Cuando este diario salga a la calle el 9 de diciembre, estaremos asistiendo al último día de 8 años de gobierno de Scioli en la Pcia. de Bs. As.
Cuando este diario salga a la calle el 9 de diciembre, estaremos asistiendo al último día de 8 años de gobierno de Scioli en la Pcia. de Bs. As.
Es necesario hacer un balance de tantos años de gobierno en una provincia que, a pesar del viento de cola en la economía, producto del precio internacional de la soja, de las retenciones, de la recarga impositiva sobre los que menos tienen, IVA, impuesto a las ganancias 4ª categoría, inflación, etc. vimos cómo la educación se fue deteriorando año a año, con desinversión en los edificios escolares, falta de mobiliario, carencia de edificios escolares para escuelas secundarias, jardines de Infantes y de adultos, presupuesto absolutamente insuficiente para la alimentación de niños y adolescentes, aumento progresivo de métodos antidemocráticos y autoritarios en la supervisión educativa, cargos aprobados desde el 2007 sin ejecutar por falta de presupuesto, carencia de personal auxiliar y de productos de limpieza para la higiene de las escuelas, y salarios que obligan a los docentes a trabajar en dos o tres cargos para poder arrimar a la canasta familiar.
El magro presupuesto que se invierte en alimentación de los chicos, tanto en desayunos, como merienda y comedores, hace que los pibes y adolescentes no tomen leche diariamente y que en los comedores se alternen los fideos y el arroz pintados de rojo, sin carne, ni pollo, ni mucho menos pescado. La CCC los viene reclamando leche, carne y huevos desde el 2000 hasta la fecha.
El gobierno provincial, hace más de 4 años que no emite recibos de sueldo a los empleados provinciales. Estamos obligados, 24 horas antes de cada cobro a mirar por Internet cuánto te van a pagar y desde hace 2 años, con la excusa de un nuevo sistema de liquidación, implementaron una forma perversa de ajuste, que consiste en que todos los meses hay miles y miles de docentes y auxiliares que no cobran sus salarios. Algunos durante meses, otros hasta un año. Los 17 paros y las innumerables marchas y ocupaciones que hicimos las 9 seccionales opositoras a la conducción provincial de Suteba, nucleadas en la lista Lila Multicolor, tuvieron el contenido del pago en tiempo y forma de los salarios, además de la defensa de las condiciones de trabajo y de una educación pública de calidad para el pueblo bonaerense. En el mes de junio de este año, se filtró una lista de la propia Dirección de Escuelas de la Pcia. en la que había más de 64.000 docentes que no cobraban su sueldo.
Durante todo el 2015 fue lamentable la inacción y la complicidad con el gobierno del Suteba dirigido por Baradel y la lista Celeste, que primero negaba el problema de cobro y luego cuando tomó estado público, lo único que hizo fueron presentaciones escritas, sin movilizar ni convocar a los docentes a una acción unificada para revertir la situación. Por supuesto que todo esto confluyó en el proceso electoral cuando desde el sindicato llamaron a votar a Aníbal Fernández en la Pcia. y a Scioli a nivel nacional.
Esto trajo como consecuencia, además de la desesperación de cada trabajador de no saber nunca si iba a recibir su salario, que las suplencias no se cubrieran porque los docentes no estaban seguros de poder cobrarlas alguna vez, con el deterioro educativo que eso conlleva en la continuidad del aprendizaje de los alumnos.
Paralelamente a esta situación, ya grave de por sí, en el conurbano y las ciudades más populosas del interior asistimos a la descomposición de las familias y la creciente inseguridad en los barrios, producto de la proliferación de las drogas y el alcohol en las barriadas más humildes, dirigidas por punteros y transas con el visto bueno de políticos, jueces y policías. La instalación de cocinas de paco y cocaína, la trata y prostitución de niñas cada vez más chicas, los suicidios y embarazos adolescentes, la ausencia de puestos de trabajo genuinos; la domesticación de las familias a través de los punteros por medio de los planes o las cooperativas, fueron marcando la existencia de centenares de miles de jóvenes sin presente y sin futuro que no estudian ni trabajan.
Toda esta situación social y económica irrumpió en las escuelas públicas: la violencia se generalizó, las denuncias por mal trato o abuso, casi siempre sin fundamento real hacia los docentes, las agresiones verbales y físicas a directivos y docentes se generalizó, incentivadas por el poder político, sobre todo desde el gobierno nacional, que fue dividiendo y enfrentando a la comunidad con la escuela donde concurren sus hijos.
