Violando toda norma, haciendo todo lo posible para evitar que una menor de 12 años -quien fue violada meses atrás por un adulto de 60 años-, exigiera lo que establece el Protocolo de salud sexual, y proceder con la Interrupción Legal del Embarazo. El hospital y el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, bajo presiones de salvar “las dos vidas”, impusieron el nacimiento por cesárea del feto.
La abogada Mariana Vargas cuenta que “La nena llega al hospital con el embarazo. La madre y la niña pidieron que se aplique el protocolo, pero en el hospital la madre empieza a encontrar obstáculos, por eso empieza salir a los medios ese viernes, para que se haga respetar el pedido.
“A partir de ahí, empieza a hacerse conocido el caso. El lunes le hacen la ecografía, plantean que tiene 23 semanas y media de gestación. Sin embargo, en vez de resolver sin demorar, a los fines de que se eviten discusiones en relación a la viabilidad del feto, empiezan a demorar para obstaculizar este derecho. Así llegamos a una derivación a la Maternidad, donde ocurre lo mismo, y allí se le ofrece una cesárea. La mamá y la niña consienten esto -más allá de los condicionantes que podamos ver- y se sigue postergando esta intervención, con el objeto de que madure el feto. Por lo tanto, en lugar de tener una Interrupción Legal del embarazo, lo que tenemos es el adelantamiento del parto por vía cesárea”.
El ministro de salud Gustavo Bouhid salió a los medios a decir vamos a tratar de salvar el feto. “El propio ministro le fue a decir a la mamá que prosiga la niña con el embarazo de esta forma, a fin de salvar la otra vida. Esto también fue sostenido por el gobernador Gerardo Morales: primero, planteando que se iba a cumplir con el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, según lo plantea el Código Penal. Sin embargo, en los hechos lo que se dio fue el apresuramiento de un parto”, denuncia Vargas.
Y agrega: “A esto se ha opuesto el movimiento de mujeres porque se entiende que no puede ser esta la opción que se plantee, y que en realidad a la niña se le negaron los derechos porque se ha pedido de manera formal. Le hicieron firmar el consentimiento en el hospital de San Pedro, y sin embargo todo estuvo encaminado a seguir torturando a la niña con cada una de las órdenes que recibía. Sabemos que la niña no fue forzada a aceptar esto, la mamá dijo que lo aceptó. El tema es que no es la política pública de salud que queremos en Jujuy en relación a los casos de violación. La política pública que queremos no es que las niñas sean madres.
Mentiras del gobierno
La abogada, además, duda de la información del ministro de Salud. “No le creemos lo que dijo que pesaba 700 gramos, no nos dan los tiempos para que esto sea posible. Porque sabemos que el abuso fue en el mes de agosto”. Al mismo tiempo que denuncia a “los organismos de protección y de promoción de derechos que tendrían que haber velado para que esta niña no fuera madre”.
“Entiendo que sigue la batalla, el movimiento de mujeres de Jujuy tiene muy claro que hay cosas que no se pueden tolerar. Y creo que hemos aprendido en toda la Argentina que una hora de demora es la posibilidad de que avancen los antiderechos y que conviertan a nuestras niñas en madres.
“Hoy nos atraviesa una discusión a nivel nacional, que es: cesárea no es ILE. Y hay que ver cómo sigue esta lucha, porque yo creo que va a haber un ocultamiento por parte del gobierno de la suerte de este bebé. Está planteada la causa por violación, y esperamos lograr la condena en este caso. Siguen los debates, y sigue la lucha en toda Jujuy en torno a que exista un protocolo para que ninguna niña, ninguna mujer no tengan un solo minuto de demora cuando piden el ejercicio de estos derechos”, finalizó Vargas.
Comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
El gobierno de Jujuy miente
En un comunicado de prensa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y gratuito, firmado por numerosas organizaciones sociales, redes de mujeres, denuncian que la niña “fue usada como incubadora al retrasar, intencionalmente, la interrupción de embarazo, que le correspondía por ley y que fuera explícitamente solicitada, por ella y por su madre, desde el primer momento que tuvieron noticia de la situación”.
La medida, según denuncian las compañeras es “una clara violación a lo establecido en el artículo 86 del código penal y lo regulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo FAL, los directivos intervinientes incumplieron con sus deberes de funcionarixs públicxs, ejercieron abuso de autoridad, violencia institucional y tortura, al demorar, deliberadamente, la aplicación de las prácticas previstas, obligando, a la niña gestante, a continuar con su embarazo y atravesar por un parto quirúrgico, revictimizándola”.
Y agrega que “La negación del servicio y las dilaciones se tipifican como delitos de tortura”.
Las organizaciones firmantes denuncian al Gobernador Morales, al Ministro de Salud, Gustavo Bohuid, al director del Hospital Paterson, Marcelo Villa y al jefe del Servicio de Toco Ginecología, Daniel Rocha, del mismo hospital; a la Directora del Hospital Materno Infantil Alice Vargas y al jefe de Servicio de Maternidad Provincial Gustavo Briones por incumplimiento de los protocolos que pretenden “retroceder en los derechos garantizados por la normativa vigente, a través de la manipulación y la tergiversación de la información que vertieron a través de algunos medios de comunicación.
Denuncia el comunicado: “Los embarazos de las niñas violadas son casos especialmente complejos ya que, en general, su embarazo se detecta tardíamente. Lo peligroso de la situación vivida en Jujuy es que, desde los sectores anti derechos y sus representantes en el gobierno, pretendan sentar el precedente de usar los cuerpos de las personas gestantes como incubadoras”.
Hoy N° 1751 23/01/2019
