Aunque la educación no es un tema frecuente en su agenda, tratando de minimizar los reclamos de los docentes y la comunidad educativa, la Presidenta afirmó que se llegó al 6,4% del PIB para educación, superando la meta propuesta del 6% para el 2010. Pero no aclaró que eso no lo aporta la Nación, ya que de su Presupuesto total ésta apenas destinó el 5,7% al sistema educativo formal que maneja el Ministerio de Educación en el 2012 y presupuestó solo 5,5% para el 2013. Estas cifras no llegan al 1,4% del PIB.
Mirando los montos del Presupuesto nacional para 2013, vemos que sobre un total de gastos de 629 mil millones de pesos, la asignación al Ministerio de Educación es de 34 mil millones (el 5,5%), apenas un 12,1% más que en 2012 en valores nominales, cuando se calcula que la inflación este año va a ser más del 20% por lo que alcanzará para menos que en 2012. En comparación, se destinan al servicio de la deuda pública 54 mil millones de pesos solo por intereses y 186 mil millones por pagos de vencimientos de capital (ver cuadro).
Por otro lado, la cifra de 34 mil millones de pesos para el Ministerio de Educación representa apenas el 1,3% del PIB estimado en 2.600 mil millones de pesos. Si a esa cifra agregamos lo que en cada ministerio se asigna a educación (planes de capacitación de personal, cursos de formación organizados por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos afines, etc., que son manejados por fuera de cualquier concurso público docente y regulación desde el Ministerio de Educación), igual no llegamos al 2% del PIB.
En definitiva, tanto por la reducción del porcentaje como por la inflación, en 2013 la educación seguirá perdiendo en lo que recibe del gobierno nacional.
Sin cambios de fondo
La realidad es que sigue imperando también en educación el esquema impuesto por la dictadura en 1978, que transfirió entonces a las provincias las escuelas primarias. Y que fue completado por el menemismo en 1992 con la transferencia de las escuelas medias. Esquema por el cual quedó un Ministerio nacional sin escuelas, que solo destina fondos para las universidades, el Fondo de Incentivo Docente y las políticas educativas centralizadas, que la nueva Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (de 2006) no modificó.
En 2006, antes de la nueva Ley de Educación, el GEC (Gasto Educativo Consolidado: Nación + Jurisdicciones) se repartía de la siguiente manera: 26% lo aportaba la Nación y 74% las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La Ley de Financiamiento anunció que modificaría esta relación para el 2010, haciendo que Nación aportara el 40% y las provincias y CABA, el 60%. No se cumplió. En 2012 Nación aportó el 30% y las jurisdicciones siguen siendo las que deben sostener la educación con el 70%.
La instancia decisiva para lograr el objetivo de la Ley de Financiamiento, para los docentes es la paritaria nacional, y aquí lo que ha pesado y pesa es la dirección traidora de la Ctera encabezada por Hugo Yasky, que ha sido y es cómplice de ese incumplimiento, avalando los techos de aumentos inferiores a la inflación, dejando inermes a los docentes en las provincias y CABA, a lo que puedan conseguir con su pelea aislada en cada jurisdicción. Jurisdicciones que están cada vez más apretadas por la disminución relativa de lo que reciben como coparticipación por los impuestos que son nacionales (aunque se originan en la actividad económica de las jurisdicciones), agravado por el impuesto inflacionario que también carga sobre ellas (por supuesto, incluyendo sus docentes), que no es coparticipable, pues el único que tiene la maquinita de hacer billetes es el Banco Central.
