y clara enseñanza: sólo lo colectivo nos salva. No hay posibilidad de superación de las problemáticas actuales, si se abordan los conflictos desde una matriz ideológica autoritaria, excluyente y que pone las responsabilidades individuales al timón de las necesidades sociales. Esos enfoques liberales, encubiertos en falsos discursos que enmascaran la realidad, no pueden ocultar el sol tras un dedo: aunque pasaron más de 140 días mintiéndonos a diario por cadena provincial, el fracaso de sus políticas es innegable.
El Gobierno de la provincia hoy enfrenta un callejón sin salida, y nos conduce a un fracaso seguro, de seguir por esta vía. Sin afrontar los errores cometidos, haciendo una profunda autocrítica de lo actuado por el COE hasta el momento y apuntalando hacia la responsabilidad social y el compromiso colectivo, y si no se toman decisiones políticas en favor de las grandes mayorías, estarán dejando el futuro de la provincia, y de nuestras vidas, en manos de la suerte.
Mientras la salud mental comunitaria se sostiene como puede, las entidades gremiales, las organizaciones sociales, colectivos de militancia, ONG, etc., seguimos preparándonos para lo que vendrá, porque ante la falta de cumplimiento de lo prometido, por abajo el fuego crece, fortaleciéndose la unidad de sectores en lucha, para que no sea el pueblo quien siga pagando esta crisis.
Nacionalmente, el rumbo inicial de priorizar la lucha contra la pandemia fue el correcto, y las medidas de asistencia tomadas fueron acertadas, pero en muchos casos resultaron insuficientes o simplemente, no llegaron nunca.
El cambio que evidencia el acto del 9 de Julio, con la presencia destacada en el escenario de los sectores más reaccionarios y claramente identificados como enemigos de nuestro pueblo, el retroceso ante la intervención y expropiación de Vicentin, la demora inexplicable del tratamiento al Impuesto a la Grandes Fortunas, la continuación de la especulación financiera y la indigna negociación de la deuda externa sin siquiera investigarla, son señales contrarias al programa que cohesionó a más de 16 partidos en el Frente de Todxs, y que permitió el desplazamiento electoral de Cambiemos.
Creemos que Alberto Fernández se equivoca, y vemos con preocupación la situación económica a la que nos ha llevado la pandemia y las decisiones (o indecisiones) del gobierno.
Se hizo campaña electoral para terminar con el nefasto gobierno de Macri con la frase: «entre los bancos, las Leliq y los jubilados, me quedo con los jubilados». Sin embargo, el Gobierno emitió mucho dinero, el 30 % fue a la circulación asistiendo el consumo de sectores populares y a empresas, mientras que el 70% se destinó a esterilizar la emisión de moneda, para ello en estos momentos se paga a los Bancos intereses por 950 millones de dólares mensuales, el capital financiero interno y externo aplaude entusiasmado.
Estamos a más de siete meses de iniciado este gobierno, y si bien la pandemia puso en primer lugar la necesidad de atender la crisis de los sectores populares a los que afecta fuertemente la cuarentena, y creemos que la salud como prioridad sigue siendo correcta, emitiendo desde el Banco Central el dinero que haga falta para asistir al pueblo y a las Pymes, no compartimos que esa asistencia vaya por igual a los monopolios capitalistas ni a la Sociedad Rural.
La opción alternativa es cortar de un solo tajo la especulación financiera (la «timba») nacionalizando los depósitos bancarios, que como dijimos desde el PTP y el PCR en nuestra propuesta de marzo pasado, lo que no significa la expropiación de ningún depósito sino su intangibilidad: el Banco Central debe ser el único administrador del destino de esos depósitos que hoy monopolizan los Bancos, porque está vigente la Ley de Entidades Financieras de la dictadura. Lo hizo el General Perón en 1946, y es decisivo hacerlo ahora, como política patriótica y anti monopólica sobre el capital financiero.
Al mismo tiempo, urge la necesidad de nacionalizar el comercio exterior y la recreación de la Junta Nacional de Granos, que es el instrumento más adecuado para sacarle a los monopolios el comercio exterior, y por lo tanto, el control del negocio y de las divisas. Esta medida empalma con el intento de intervenir y expropiar a Vicentin, que son autores de un gigantesco vaciamiento y estafa. Es un grave retroceso que el Presidente considere que tal propuesta fue una equivocación, y haya emitido en DNU para derogar lo poco que se había actuado en ese sentido. También atenta contra nuestra soberanía alimentaria el posible acuerdo con China para la producción de cerdos, afectando los intereses de miles de nuestros chacareros.
Un giro en el rumbo económico de estos grandes temas favorecería al pueblo para ponerle freno a la recomposición de la derecha desplazada por el triunfo del Frente de Todxs, que no pierde oportunidad para recomponer su poder, montándose en las vacilaciones y falencias reales del propio Gobierno.
Es preocupante la «sintonía fina» que se evidencia entre las decisiones y políticas que aplican tanto Gerardo Morales como Alberto Fernández, y en Jujuy, como todo el país, la única forma de que no seamos los sectores populares, otra vez, sobre quienes siga recayendo todo el peso de las graves falencias políticas que atravesamos, urge tocar los intereses de las grandes empresas y terratenientes, mediante legislaciones tributarias especiales focalizadas en esos sectores, para inmediatamente volcar esos recursos a la lucha contra la pandemia y asistir a los sectores populares.
El camino es por abajo, con más inclusión social y generación de fuentes de trabajo productivo genuino, priorizando el desarrollo nacional independiente: sólo así es posible vislumbrar salidas al abismo que enfrentamos, porque como lo demuestra la historia, sólo el pueblo, a través de sus organizaciones libres, salva al pueblo.
Partido Comunista Revolucionario y Partido del Trabajo y Del Pueblo de Jujuy
Agosto 2020
Hoy N° 1826 05/08/2020
