Después de siete años de impunidad, siete años de lucha, se logró cambiar al fiscal Albaca –que mantenía el expediente fuera del alcance público y de la familia de Paulina– por López Avila.
Después de siete años de impunidad, siete años de lucha, se logró cambiar al fiscal Albaca –que mantenía el expediente fuera del alcance público y de la familia de Paulina– por López Avila.
Tuvieron que pasar cientos de marchas, cada martes, y un multitudinario acto para que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidiera un informe sobre el estado de la causa, en febrero pasado. Queda claro porqué la necesidad de la inmovilidad y del ocultamiento cuando se lee el informe presentado por Lobo Bugeau, designado en la causa, donde se grafica cómo este expediente fue construido como un laberinto para que concluyera en la prescripción, es decir en la más terrible impunidad.
No son nuevas las hipótesis de la participación de los “hijos del poder” en este aberrante crimen, entre ellos uno de los hijos del gobernador de la provincia y de la presidenta provisional del Senado, y el hijo del ex secretario del gobernador, sólo que esta vez comenzó a moverse un poco el expediente.
Paulina era una joven tucumana de veintitrés años, estudiante de ciencias de la comunicación; había desaparecido el 26 de febrero de 2006 y su cuerpo fue hallado el 11 de marzo del mismo año, en un descampado de Raco, a 25 kilómetros de la capital provincial. “El jefe de Policía (de ese tiempo) Hugo Sánchez nos mintió de entrada, porque dijo que mi hija apareció durante un ‘intenso rastrillaje’ que nunca existió, porque los que encontraron el cuerpo fueron dos muchachos, a los que la policía amenazó para que cambiaran su declaración.” dijo Alberto Lebbos a Página12 en abril del 2006.
Los hermanos Sergio y Marcelo Goitea, que habían declarado en la sede policial de Raco, denunciaron las amenazas cuando estuvieron por primera vez ante el primer fiscal de la causa, Alejandro Noguera, que también fue echado de la investigación ante el descubrimiento de su visita a la casa del gobernador Alperovich.
Cabe recordar que el padre de la joven, quien renunció a ser funcionario del gobierno provincial después del crimen, ya había solicitado la ayuda del entonces presidente Néstor Kirchner para retirar del cargo a los policías y funcionarios que son señalados como presuntos encubridores, ninguno de ellos fue sancionado ni investigado. Desde el ex ministro Mario López Herrera y el ex secretario Alberto Di Lela, hasta los comisarios Héctor Rubén Brito y Hugo Sánchez, y el jefe de la comisaría de Raco en 2006, Enrique García. Todos ellos desplazados de sus cargos, han sido nombrados en general como asesores, o trasladados, como García, que está en la sección Logística de la Policía. Gracias a las informaciones que se conocieron se inició una causa penal contra los policías de la comisaría de Raco por “Falsificación de instrumento público”. Los agentes comenzaron a declarar, pero el fin de semana los visitó un subjefe de Policía y en el lugar donde estaban detenidos, y el lunes siguiente ya se negaron a seguir hablando.
Con testigos amenazados, modificaciones en el sitio donde encontraron el cuerpo de la víctima, fotos ocultadas e irregularidades en las pesquisas en Raco como relató Alberto Lebbos a Agencia de Prensa Alternativa en febrero de este año. Aún así, Alperovich y su esposa insisten en decir que los pequeños avances en la investigación sobre qué fue lo que pasó con Paulina, es una movida político electoral.
Alperovich encubre
La esposa del gobernador dice que se trató de una opereta muy bien armada. ¿Para encubrir a quién? Debería preguntárselo a su marido, que por esas casualidades de la vida gobierna desde 2003. Porque con independencia del resultado de la investigación, una cuestión emerge incontestable: el alperovichismo no es inocente de tamaño encubrimiento. Es ese encubrimiento, y no las denuncias de Lebbos, lo que hace que para muchos tucumanos la hipótesis de los hijos del poder no suene descabellada.
Desde el PCR y la CCC iniciamos esta lucha hace siete años, participando desde las primeras marchas por la aparición con vida de Paulina, junto a su familia y a sus compañeros de la facultad. Además combatimos y denunciamos la criminalización a los jóvenes por parte de Alperovich con su ley de las 4 AM, ley que impuso luego del crimen de Paulina. Y seguimos luchando por la Emergencia en violencia sexual y doméstica, para terminar con los femicidios, para que no haya más Paulinas, ni Aida Correa, ni María Medina. Alperovich debe dar explicaciones sobre todos sus empleados implicados en el encubrimiento de esta causa que siguen en funciones cobrando sueldos de privilegio y ‘los hijos del poder’ deben rendir cuentas en la Justicia”.
Al cierre de esta edición, martes 2 de julio, se realizaba una nueva marcha bajo la consigna “¡Todo Tucumán sale a la calle a decir basta!
Justicia para Paulina Lebbos”.
