La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y los gobernadores José Luis Gioja (San Juan), Juan Manuel Urtubey (Salta), Luis Beder Herrera (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Walter Barrionuevo (Jujuy), se reunieron en Canadá con un grupo de empresarios mineros canadienses, entre los que destacaba la presencia del CEO de la compañía Barrick Gold, Peter Munk.
Para la prensa trascendió que Cristina fue felicitada por Peter Munk por los logros de su gestión; y Gioja, de regreso en San Juan, habló de “grandes acuerdos en la política minera”. Las felicitaciones a Cristina seguramente tuvieron que ver con el veto que hizo de la Ley de Glaciares aprobada en el 2008.
Pero no se difundió nada más del contenido de la reunión, y la excusa para tanto secreto es el protocolo del Convenio Binacional firmado entre Argentina y Chile para la realización del emprendimiento metalífero Pascua-Lama. Dicho acuerdo tiene innumerables aristas oscuras, una de ellas es el aspecto tributario, pero muy poca gente tiene acceso a los papeles firmados entre ambos países y la empresa minera.
¿Puede suscribirse como popular y nacional a un gobierno que somete a la ignorancia a sus compatriotas sobre una actividad de gran relevancia como es la mega-minería metalífera en la alta montaña?
Los debates legislativos
Por el curso que tomaron los debates legislativos sobre medio ambiente y minería en el ámbito nacional, inferimos que en el almuerzo se trazaron algunas estrategias para afrontar el tratamiento de la ley de glaciares, que nuevamente está en debate en el Congreso; y que, de aprobarse, pondrá en peligro las inversiones actuales de Barrick en la provincia de San Juan y “desalentará” a futuros proyectos en otras provincias.
Aparentemente, los operadores del kirchnerismo y los lobbistas de la Barrick sabían que en la Cámara de Diputados se iba a aprobar el “proyecto de Bonasso”, que es igual al anterior de Maffei, sancionado como ley y vetado por Cristina Fernández de Kirchner en el 2008.
Así, finalmente el 14 de julio de 2010, en la Cámara de Diputados se unificó el proyecto Bonasso con el de Filmus -aprobado en Senadores, obteniendo media sanción. Este acuerdo mantiene el artículo 2, que define y prohíbe la actividad en la zona periglaciar.
El jefe de diputados del kirchnerismo, Agustín Rossi, adelantó que la presidenta no vetaría la nueva ley, sea cual sea su contenido. Por lo tanto, en la semana previa al tratamiento del proyecto en el Congreso Nacional, y cuando en todos lados se debatía sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, los gobernadores de provincias donde se desarrolla la minería de alta montaña apuraron el tratamiento y la aprobación de leyes provinciales sobre la protección de glaciares. Así ocurrió con “éxito” en Jujuy, Catamarca, La Rioja y San Juan.
De aprobarse definitivamente en Senadores la ley nacional y sin veto presidencial, con estas leyes provinciales el costo político del desarrollo de la minería predatoria lo pagarían los gobernadores y no Cristina, ése sería en parte el “espíritu de Toronto”.
En el caso de San Juan, el contenido de la ley provincial todavía no se difunde, pero seguramente difiere del proyecto Bonasso-Filmus sobre el alcance de las áreas protegidas.
Con esta estrategia, el kirchnerismo, los gobernadores y la multinacional Barrick, ganan tiempo y se preparan para entorpecer la aplicación de una ley que sería más positiva para el cuidado de los glaciares. De aprobarse la norma en el Congreso Nacional y reglamentada, va a entrar en contradicción con las leyes provinciales. Seguramente no se van a poner de acuerdo respecto de la autoridad de aplicación, incumbencias, etc. por lo que deberán recurrir al Poder Judicial y llegar hasta Corte Suprema, para dirimir los potenciales conflictos. Este proceso puede durar años, el tiempo suficiente para la construcción y puesta en producción de Pascua Lama y tal vez otros proyectos mineros más.
Como se ve, el proyecto megaminero metalífero, intenta feudalizar el territorio nacional. En un país donde casi no existe el federalismo y la equidad entre las regiones, gobernadores como Gioja, apelan a un discurso provincial-chauvinista que es funcional al saqueo imperialista. Gioja no critica la injusta distribución de impuestos que hacen los Kirchner, pero sí habla de defender los recursos que “son de los sanjuaninos” frente a la “envidia” de los que “debaten desde el Obelisco”.
