El Bloque de diputados de la UCR, a través de una iniciativa de Pablo Baca, presentó un proyecto de ley para que se declare el estado de emergencia provincial por los altos índices de delitos contra la integridad sexual. El proyecto fue motorizado por la Multisectorial de la Mujer y las casas de la mujer María Conti de San Pedro de Jujuy y El Carmen, que desde el año 2007 vienen demandando la adopción de medidas por el aumento de este tipo de delitos.
El Bloque de diputados de la UCR, a través de una iniciativa de Pablo Baca, presentó un proyecto de ley para que se declare el estado de emergencia provincial por los altos índices de delitos contra la integridad sexual. El proyecto fue motorizado por la Multisectorial de la Mujer y las casas de la mujer María Conti de San Pedro de Jujuy y El Carmen, que desde el año 2007 vienen demandando la adopción de medidas por el aumento de este tipo de delitos.
El proyecto de ley precisa que dicha emergencia debe comprender medidas como: “la implementación de estrategias de difusión masiva del Protocolo de Atención a Víctimas de Violación que precisa los procedimientos que deben seguir los efectores de salud en la atención a víctimas de delitos sexuales”.
Además la emergencia comprendería “la elaboración de un plan de actualización y formación permanente destinado a todos los actores del sistema de salud, sobre temas como violencia sexual, salud, perspectiva de género y derechos humanos”; así como “la elaboración de un mapa del delito que permita obtener cifras actualizadas y regiones donde se registra una mayor incidencia de los delitos contra la integridad sexual de las personas”.
Finalmente se solicita la realización de un estudio para analizar la factibilidad de creación de una Fiscalía especializada para el abordaje de los delitos contra la integridad sexual en el ámbito de la Fiscalía General de la Provincia.
Recientemente, en visita a la Legislatura de Jujuy las entidades entregaron un petitorio con cerca de dos mil firmas donde reiteraron el pedido de declaración de emergencia, ya que –señalaron- “hasta hace pocos años Jujuy registraba un 74% más que la media nacional para este tipo de delitos y esa cifra no se habría modificado”.
Con posterioridad al caso de una adolescente de la ciudad de San Pedro (“N”) –embarazada como producto de una violación, a la que no le suministraron los tratamientos de rigor previstos para una víctima de este tipo de delitos– la Multisectorial inició una demanda con el objeto de que se protocolaricen los procedimientos en los hospitales. Como consecuencia de eso, el Ministerio de Salud aprobó por Resolución el Protocolo de Atención a Víctimas de Violación que debía ser aplicado en todo el ámbito sanitario público hospitalario. Sin embargo dicho protocolo no es conocido en nosocomios del interior.
Si bien en el artículo 2 de la Resolución mencionada se prevé que la Dirección Provincial de Salud “deberá brindar la más amplia difusión del Protocolo aprobado por el artículo 1 y ordenar su aplicación, como asimismo deberá disponer de los mecanismos necesarios para la correspondiente supervisión de su cumplimiento”, existen datos que revelan que es necesario profundizar acciones para que dicho Protocolo sea conocido y aplicado eficazmente por todos los actores del sistema de salud pública”, agregó el legislador.
Por otra parte la Multisectorial de la Mujer ha referido que existen dificultades en los procesos judiciales que se siguen por este tipo de delitos y a los efectos de mejorar los procedimientos ha solicitado entre otras cuestiones que se analice la creación de una Fiscalía Especializada, similar a la Ufisex que funciona en el ámbito de la Procuración General de la Nación.