Casi todos los gobernadores peregrinan hasta Buenos Aires tratando de que el poder central se conduela de sus penurias fiscales y acceda a otorgarles algún tipo de auxilio extraordinario, llámese Aporte del Tesoro Nacional (ATN) o anticipos a cuenta de futura coparticipación. No son muchas las variables. No importa, el asunto es pagar los sueldos a los empleados públicos, aunque la peregrinación se haga de rodillas y lleguen sangrando con su dependencia a cuestas.
Esta dependencia explica el alineamiento político de la mayoría de los gobernadores, que pasaron de menemistas a delaruistas, luego duhaldistas y ahora kirchneristas. Desde inicios del año, en algunas provincias empezaron retrasando el cronograma de pagos por unos días, ahora por una o dos semanas, dentro de un mes… no se sabe cuánto. Este es el panorama de un país formalmente federal y en los hechos unitario y centralista.
Antecedentes
Hasta el año 1890 las provincias financiaban sus gastos con impuestos locales sobre la producción y el consumo. La Nación, por la Constitución de 1853, lo hacía con los tributos del comercio exterior, el correo y sellos nacionales. Las guerras entre el interior y Buenos Aires, por la apropiación de las rentas de la aduana, habían concluido con el triunfo del centralismo portuario.
Entre 1890 y 1935 el gobierno nacional comenzó a crear impuestos al consumo que se superponían a los que cobraran las provincias. Lo hacía particularmente cuando caían los recursos del sector externo. En 1935 se concreta el golpe final al federalismo fiscal mediante la Ley 12.139 y las posteriores 12.143 y 12.147. Se crearon los impuestos a las ventas y a las rentas que pasaban a ser recaudados en exclusividad por la Nación y se inauguraba el llamado régimen de coparticipación con las provincias, cuya mayor afrenta al federalismo fue que lo llamaran “federal”.
Lo que no habían logrado imponer los unitarios, tras cincuenta años de guerra civil, lo conseguían la oligarquía terrateniente y el imperialismo que gobernaban en la “década infame”. La coparticipación se estableció previa imposición de que las provincias dejaran de cobrar impuestos internos. En países como Estados Unidos de Norteamérica o Brasil el federalismo consiste en que los estados federados recaudan y coparticipan una parte al poder central.
Desde 1935 hasta el presente el régimen de coparticipación de impuestos pasó por distintas legislaciones, pero cualesquiera fueran los gobiernos no cambiaron su esencia antifederal. El coeficiente legal de la distribución primaria (entre Nación y provincias) del periodo 1935-1946 fue de 82,5% para Nación y 17,5% para provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En el periodo 1946-1958 fue de 79% para Nación y 21% para provincias y MCBA. En el período 1959-1973 osciló entre el 60 y el 54% para Nación y el resto para las provincias. En 1973 cambia por primera vez la proporción: Nación se quedaba con el 46,7% y las provincias con el 53,3%.
La actualidad
La coparticipación se hace sobre la base de dos impuestos principales que gravan el consumo (IVA) y las ganancias (continuación de los impuestos a las ventas y rentas de 1935). El porcentaje que se distribuye fue cambiando desde 1989 en adelante, con leyes y decretos que desvirtuaron la Ley 23.548 de 1988, que establecía el 42,34% para Nación y 57,66% para provincias.
La Nación no coparticipa los derechos de exportación e importación, tal como lo reafirmó la Constitución de 1994, fruto del “Pacto de Olivos” de Menem-Alfonsín. El cuestionamiento al actual régimen de coparticipación de impuestos emergió con más fuerza con la rebelión agraria del año 2008.
En un informe de la consultora Econométrica, de junio pasado, se da como ejemplo del planteo federal un volante de productores autoconvocados de la provincia de Buenos Aires que dice: “Se va de Azul más de 80 millones de dólares y nunca vuelven al Partido”. En el mismo sentido hubo manifestaciones de campesinos pobres, medios y ricos, obreros agroindustriales y en algunas ocasiones de intendentes de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, tomando la bandera del federalismo fiscal, que los gobernadores callan hasta el día de hoy, por complicidad o por temor a las represalias del gobierno kirchnerista.
En el primer semestre de 2009, según cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda de la Nación, sobre un total recaudado de $ 146 mil millones, los recursos que quedaron en manos de la Nación sumaron $ 110 mil millones, el 75,21% y lo que fue a las provincias $ 36 mil millones, el 24,79%. De seguir así, el gobierno de los Kirchner se aproxima a los porcentajes que inauguró el régimen de coparticipación del gobierno del “fraude patriótico” de los años 30.
Perspectivas y propuestas
En los próximos meses las provincias no estarán en posibilidad de cubrir el gasto salarial y las necesidades del gasto corriente de salud, educación, vivienda y otros. En tanto, el gobierno nacional, por ahora, logra superávit primario; pero pagando intereses y capital de la deuda externa ha entrado en déficit financiero. En junio la Anses tuvo un déficit operativo de $ 1.460 millones, que se cubrieron con los recursos recuperados de las AFJP. Por ello, es poco probable que en medio de la crisis el gobierno nacional afloje la mano para llevar auxilio a las provincias con déficit.
En lo inmediato el único camino que tenemos es profundizar la lucha popular para obligar a los Kirchner a derogar el Pacto Fiscal I del menemismo, de agosto de 1992, con el cual se les saca a las provincias el 15% de la masa de impuestos coparticipables, antes de que se proceda a la distribución primaria entre Nación y provincias.
Esta medida es parte de la lucha para impedir que la crisis la pague el pueblo y forma parte de las 10 medidas programáticas que propone el Partido Comunista Revolucionario, que incluye una Reforma Impositiva, para que la crisis la paguen los grandes terratenientes, los monopolistas y el capital imperialista. Al mismo tiempo hay que exigir a los legisladores nacionales de las provincias que en forma inmediata elaboren el proyecto de derogación del Pacto Fiscal I.
Por el camino de un nuevo Argentinazo y de la rebelión agraria, será un gobierno de unidad patriótica y popular el que imponga verdadero federalismo, para terminar de una vez por todas con la infame “coparticipación unitaria” inventada por la oligarquía.