Desde ya que los glaciares y las zonas de alta montaña no son patrimonio de ninguna provincia en particular, por la sencilla razón que son nacientes de ríos que forman cuencas y atraviesan varias provincias. En el caso concreto de Veladero y Lama, ubicados en el Departamento de Iglesia -al norte de San Juan-, desde ahí parten los arroyos que luego forman el río Blanco, el Jáchal, y a través del Zanjón y el Bermejo se unen a la cuenca del Desaguadero, que termina en el Río Colorado, y éste en el Mar Argentino.
La lucha contra este proyecto
El PCR, en conjunto con una gran corriente de fuerzas heterogéneas, viene oponiéndose al desarrollo de esta política minera a niveles nacional y provincial.
En San Juan, esa lucha tomó auge a partir del 2002, cuando se hizo pública la presentación del IIA (Informes de Impacto Ambiental) del proyecto Veladero, por parte de la Barrick, para su emprendimiento al norte de la provincia.
Entre los principales aspectos que se le criticaron en ese entonces, y mantenemos hoy, están la vergonzosa violación de la soberanía, la entrega de recursos naturales a cambio de migajas, y la depredación ambiental que produce: no sólo por el uso de sustancias tóxicas, sino también por la alteración de cursos de agua y la destrucción de glaciares.
Entendemos que esta política responde a un modelo de crecimiento deformado de la economía nacional y provincial; ya que gasta infinidad de recursos no renovables (agua, energía eléctrica, combustibles fósiles, cal, etc.) en función de una actividad extractiva que no retorna sus ganancias al país. Como ya ha pasado en otros países de “tradición minera”, este modelo genera polos de población que trabajan y viven “bien”; y grandes bolsones de pobreza para los que quedan marginados.
A esta lucha se sumaron muchos sectores, de distintas clases sociales y con distintos puntos de vista, en un abanico muy variado que no siempre nos hemos logramos unificar. Esquemáticamente se pueden dividir en grupos: Están los que toman el problemas desde la defensa del modelo anterior de producción sanjuanina, principalmente los productores agrícolas, que ponen énfasis en el cuidado del agua. Están, además, los que hacen hincapié sólo en el cuidado del medio ambiente y se proclaman “antimineros”. Están los que plantean la necesidad de una minería estatal; y los que proponen que Barrick pague solamente más impuestos o regalías.
Sostenemos que cualquiera de estos planteos tomado en forma unilateral, son estériles y tienden a aislar al movimiento.
La propaganda giojista, que cuenta con el apoyo de los principales medios de comunicación de la provincia, tilda de antiminero y antisanjuanino, a cualquiera que plantee una crítica hacia la mega minería. Basan esta prédica en los “grandes beneficios” que supuestamente ha traído la minería para la provincia. Principalmente balancean la creación de puestos de trabajo directo y la “proliferación” de empresas de servicios mineros.
Lo esencial de ese discurso es falso, ya que los proyectos en general demandan mucha mano de obra durante la etapa de construcción, y luego reducen su personal al mínimo. Actualmente, en Veladero trabajan alrededor de 3.000 personas (700 empleados de Barrick, más las empresas contratistas) de los cuales más de la mitad son extranjeros, todo esto sobre una población económicamente activa de 250 mil. Los prestadores de servicios mineros son filiales de empresas multinacionales, y los proveedores locales son empresas que ya existían y re orientaron su actividad hacia la minería.
No obstante esto, la implantación del proyecto mega minero ha contribuido a la creación de un bloque de burguesía sanjuanina que se ha prendido en el negocio, y es la base de apoyo del gobierno provincial. De esta forma, el eje del desarrollo económico de San Juan -que siempre fue agrícola y con preponderancia de la vitivinicultura- se ha corrido hacia la actividad minera metalífera. Además, las clases dominantes de la provincia han logrado captar la expectativa de gran parte de la clase obrera que necesita trabajo, y ve en el discurso del gobierno una posibilidad de salir de las penurias.
El camino
El PCR no propone un desarrollo productivo anti minero. Proponemos un proyecto distinto de desarrollo nacional que, bajo la dirección del Estado y el control de las palancas claves, integre minería-agricultura y propicie un desarrollo industrial que contemple los intereses de los sectores populares, con un adecuado cuidado del medio ambiente.
Esto únicamente es posible de la mano de un nuevo tipo de Estado, que ejerza soberanía y decida cómo y cuándo usar los recursos naturales nacionales. Con este objetivo luchamos por conformar un gran frente de clases sociales que se opongan al actual proyecto giojista-kirchnerista, teniendo como base la participación del movimiento obrero en las distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas.
