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22 de junio de 2016

El miércoles 15, la CCC de zona suroeste acompañó a los abogados de Liberpueblo en Comodoro Py para reclamar en Casación la reapertura de la causa contra los policías que asesinaron a Bernardo Salgueiro y Rosmary Chura Puña en el Parque Indoamericano.

Justicia por los muertos del Indoamericano

Reclaman la reapertura de las causas contra los policías asesinos

 
Unos 500 compañeros de la CCC, acompañados por el Frente Darío Santillán, desde las 11 hasta las 3 y media de la tarde estuvieron haciendo el aguante en Comodoro Py. Durante la espera, sonaron cánticos con bombos y redoblantes al son de “yo sabía, a los compañeros los mató la policía”.

 
Unos 500 compañeros de la CCC, acompañados por el Frente Darío Santillán, desde las 11 hasta las 3 y media de la tarde estuvieron haciendo el aguante en Comodoro Py. Durante la espera, sonaron cánticos con bombos y redoblantes al son de “yo sabía, a los compañeros los mató la policía”.
Consultado por este semanario, conversamos con Nicolás Tauber, abogado de Liberpueblo, quien dio detalles de la jornada: “Estuvimos presentes con la abogada Paula Quinteros, por el asesinato de Bernardo Salgueiro y de Wilson Fernández Prieto, quien recibió dos balazos en el Indoamericano.
“Fuimos a Casación para solicitar la reapertura de la causa que fue cerrada por la Cámara: todos los policías habían sido procesados por el juez de primera instancia, luego la Cámara los sobreseyó. Ahora lo que le pedimos a Casación, en virtud de que está probado el hecho por la sentencia de Cámara -con lo cual es un sinsentido sobreseerlos-, que nos deje ir a un juicio oral y ahí que se discuta lo que pasó y se deslinden las responsabilidades por los asesinatos. 
“Planteamos que si confirmaban la decisión de la Cámara era estar garantizando la impunidad, dando el visto bueno en el marco de la política represiva actual para que la policía actúe de esta forma. Además que, si de parte del Estado argentino no se juzga a los responsables de estos crímenes, se los llevará a esferas internacionales para que se condene a la Argentina por este caso. 
“Para tener una idea de cómo son los tiempos de la Justicia: la presentación fue en el 2014, estuvo dos años el expediente muerto y ahora lo sacaron a relucir. Ahora Casación supuestamente tiene 20 días hábiles para resolver. Si confirma, vamos a la Corte Suprema de Justicia; en cambio si decide revocar, la causa va a seguir y vamos a ir al juicio oral.
 
Los mató la policía bajo las órdenes de la Federal
Prosigue Tauber: “Están las pruebas, es un caso muy grave al igual que la conducta de la Cámara de Apelaciones porque en el caso está probado que los policías que están acusados de homicidio dispararon sus escopetas sobre Bernardo Salgueiro. Esos policías están acusados por homicidio en ocasión de agresión, que es cuando varios asesinan a alguien y no se puede determinar quién dio el tiro que dio el golpe de gracia; con lo cual, lo que hace la justicia es tenerlos a todos co-responsables con una pena inferior. 
“Lo que exige la ley es haber participado de la agresión, no exige que digas quién dio el golpe final. En este caso es imposible determinarlo por la forma en que los policías procedieron, que fue a través de adulteración de cartuchos de las itakas y lo que impacta en el cuerpo de la víctima son los balines que van dentro del cartucho. Con lo cual, no hay forma de comparar entre el cañón de la escopeta y la bala en el cuerpo, como sí se puede determinar de una pistola o de un revolver. Por eso, la ley plantea una figura que dice: si usted prueba que participó en la agresión, es responsable. Los propios policías han admitido que dispararon sus escopetas sobre las víctimas, donde dos son heridas mortales y cinco no mortales. La ley dice: usted tiene que demostrar que su participación no ocasionó el deceso o las heridas. En este caso, la propia resolución de la Cámara y los abogados de los policías dicen sí nosotros disparamos, pero no demuestra que nos hayamos puesto de acuerdo previamente para asesinar. Pero no es un requisito que la ley exija. Por eso, lo que se discute en Casación en parte es un tema de derecho, si el delito exige acuerdo previo o no. Ese acuerdo previo hasta ahora no se pudo probar, lo que sí se pudo probar es que todos dispararon sobre esas personas. Lo que dice la Cámara es que no violaron ningún deber de cuidar y actuaron conforme a la ley, cuando la orden del día era no efectuar ningún disparo, sin embargo, hubo 581 disparos documentados. 
 
Ordenes de Fernández y de Montenegro que comprometen a Cristina y Macri
“A su vez, los casos de asesinatos ocurrieron fuera del parque, ni siquiera se dieron en el marco del operativo de desalojo, con un agravante más: Bernardo Salgueiro fue asesinado entre las siete y las siete y veinte, la policía se entera del hecho a las 7.35 y a Rosmary Chura Puña la asesinan a las 20.30 hs., con lo cual hubo una hora en el medio en el que ellos sabían que ese procedimiento se estaba ejerciendo de una manera ilícita y que ya había un muerto.
“Por eso decimos que los jefes policiales incumplieron abiertamente todas las medidas de la policía. Eso fue una cacería: lo que se quería dar era un castigo ejemplar de violencia sobre la población que tiene un problema gravísimo de vivienda, de hábitat y de pobreza. No fue un proceso casual de un policía. Esto estuvo planeado, hubo un acuerdo previo que surge de la causa entre Aníbal Fernández y Montenegro para decidir cómo se iba a hacer el operativo. Estos policías son federales y metropolitanos, pero el que le daba las órdenes era la cúpula de la Federal. Alak era jefe de seguridad de Fernández y, desde ya, de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: nada de esto pasaba sin su consentimiento. Si hubo un acuerdo entre Fernández y Montenegro, como está probado, uno puede inferir que hubo un acuerdo entre Cristina y Macri. Ese acuerdo es el que la Justicia no ha aceptado investigar. En esta causa se está investigando a los policías. Por eso hay un interés muy grande de tapar esta causa y de sobreseerlos, no por los policías sino por los acuerdos políticos que hay detrás”, concluyó.
 
“Vamos a pelear en la calle hasta que haya justicia”
Consultado por este semanario, Luciano “Tano Nardulli”, coordinador de la CCC de la zona Suroeste y a quien el gobierno de la ciudad le había creado una causa junto a Diosnel Pérez por los eventos del Indoamericano, contó su impotencia durante las exposiciones de los abogados defensores de los policías: “Del otro lado estuvieron casi 12 abogados de los policías implicados, hablaron cuatro de ellos: explicaban que las balas tenían un alcance de 50 metros y que ahí no podían hacer nada, y por otro lado, que las piedras que venían de abajo lastimaban a los policías. Yo me pregunto: ¿las balas a la distancia no hacen nada y las piedras lastiman a los policías? Lo más insólito fue cuando uno de los abogados dijo ¿“se imaginan cómo sufren las familias de los policías?” y yo tenía al lado mío a la madre de Bernardo Salgueiro… ¡Una bronca me dio, una impotencia! ¿Los asesinos son pobres tipos y los familiares de los muertos no existen?
Para finalizar, Nardulli dijo: “Aunque cierren la causa, los abogados van a apelar a la Corte Suprema de Justicia y nosotros vamos a apelar estando todos los días en la calle hasta que haya justicia porque olvidar es traicionar”.