Parte del texto, aprobado por 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, plantea: “la Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país”. En concreto, piden la tramitación con la máxima celeridad del proyecto de ley de Indulto General que está en el Senado, y que el Poder Ejecutivo le dé suma urgencia tanto a esta iniciativa como al proyecto de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos. Asimismo, exigen el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado y la “inmediata desmilitarización del Wallmapu”.
«Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia», dice otro fragmento del texto aprobado.
Hoy N° 1872 14/07/2021
