La Argentina es un país dependiente oprimido por el imperialismo, en el que predominan relaciones de producción capitalistas deformadas por la dominación imperialista y el mantenimiento del latifundio de origen precapitalista en el campo.
La Argentina es un país dependiente oprimido por el imperialismo, en el que predominan relaciones de producción capitalistas deformadas por la dominación imperialista y el mantenimiento del latifundio de origen precapitalista en el campo.
Las principales trabas al desarrollo de las fuerzas productivas en nuestro país son la opresión imperialista y el latifundio terrateniente. Ellos constituyen los pilares que sostienen a la estructura de atraso y dependencia que hoy padecemos.
El imperialismo opera tanto como un factor externo como interno, condicionando y deformando todo el desarrollo de la economía nacional. Esto se da también en los planos político, militar y cultural.
La opresión imperialista se da principalmente a través del entrelazamiento y la subordinación a sus intereses, de los terratenientes y la gran burguesía intermediaria (es decir, las clases dominantes nativas), y mediante sus propios grupos económicos y financieros (directos o por medio de testaferros) y sus personeros en el aparato estatal.
Todo esto les permite el control de los resortes claves de nuestra economía y del Estado. Además, una parte del territorio nacional (insular y marítimo) está directamente ocupado por el imperialismo inglés, y esa potencia y las otras –principalmente las dos superpotencias– nos oprimen a través del monopolio del comercio mundial, de las finanzas y del control de las nuevas tecnologías, en el marco de la división internacional del trabajo por ellos impuesta, y de convenios desiguales como los cerealeros y de carnes, de refinanciación de las deudas, pesqueros, petroleros, obras “llave en mano”, etc. De conjunto los imperialistas nos imponen un pesado tributo a través del deterioro de los términos de intercambio, la remisión de beneficios, el pago de patentes, los intereses usurarios, la “fuga” de divisas, la sub y sobre facturación, el dumping y el contrabando. Asimismo penetran culturalmente a nuestro país y lo infiltran con sus agentes de espionaje y provocación.
A su vez el latifundio terrateniente es la base del poder de la oligarquía que “asocia” el país a los imperialistas, pues necesita de ellos para su subsistencia y desarrollo. Impone la carga de la renta a los obreros rurales y campesinos arrendatarios y mantiene, aún en el marco general de relaciones de producción capitalistas, relaciones precapitalistas tales como: relaciones de dominación en estancias y fincas, puesteros, pastajeros, aparceros y tanteros, contratistas de viñas, arrendamientos familiares, etc. Así el latifundio terrateniente constituye una rémora (por la carga de la renta parasitaria y el atraso relativo del campo) que condiciona y deforma todo el desarrollo del país.
En las últimas décadas, en particular con los golpes de Estado de 1966 y 1976, se han producido cambios importantes tendientes a preservar y reforzar la estructura latifundista y dependiente. Esto como respuesta a la profunda crisis que arrastra la estructura del país desde la década del 50, en el marco de la acrecentada disputa interoligárquica e interimperialista y condicionado por la resistencia popular.
Con la dictadura proimperialista, particularmente proyanqui y proterrateniente de Onganía, a partir de 1966 se liberaron totalmente los arrendamientos rurales (Ley Raggio) favoreciéndose la recomposición del latifundio. Miles de chacareros fueron expulsados de las tierras que arrendaban y aparecieron los llamados “contratistas por una cosecha”, dando a los terratenientes una mayor movilidad especulativa en el uso del suelo y la posibilidad de que las mejoras tecnológicas se traduzcan inmediatamente en mayores rentas, con el consiguiente aumento del precio de la tierra y del poderío terrateniente. A su vez, en la industria se producía una mayor concentración y centralización monopolista, en beneficio de los distintos intereses imperialistas y de la gran burguesía intermediaría a su servicio, ligada también a la ampliación del latifundio. Así se fue conformando, con viejos y nuevos personajes, ese sector de la oligarquía de base terrateniente que ha adquirido un peso importante en los sectores monopolizados de la industria, el comercio y las finanzas.
El acrecentamiento del poderío terrateniente, cuya subsistencia depende fundamentalmente del mercado externo para los productos de la tierra, llevaría –en un proceso– a la “apertura hacia el Este”, pasando a predominar el sector de Lanusse. El nuevo golpe de Estado de 1976, después del breve interregno peronista, a través de la sangrienta dictadura de Videla y Viola, buscaría consolidar los cambios en favor del latifundio y la dependencia. Particularmente con la liberación de las tasas de interés (Ley de Entidades Financieras), se buscó la transformación de la acrecida renta terrateniente en capital financiero y su “engorde” a través de la especulación, con el consiguiente desmedro de la industria nacional y una mayor expoliación de los trabajadores del campo y de la ciudad. Esto en un mundo donde la especulación, a partir de la crisis del petróleo en la década del 70, comenzó ya a ser predominante sobre la producción, empujando a un endeudamiento sobredimensionado de los países del Tercer Mundo.
Las políticas económicas y financieras de corte liberal que se vienen aplicando prácticamente desde el golpe de Estado de 1955, con breves interrupciones, no hacen sino ayudar a preservar, y reforzar la estructura latifundista y dependiente de nuestro país. No es como sostienen los apologistas de los terratenientes e imperialistas “modernos”, con teorías como la del “capitalismo dependiente”, que no hay tareas agrarias y antiimperialistas por resolver, que las mismas ya se han resuelto o se están resolviendo por la “modernización” del latifundio y la dependencia. Por el contrario, éstos siguen siendo el principal obstáculo para el desarrollo integral del país; sin su destrucción revolucionaría no se podrá lograr éste y tampoco una verdadera democratización de la sociedad argentina. Pues el latifundio y el imperialismo implican una tendencia a la dominación y no a la libertad, la reacción en toda la línea: allí está la base del Estado oligárquico imperialista y está la raíz de todos los golpes de Estado que hemos padecido, y que seguiremos padeciendo mientras esa raíz subsista.
La contradicción fundamental que hay que resolver en la actual etapa histórica, y que determina el carácter de la revolución argentina, es la que opone el imperialismo, los terratenientes y la gran burguesía intermediaria a la clase obrera, los asalariados, semiproletarios, los campesinos pobres y medios, la pequeñoburguesía, la mayoría de los estudiantes e intelectuales y los sectores patrióticos y democráticos de la burguesía urbana y rural. De las numerosas contradicciones existentes, sólo ésta es la principal, la que desempeña el papel determinante. En relación con ella, y con el enemigo estratégico que definimos, determinamos en cada momento táctico el blanco de nuestro ataque, teniendo presente la feroz disputa interimperialista por el control de la Argentina (particularmente entre el socialimperialismo soviético y el imperialismo yanqui) y teniendo en cuenta nuestra ubicación geográfica (en el área de tradicional influencia yanqui).