A través de la mágica palabra “inclusión”, y con el objetivo de no invertir en escuelas especiales, ya que la cantidad de alumnado con capacidades diferentes creció exponencialmente después de la crisis del 2001, como consecuencia de la desnutrición de madres embarazadas y niños con carencia nutricional y de atención médica adecuada, las escuelas “comunes” empezaron a recibir niños que necesitan una atención especializada, con psicólogos, acompañantes terapéuticos, médicos, maestras integradoras que los ayuden en las posibilidades de aprendizaje. Todo esto no ocurrió, y las maestras deben contener, enseñar y evitar las agresiones y desbordes de estos alumnos, a los cuales es mentira que se los “incluye”. Porque al no darles los elementos necesarios para un tránsito acorde a sus necesidades en la escuela, la realidad es que se los está discriminando y excluyendo, mientras se miente descaradamente a los padres con el verso de la escuela “inclusiva”.
Esto trajo consecuencias en la salud física y mental de muchos docentes que se sienten incapacitados para enfrentar esta situación diariamente, sin la preparación necesaria ni la apoyatura que el Estado debe proveer para una educación apropiada.
Decimos principalmente del gobierno nacional, porque todos recordamos la apertura de las sesiones legislativas donde la presidenta Cristina Fernández nos acusó de trabajar cuatro horas y tener 3 meses de vacaciones, con lo cual invalidaba los justos reclamos salariales de los docentes. Acusaciones falsas que no tuvieron respuesta de ningún representante gremial del Suteba ni de la Ctera.
En estas condiciones deja el gobierno de Scioli la educación en la Pcia. de Bs. As. Con partidas que llegan a los municipios desde el gobierno nacional pero que no se puede comprobar en qué se usan porque las escuelas siguen en estado lamentable. Con paredes electrificadas, con techos que se derrumban después de estar años soportando las filtraciones y las goteras. Con escuelas que se inundan, sin baños para docentes ni para discapacitados (un funcionario provincial en una visita a una escuela que le reclamaba la construcción de un baño para docentes, llegó a decir que los docentes eran adultos y podían “retener”), baños de alumnos tapados, sin agua y en su gran mayoría sin puertas. Una gran cantidad de escuelas sin cloacas y con caños de entrada de agua que no corresponden a un edificio escolar, por lo cual a las 10 de la mañana se quedan sin agua todos los días, o sin luz durante meses. La infraestructura escolar puede ser mejor en algunos distritos del interior de la provincia donde los intendentes tienen mayor acercamiento a las necesidades de la población.
Además, se ha creado un sistema perverso de adjudicación de fondos: el plan Mejoras, que reciben “algunas” escuelas secundarias, según proyectos presentados al Ministerio de Educación de la Nación. Esos planes, que producen inequidad evidente con el resto de las escuelas, consiste en que se abre una cuenta bancaria a nombre del director de la escuela, y éste es el responsable de pagar los sueldos a los profesores -que siempre se eligen a dedo- para dar clases extra a los alumnos más desventajados, al estilo de tutorías. Horas que se cobran en negro y que nadie controla si efectivamente se dictan o no.
Todo esto no se hubiera podido llevar a cabo, sin el autoritarismo y la presión que ejercen desde las jefaturas distritales y regionales (verdaderos comisariados políticos) ligados a los intendentes de cada municipio, que reparten dádivas a los que profesan adhesión al kirchnerismo, y amenazan y persiguen con sumarios y desplazamientos del cargo a los que no se subordinan. Hasta ahora ha sido así y vamos a enfrentar cualquier intento de continuidad de esta práctica policial, instituida por la Ley de Educación provincial sciolikirchnerista.
Nuestra tarea ha sido y va a seguir siendo, como docentes comunistas revolucionarios, no sólo la defensa de los derechos de los trabajadores, tanto en los salarios como en las condiciones de trabajo, sino fundamentalmente en la necesaria unidad con la comunidad educativa de cada escuela para exigir de conjunto las medidas y el presupuesto necesario para recuperar la escuela y la educación públicas de calidad al servicio de los trabajadores y el pueblo, que en la provincia de Buenos Aires se ha convertido en un verdadero slogan, diametralmente opuesto a la realidad.
