Angelina González, la adolescente de 15 años, estuvo desaparecida desde el 3 de mayo y su cuerpo fue encontrado el 5 de mayo. Está detenida su ex pareja. Su mamá intentó denunciar ni bien desapareció su hija, sospechando que el que fue su femicida era responsable, pero en la comisaría no le tomaban la denuncia.
Paola Vargas, de 31 años, fue asesinada el 11 de mayo por su ex pareja, quien se suicidó. La policía alertada por la situación, donde incluso niños pudieron escaparse del domicilio trepando el muro, no ingresó al domicilio por “falta de orden”. La muerte de Paola y el suicidio del femicida, fueron vistos en directo por vecinos y vecinas, e incluso tuvimos conocimiento antes de cada desenlace por las redes sociales.
Nos matan porque el Estado deja que nos maten
En la provincia está vigente la Ley Iara (Ley de Emergencia en Violencia de Género) que arrancamos en el año 2020 con una verdadera pueblada por una seguidilla brutal de femicidios en medio de la pandemia. En la misma se habla de apertura de centros de atención a víctimas de violencia de género. El problema es que delega en el Ejecutivo la cantidad y no tenemos ni centros de atención por barrio ni en todas las localidades. Por ello planteamos que el Ejecutivo abra más centros o que se modifique la Ley Iara para obligar al Ejecutivo a hacerlo.
Es fundamental abrir más centros de atención para víctimas de violencia, que no se limiten únicamente a ser oficinas de recepción de denuncias de mujeres afectadas sino también de terceras personas que conocen de situaciones de violencia y el recorrido casa por casa como agentes sanitarias, que sería el rol de las promotoras de género que se desarmaron mucho por las políticas de Milei que quitó los subsidios que recibían estas promotoras.
Y el problema gravísimo hoy es que está muy naturalizada la violencia; se entiende que es natural que debemos soportarla, entonces no se denuncia. O cuando se denuncia no se actúa en consecuencia.
Hoy el gobierno nacional tiene un discurso misógino: niega la existencia de violencia de género, niega la desigualdad y discriminación hacia las mujeres; desmantela las políticas públicas como la línea 144 y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, e incluso plantea derogar la figura del femicidio. Esto implica que tengamos femicidas esperanzados en las cárceles a la espera de que se reduzcan sus penas, y desde ya tenemos a los violentos machistas empoderados. La legitimación de las acciones machistas por parte del Estado Nacional tiene consecuencias gravísimas en la vida cotidiana de las mujeres y disidencias.
Esta misoginia ha reforzado la ausencia de perspectiva de género en los tres poderes del Estado. Y el poder judicial, incluso los juzgados especializados en violencia de género, no solo no son un bastión para frenar la misoginia, sino que acompasa los retrocesos y los hacen carne en los procesos judiciales.
Ejemplo de retroceso
Muestra clara de este retroceso es que dos abogadas de una víctima de violencia, y la propia víctima, tenemos hoy un bozal legal ordenado por la doctora Cruz Martínez, jueza especializada en violencia de género. Ninguna de las tres (Silvana LLanez, Alejandra Cejas y yo) podemos hablar del expediente en el que Silvana es denunciante).
Un juzgado que tiene su competencia conforme la Ley 26.485 (Ley de Protección Integral a las Mujeres) se considera competente para resguardar a un varón machista denunciado, silenciando a la víctima y a sus abogadas.
No hay mayor muestra del retroceso que este bozal, ya que desconoce que las mujeres hemos arrancado la Ley 26.485, la Ley Iara, la Ley Micaela, los juzgados y fiscalías especializadas en violencia de género gracias a la lucha publica que encaramos sin mordazas. Ni los escraches a varones violentos han podido silenciar, por el derecho constitucional a enfrentar la violencia de género que se cobra nuestras vidas y nuestra indemnidad.
Hoy el movimiento de mujeres tiene un inmenso desafío, que es frenar el retroceso que pretende el gobierno nacional en su batalla cultural, y desde ya, garantizar cada una de las políticas públicas que impidan que nos sigan asesinando.
Escribe Mariana Vargas
