En julio hubo una movilización popular en Tilcara, con miles de habitantes de la Quebrada y Puna –donde la CCC de la zona jugó un gran papel– que frenó la instalación de una mina a cielo abierto que iba a extraer uranio. En este contexto empiezan a realizarse reuniones en distintos puntos de la provincia, discutiendo la problemática de la política minera y la entrega de los recursos naturales en toda la provincia, ya que las consecuencias ambientales se van a sentir desde la Puna hasta las Yungas. También se debate el problema minero nacional y el provincial.
Hubo 2 masivas marchas (el 7 y 14 de agosto), desde la Casa de gobierno y la Legislatura. Movilizaron sectores desde La Quiaca a Yuto, más de 160 comunidades aborígenes, 70 asociaciones gauchas encabezados por la Huella Gaucha, sectores de la salud, organizaciones sociales como la CCC, Tupac Amaru-CTA y el PCR y JCR. En la movilización del 7, los diputados tuvieron que salir a la puerta de la Legislatura a comprometerse a tratar el tema en la próxima sesión, ya que ese día la habían suspendido.
Hay que señalar que el 12 hubo una reunión con el ministro de gobierno Costas, que planteó que el gobernador y el gobierno provincial en su conjunto quieren respetar las leyes, y que hay que buscar “un punto de equilibrio” entre los sectores en cuestión. En el debate con el gobierno, los distintos sectores fueron contundentes, ya que se le planteó que no había que respetar estas leyes sino cambiarlas porque favorecen a las multinacionales, y que no existe un punto de equilibrio entre el pueblo pobre y las multinacionales saqueadoras que tienen las leyes a su favor.
Así se llega al 13/8, donde en la Comisión de ecología de la Legislatura se plantea presentar para el 14 un proyecto de ley de suspensión de este tipo de actividad por 180 días. Desde las organizaciones sociales se plantea que este período se utilice para discutir una política minera en serio, que responda a los intereses nacionales y populares; y no el actual que impulsa el gobierno de los Kirchner y el gobierno provincial que es de saqueo de los recursos naturales, de extranjerización, de destrucción del medio ambiente y fabulosas ganancias para las empresas extranjeras gracias a la legislación menemista que defienden los K.
Se llega a la sesión de la legislatura del 14 con una gran movilización de todos los sectores, en la que se suspende toda actividad de minería a cielo abierto por 180 días en la provincia.
Esta suspensión es un paso importante. Ahora hay que profundizar la lucha y el debate para derogar las leyes menemistas bancadas por los K, y parar con el saqueo de los recursos naturales con una política minera nacional y popular que garantice un medio ambiente sano y las riquezas se queden en el país.
La minería a cielo abierto
Argentina es la niña mimada de la industria minera mundial. Empresas de Estados Unidos, China, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y Japón impulsan emprendimientos en diferentes grados de desarrollo a lo largo de los cinco mil kilómetros de cordillera. Montañas y ríos, desde Jujuy hasta Santa Cruz pasando por la hiperminera San Juan. Recordemos que los emprendimientos mineros más controvertidos de la Argentina son Bajo la Alumbrera, Agua rica y Salar del Hombre Muerto, en Catamarca; Veladero, Pascua Lama y Pachón en San Juan; Navidad y El Desquite en Chubut; Calcatreu en Río Negro; Andacollo en Neuquen; Pirquitas y Minera Aguilar en Jujuy; San Jorge en Mendoza; Cerro Vanguardia, Manantial Espejo y San José-Huevos Verdes en Santa Cruz; y en La Rioja, Famatina.
Los proyectos más avanzados superan los valores de 400.000 millones de dólares y no pagan retenciones. Los premian con estabilidad por 30 años en sus condiciones fiscales y cambiarias, deducen gastos de explotación, le devuelven el IVA al exportar, los eximen del impuesto al cheque, deducen el 100% de los combustibles; y varios beneficios más (entre ellos, exención de las transferencias al exterior de capital y ganancias, no debiendo liquidar divisas). Además, deducen gastos por preservación del Medio Ambiente. No sólo dañan, sino que también deducen lo que “gastan” en reparación.
La minería a cielo abierto tiene un impacto ambiental mucho mayor que las subterráneas. Por un lado aumenta la producción de residuo, y por el otro, la capa superficial natural que permanecía intacta con la extracción bajo tierra queda alterada irreversiblemente, dejando atrás un paisaje inerte. Asimismo, los acuíferos y los cursos de agua próximos resultan afectados, poniendo en peligro la flora y fauna del lugar. Además, el arrastre de las partículas por el agua perjudica a la agricultura, al erosionar y esterilizar la superficie de cultivo.
La proximidad de las canteras a los núcleos de población produce también de manera indirecta nuevos problemas al medio ambiente, pues las excavaciones que ya carecen de cubierta vegetal se convierten en vertederos urbanos. Los problemas para la salud humana también se incrementan: los gases, polvo en suspensión, ruidos y vibraciones de la maquinaria y explosiones afectan a los habitantes próximos a estas minas, en forma de enfermedades respiratorias o del sistema nervioso.
La minería a gran escala atenta contra otras formas de desarrollo (agricultura, cría de animales, turismo), ya sea por la contaminación que produce o por el agua que utiliza y deja sin recursos a las otras cadenas productivas. Además del saqueo de los minerales y la exportación a las grandes potencias saquean el agua.
No sólo las características de las explotaciones preocupan a las poblaciones y comunidades cercanas a éstas, sino que también la minería a cielo abierto compite en la utilización de los recursos naturales disponibles con las comunidades, especialmente por el agua.
Una mina puede consumir entre 50.000 y 300.000 litros de agua por minuto una vez en actividad, lo que supone que en zonas áridas y semiáridas donde hay una fuerte actividad minera, las comunidades se vean preocupadas por el acceso al agua y por la calidad y posible contaminación de sus fuentes, especialmente las napas y aguas subterráneas, en tanto que en los proyectos situados en la cordillera la preocupación está centrada en la contaminación de las nacientes de ríos y aguas de deshielo que son vitales para los campesinos por la posible depreciación del valor de las tierra.
