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05 de julio de 2017

Por primera vez desde 2004, en los 14 años que funciona el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, este salario fue fijado arbitrariamente por el Poder Ejecutivo. Esto sucedió el martes 27 de junio, tras la falta de acuerdo entre sus componentes empresariales y gremiales, en su segunda reunión convocada en la sede del Ministerio de Trabajo.

La estafa del salario mínimo

El gobierno “laudó” a favor de las propuestas patronales

 

 
En los considerandos de la resolución que se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial con la firma del ministro Jorge Triaca, la decisión se justifica diciendo que “teniendo en cuenta que se encuentra en discusión la determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil y de los montos mínimo y máximo del seguro por desempleo (artículo 135, incisos a) y b) de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias), habiendo transcurrido dos sesiones del cuerpo sin acuerdo, el suscripto se encuentra en la obligación de emitir un laudo sobre tales puntos”.
También se detalla que la representación de los trabajadores propuso que el salario mínimo, vital y móvil se fije en torno a los $14.060, lo que fue rechazado por la representación de los empleadores, que contraofertó un esquema de incremento en tres tramos: a partir del 1° de julio $8.860, a partir del 1° de enero de 2018, $9.200 y a partir del 1° de julio de 2018 $9.700.
Sin insistir en lograr un acuerdo, con un claro sesgo propatronal como surge de la resolución, el gobierno macrista “laudó”: $8.860 a partir del 1° julio próximo, $9.500 desde el 1° de enero y $10.000 en julio de 2018. O sea, prácticamente las mismas cifras y con el mismo esquema de aumentos postinflación, con el que asegura al menos el mantenimiento del robo al salario que caracteriza su política de ingresos para los trabajadores.
Tan grande es la estafa que el gobierno presenta las nuevas cifras diciendo que representan un 24% de aumento, cuando recién el mínimo de $10.000 regirá dentro de un año, ¡a partir de julio de 2018!
Este robo en el salario mínimo afecta de manera directa a los trabajadores no registrados (“en negro”), que constituyen un 35% de la fuerza laboral del país (unas 4,5 millones de personas). Y además a la gran mayoría de los trabajadores estatales (desde docentes y enfermeros hasta porteros y barrenderos) de las provincias, municipios y comunas cuyos salarios también se referencian por las pautas del salario mínimo.
 
El Seguro por desempleo
En cuanto al seguro por desempleo, las sumas serán las siguientes: en julio se incrementarán el mínimo y el máximo a $2.061 y $3.297,60 respectivamente; desde enero de 2018 a $2.209,80 y $3.535,68 respectivamente; y recién para julio de 2018 a $2.326,03 y $3.721,65 respectivamente. Lo que, aparte de ser una miseria, se queda muy detrás de la inflación, ya que el monto máximo de dicho seguro estaba en $3.000 desde junio de 2016. El seguro de desempleo sólo pueden cobrarlo los trabajadores asalariados desocupados por despidos “sin justa causa” o por “fuerza mayor”, que cuenten con los aportes patronales al Sistema de Seguridad Social, que incluyen ese seguro por unos pocos meses limitados por el tiempo de los aportes.