Cuatro de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti (Highton de Nolasco, la única mujer del Tribunal, no firmó el fallo) decidieron boicotear abiertamente las medidas de cuidado dispuestas por el presidente Alberto Fernández.
El fallo declaró que el gobierno nacional violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin declarar la inconstitucionalidad del DNU anterior, ni adoptar decisión respecto al DNU actualmente vigente, el cual es plenamente válido y debe ser cumplido por CABA y Provincia de Buenos Aires.
La declaración de la Corte tiene consecuencias políticas concretas. A pesar de que las normas se encuentran vigentes, y no las declaró inconstitucionales, avala el comportamiento de Larreta dejando abierta la puerta a una rebelión generalizada por parte de las provincias.
Lo decidieron desde la comodidad de sus residencias votando en forma remota (por internet) mientras perciben fabulosos salarios pagados por el gobierno nacional. El sueldo básico de un juez de la Corte, en diciembre de 2020, era de $444,479.22 y el real tres veces más.
La Corte está integrada por los mismos jueces que pretendieron liberar a los genocidas con el 2 x 1, que no declararon inconstitucional los DNU de Macri que amenazaban a miles de inmigrantes con la deportación o derogaron la Ley de Medios, entre muchos otros.
Eligieron el tema más sensible y donde menos fundamentos tenían para fallar, para golpear al gobierno del Frente de Todos y apoyar a Larreta y Juntos por el Cambio.
No es el motivo de estas líneas hacer un análisis jurídico del fallo. Basta referir que la solución contraria se imponía por la claridad de la Constitución Nacional, que establece la supremacía del derecho federal, y por la aplicación de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de federalismo, salubridad y situaciones de emergencia pública. Nunca antes había invalidado una norma federal por entrar en conflicto con las atribuciones de autoridades provinciales.
Si había algún resto de duda respecto de la parcialidad o la posición político partidaria de la Corte y del Poder Judicial, en su conjunto, ya quedó atrás.
El sentido político de la decisión queda todavía más claro cuando reparamos en que nunca antes la Corte Suprema adoptó una decisión invalidante de una política nacional en materia sanitaria. Es más, salvo contadas excepciones, nunca falló en contra de una política considerada central por el poder político de turno. Y cuando lo hizo (por ejemplo con el corralito) se iniciaron los trámites del juicio político y rápidamente la Corte volvió a alinearse. Esto es aceptado por el propio Morales Solá, en el diario La Nación, quien escribió que “Muy pocas veces esta Corte fue tan unánime en reprocharle a un presidente la legalidad de sus decisiones”.
No podemos olvidar que la Corte Suprema, como institución, fue cómplice de todas las dictaduras militares de nuestra historia, avaló la eliminación de la Constitución Nacional de 1949, no dijo jamás una palabra respecto de la represión al pueblo, y fue corresponsable de la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras durante la última dictadura genocida.
La decisión adelantada a los medios de comunicación con varios días de anticipación marca el punto de quiebre de la CSJN con el gobierno del Frente de Todos y la constatación de que las Juntos por el Cambio conserva muchísimo poder, no sólo económico y mediático, sino también político y judicial.
Algunos explican la decisión de la Corte como un acto de defensa de los intereses del Poder Judicial ante los ataques del Frente de Todos y a la designación del nuevo ministro de Justicia. Recordemos que el gobierno nacional promovió la reducción de las jubilaciones de los jueces y actualmente trabaja para que se transformen en leyes dos proyectos a los cuales el poder corporativo de los tribunales se opone: la reforma de la “justicia” federal y el nombramiento de un nuevo jefe de los fiscales federales.
En la misma semana, la Cámara Contencioso Administrativa Federal suspendió, a pedido del Grupo Clarín, el DNU que declaró servicio público esencial a las telecomunicaciones y podrían citarse muchas decisiones judiciales que sólo se explican por la correlación de fuerzas y el carácter de clase del Poder Judicial.
Cobra verosimilitud la opinión de quienes sostienen que la oposición política, económica y mediática apuestan a que la situación sanitaria se desborde generando un colapso en el sistema que les permita desgastar o destruir a Alberto Fernández.
La reacción del Frente de Todos fue mantener su postura en favor del cuidado de la salud y los intereses de la población y una contundente demostración de unidad política.
Es una reacción necesaria pero no suficiente. Resulta imprescindible que se implementen, en las dificilisimas condiciones que nos impone la pandemia y el poder de las clases dominantes, las medidas económicas, sociales, políticas y sanitarias necesarias en beneficio de nuestro pueblo para ponerse a la cabeza de la lucha de nuestro pueblo por su liberación y así enfrentar esta ofensiva de la derecha por recuperar el gobierno nacional.
Escribe Ricardo Hidalgo
Hoy N° 1864 19/05/2021
