En agosto del 2009 los trabajadores de Kraft (hoy Mondelez), encabezados por su Comisión Interna, enfrentaron el plan de ajuste de la patronal imperialista, que despidió 168 compañeros, incluida la Interna. Con su extraordinaria lucha de más de dos meses (con 38 días de ocupación de la fábrica), pudieron parar parcialmente los planes de la empresa, que incluían el cierre de un turno y 700 despidos más.
En agosto del 2009 los trabajadores de Kraft (hoy Mondelez), encabezados por su Comisión Interna, enfrentaron el plan de ajuste de la patronal imperialista, que despidió 168 compañeros, incluida la Interna. Con su extraordinaria lucha de más de dos meses (con 38 días de ocupación de la fábrica), pudieron parar parcialmente los planes de la empresa, que incluían el cierre de un turno y 700 despidos más.
Mostraron un camino a los trabajadores para enfrentar la ola despidos que se desarrollaba en todo el país, producto de la crisis y de la política K.
El costo que sufrieron los trabajadores de Kraft fue altísimo. La represión para sacarlos de la empresa fue feroz. Se utilizó la sede de la empresa como si fuera una cárcel, donde se detuvo a dirigentes obreros, y a compañeros solidarios que bancaban la lucha en la puerta. La policía bonaerense, en acuerdo con los gerentes, intentó impedir que diputados que se acercaron (Horacio Alcuaz, Liliana Piani, entre otros) pudieran ingresar.
La patronal inició 17 causas penales contra los trabajadores, haciendo especial hincapié en María Teresa Rosario, Jorge Penayo, Alcadio Alfonso y Ramón Bogado. Los miembros de la Comisión Interna que lideraron la lucha y aguantaron los 38 días en la fábrica –reincorporados por orden judicial- fueron objeto de una precisa y durísima persecución dentro de la fábrica que incluyó separarlos del resto de sus compañeros. Se inició una infame campaña de desprestigio, particularmente contra Ramón Bogado, que incluyó agresiones físicas por parte de gente pagada para lastimarlo.
Persecución judicial
Kraft y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner utilizaron a la Justicia Federal y de la provincia de Buenos Aires para perseguir y criminalizar a los trabajadores de Kraft.
Durante estos seis años les impusieron embargos millonarios, los sometieron a un control policial y judicial sin sentido. Ejemplo de esto es que para notificarlos de una resolución que ya había sido notificada a sus abogados, desplegaban un operativo policial con varios móviles y decenas de efectivos en los domicilios familiares de los trabajadores. Y si la Policía no los encontraba en su casa (porque estaban trabajando) la Justicia emitía órdenes de captura contra los trabajadores para una simple notificación.
Como consecuencia de las causas incorporaron a los trabajadores en las bases de datos de las personas procesadas, lo cual generó que muchos sean despedidos de sus nuevos trabajos, o que directamente no pudieran encontrar uno nuevo (cuando les pedían un certificado de reincidencia saltaban las causas que tenían).
Las 17 causas penales originales fueron unificadas en tres causas. Una por todos los cortes de Panamericana en la Justicia Federal, y las otras dos ante la Justicia provincial. En una de ellas se acusaba a todos los que habían sido detenidos el día de la represión de usurpar la planta de Kraft (por haber permanecido dentro durante la huelga) y otra donde acusaban a los miembros de la comisión interna de coaccionar a sus compañeros para que se sumen a la huelga.
En ninguna de las tres causas existían pruebas que permitieran mantenerlas abiertas. De la causa por los cortes de Panamericana surgió que la Gendarmería Nacional hacía inteligencia ilegal sobre los trabajadores, destapando el “Proyecto X”. Todas las pruebas de la causa (que igual no probaban nada) eran producto de tareas de inteligencia ilegal. Tareas de inteligencia que se remontaban a años anteriores. Allí surgieron informes de inteligencia que daban cuenta de reuniones del año 2007 en un local de la 1° de Mayo. También surgió que se estaba investigando al dirigente de la CCC Luis Cubilla a quien los servicios y las fuerzas de seguridad se la tenían jurada.
En la causa por coacción no existía una sola prueba. La propia acusación no podía siquiera mencionar un hecho de coacción, limitándose a decir que los miembros de la comisión interna recorrían la fábrica invitando a sus compañeros a reunirse para decidir qué hacer. La Kraft ya había perdido cuando quiso desaforar a los delegados. Como planteó Ramón Bogado “esto muestra que los trabajadores teníamos razón”.
En la causa por la usurpación, la única prueba que tenían era que habían sido detenidos el día de la represión. Las tres causas tenían un común denominador: no existía una sola prueba, ni una sola razón jurídica para que estén abiertas. Las razones eran políticas. Necesitaban las causas abiertas para disciplinar a los trabajadores y meter, como hicieron todos estos años, que los despidos eran responsabilidad de los trabajadores que dirigieron la lucha y enfrentaron. Ahora estamos en mejores condiciones para demostrar la falsedad de esto.
Se cerraron todas las causas
Luego de seis años de lucha los trabajadores que se jugaron entero por sus compañeros y encabezaron una de las luchas obreras más importantes de los últimos 30 años, en una lista de unidad de los tres turnos, lograron ganar nuevamente las elecciones en la fábrica y cerrar todas las causas iniciadas contra ellos.
En estos años también se logró la reincorporación de varios de los trabajadores despedidos en 2009, como Kike Villalba, y otros siguen dando la pelea, como Pablo Vega.
Con un gran trabajo de los abogados de Liberpueblo y una amplia solidaridad, logramos la absolución de todos los trabajadores acusados y el cierre de todas las causas. Esto prueba que con unidad, compromiso y amplitud se pueden ganar batallas y cerrar las causas que arman contra los luchadores populares.
