El jueves 4, en una jornada cargada de emoción y lucha, el Senado de la Nación anuló el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con una contundente votación de 63 votos a favor, 7 en contra y 2 ausencias.
Con miles de familiares y prestadores rodeando el Congreso con el apoyo de organizaciones populares, se marcó un hito en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y un revés político para el gobierno, que con el verso del «equilibrio fiscal» eliminó decenas de miles de pensiones y congeló los fondos a los prestadores.
La prolongada lucha destapó además la inmunda olla de corrupción que es este gobierno, que a la par que ajustaba hacía negociados multimillonarios con jugosas coimas para Karina Milei, Lule Menem y otros funcionarios.
La Ley 27.793, que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, había sido aprobada con amplio consenso en ambas cámaras, incluyendo la unanimidad en el Senado el 10 de julio pasado. Milei la vetó el 4 de agosto, argumentando un supuesto impacto fiscal que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, oscilaba entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Este veto, justificado con «no hay plata» (para los pobres…), desató una ola de indignación entre familias, prestadores y organizaciones sociales, que denunciaron el abandono estatal y la vulneración de derechos esenciales.
Sólo los senadores de La Libertad Avanza sostuvieron con su voto el veto presidencial, pero ninguno se animó a defenderlo en el debate.
¿Qué establece la Ley de Emergencia en Discapacidad?
La norma, ahora vigente, declara la emergencia nacional en discapacidad hasta 2027, con posibilidad de prórroga por un año más. Entre sus puntos clave, establece:
Regularización de pagos y actualización de aranceles a prestadores de salud, educación, rehabilitación y transporte, con ajustes mensuales por inflación.
Asegura el financiamiento de pensiones por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo, y revisa las condiciones de acceso.
Reafirma la obligación del Estado de garantizar el 4% de empleo público para personas con discapacidad.
Para la actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD), incorpora condiciones sociales.
La fuerza de la unidad
En medio de la celebración de las familias, se planteó que “la lucha no termina”, y que ahora el desafío es la implementación efectiva de la ley. Hay conciencia, entre las organizaciones, prestadores y familiares, de que el gobierno tratará por todos los medios de sabotear esta emergencia.
Por eso se despedían de la Plaza Congreso reafirmando el camino de la unidad en la lucha, que hizo posible derrotar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, reafirmando que no pararán hasta que se cumpla en cada rincón del país.
hoy N° 2076 10/09/2025
