Luego de la evacuación del pueblo, las organizaciones sociales, gremiales, casas de estudio, etc., desplegaron toda su solidaridad para recibir y asistir a un pueblo convulsionado.
Las denuncias de incumplimiento con las normas de seguridad e higiene y desmantelamiento de la fábrica, eran una constante entre los trabajadores.
Después de haber estado por años bajo la administración del gobierno de Gerardo Morales, y un par de intentos frustrados de venderla, este año el Grupo Budeguer encabezó una sociedad anónima, comprando la fábrica a un precio irrisorio y con sospechosos beneficios de pago: «pagaron por una hectárea, lo mismo que pagamos nosotros por dos meses de alquiler», comentan los trabajadores en el pueblo.
El cinismo del gobierno y los nuevos dueños de la empresa, llegó al punto de llamar a trabajar, a los dos días de producida la catástrofe, a los propios trabajadores, todavía afectados y heridos por la dramática situación vivida: «las puertas de emergencia estaban bloqueadas», afirman algunos trabajadores que lograron escapar.
Las operaciones del gobierno para desligarse de responsabilidades no se hicieron esperar, realizando indagatorias a trabajadores testigos y ofreciendo, a los familiares de las víctimas, indemnizaciones y fuentes laborales.
Urge exigir que se investigue a fondo las causas de esta tragedia y sus responsables, y que el Ministerio de Trabajo actúe de oficio de forma inmediata, dando todo el respaldo necesario, material y psicológico, para la contención de los trabajadores y toda la familia azucarera de La Esperanza.
Corresponsal
