Continúan los conflictos en la Comunidad Indio Colalao. El viernes 27 de julio el fiscal Herrera firmó la orden de detención a 25 comuneros. En la resolución se alega que había “bastantes sospechas” para dar lugar a la causa por “tentativa de homicidio, lesiones, robo, amenazas y otros”, que el terrateniente Fredy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse iniciaron contra la comunidad.
Continúan los conflictos en la Comunidad Indio Colalao. El viernes 27 de julio el fiscal Herrera firmó la orden de detención a 25 comuneros. En la resolución se alega que había “bastantes sospechas” para dar lugar a la causa por “tentativa de homicidio, lesiones, robo, amenazas y otros”, que el terrateniente Fredy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse iniciaron contra la comunidad.
Ese día hubo un gran operativo policial: más de 120 policías se movilizaron a la Base Riarte donde se metieron en las casas de los comuneros sobre los que pesa la orden, allí destrozaron sus pertenencias y detuvieron a Beco Mercado. Ese mismo día, cuando se dirigía a su trabajo en la capital tucumana, apresaron a Manuel Pastrana. Ambos comuneros continúan detenidos.
Este operativo es continuidad del desalojo y la represión sucedido el 4 de julio, en el que se logró expulsar a varias familias de la estancia Riarte; sin embargo, los comuneros acamparon en la tranquera de entrada como medida de resistencia, contando con el apoyo y solidaridad de diferentes sectores sociales y políticos. Estas carpas, también fueron levantadas por la policía el día del operativo.
En la Comunidad va creciendo la bronca a raíz de las complicidades y silenciamientos que se dan alrededor de este conflicto. Los terratenientes participaron del operativo policial, dirigiendo y señalando las casas de los comuneros, mientras que la Justicia no da lugar a la Ley de emergencia 26.160 que suspende los desalojos. ¿Y el gobierno K y el INAI? Silencio cómplice, que expresa su política hacia los pueblos originarios: no resolver nada que toque los intereses de los terratenientes, y en este caso, también sojeros. La cacique María Lilia Delgado afirma que “es claro que el objetivo es destruirnos”.
El territorio que está en conflicto son 19.000 hectáreas que se compraron y vendieron con las familias adentro y sin que ellas tengan conocimiento. Estas tierras, en las que ancestralmente vivieron y trabajaron las familias, hoy Fredy Moreno y Jorge Posse pretenden que se les reconozca en “propiedad privada” para avanzar con sus siembras de soja; y para lograr este objetivo criminalizan a quienes luchan por las mismas. Es urgente avanzar por el reconocimiento legítimo de la propiedad de las tierras comunales de los originarios. ¡Basta de represión! ¡Basta de criminalizar a los luchadores populares!
