Desde hace un tiempo existían en el Congreso de la Nación varios proyectos de ley de expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica), tras conocerse los enjuagues en torno a la misma del vicepresidente Amado Boudou, que está imputado en la Justicia. Entonces el gobierno de Cristina Kirchner, enchastrado hasta la cabeza en ese “negocio”, intervino la empresa para encubrir su responsabilidad y envió su propio proyecto de expropiación, contando con la “mayoría automática” en el Congreso. También buscó encubrir su nefasta política inflacionista, de destrucción de nuestra moneda, envolviéndose en la bandera de “defensa de la soberanía monetaria”.
Con esa maniobra, además, logró dividir a los sectores opositores que habían presentado los diferentes proyectos de expropiación. Unos apoyaron la expropiación, sin por ello dejar de denunciar la maniobra del gobierno; otros optaron por retirarse, al no lograr que el oficialismo incorporara en la ley los requisitos mínimos de control en el manejo de la expropiación, y otros votaron en contra de la ley, para dejar en claro que no compartían la maniobra, aunque eso implicara votar junto a sectores que se oponen a cualquier tipo de expropiación.
Siendo partidarios de la estatización de la ex Ciccone con control de los trabajadores, compartiendo el reclamo de investigación y castigo a sus vaciadores, comprendemos las razones de quienes se retiraron o votaron en contra de esta ley, no oponiéndose por principio sino como una forma de denunciar lo que el gobierno kirchnerista busca con la expropiación de esta empresa. Ahora es necesario reunir la mayor cantidad de fuerzas para luchar por el control de sus trabajadores y lograr un papel activo en el Congreso, para evitar que con el manejo de esta expropiación por sus propios vaciadores, no sólo queden impunes sino que además la empresa y la propia Casa de la Moneda sigan siendo otro barril sin fondo de “los desconocidos” que están detrás de The Old Fund.
El por qué de la confusión
En primer lugar, no queda claro qué es lo que el gobierno ha expropiado. En el caso de YPF se sabía claramente que eran las acciones de Repsol hasta el 51% del capital de la empresa. La ley que se acaba de sancionar, en su artículo 1°, dice que se expropia “la compañía”. Es decir: no se sabe si el Estado está quedándose con la propiedad de las acciones o con la propiedad de los bienes (máquinas) y las deudas.
En cualquier caso, para los titulares de las acciones no habrá mucha diferencia: el Estado pagaría al propietario de The Old Fund (sea que detrás de esa cáscara estén Boudou o cualquier otra persona) la suma más cercana a cero, porque compensará las deudas que Ciccone tiene con la AFIP. En términos sencillos: la ley le traerá a Boudou o al titular de The Old Fund un poco de tranquilidad judicial, aunque esto no es gratuito, pues implica la resignación de un ingreso por parte del fisco. Y de un ingreso al que también tienen derecho las provincias.
Cristina Kirchner designó al ministro de Economía y ahijado de Amado Boudou, Hernán Lorenzino, interventor en la compañía, sin que mediara decisión judicial alguna. Al promover la confiscación, Lorenzino sostuvo que no iba a costar un peso, ocultando que de esa manera la AFIP dejaría de cobrar 247 millones de dólares, y no se sabe cuanto la Anses y Rentas de la provincia de Buenos Aires. La generosidad de Lorenzino con el dinero público tiene una explicación penal. Si la AFIP reclamara las contribuciones patronales que adeuda la ex Ciccone, debería imputar a los dueños de la empresa, revelando sus identidades. Es el dato que tratarán que nunca aparezca.
En cuanto a los acreedores privados, la situación puede ser distinta. Si el Estado se quedase sólo con los bienes de la empresa (máquinas) y las deudas, dichos acreedores sólo podrían reclamar contra una sociedad Ciccone residual, una cáscara vacía de bienes. En cambio, si el Estado se queda con las acciones de la sociedad, pasará a ser titular de una Ciccone estatal: así, esos acreedores podrán reclamarle sus acreencias al Estado nacional. Negocio redondo para algunos capitalistas amigos del poder, a la hora de recuperar los créditos o préstamos que le hicieron a Ciccone para que siguiera operando durante estos últimos dos años.
Está claro que sería menos caro para el Estado y para todos los contribuyentes expropiar sólo las máquinas o comprar nuevas, antes que expropiar las acciones.
Otras “desprolijidades”
Además está el tema de la maquinaria de la ex Ciccone, que muestra que todos los enjuagues que hizo el gobierno kirchnerista con el pretexto que se necesitaba la ex Ciccone para imprimir billetes, no fueron más que acciones o inacciones en desmedro de la Casa de la Moneda, para favorecer a “los desconocidos” que armaron The Old Found. Pues desde 2010 existía un informe firmado por el entonces gerente de Producción de la Casa de Moneda, Roberto Pedretti, asegurando que la empresa Ciccone, es “una fábrica obsoleta que no sirve para producir billetes”, como hizo conocer en la Cámara el diputado radical Manuel Garrido, ex director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción.
Ahora además se supo que el 1° de junio pasado, a pesar de que el gobierno ya proyectaba la estatización de la ex Ciccone, la presidenta de la Casa de Moneda, Katya Daura, hizo traer desde Suiza, por avión y sin licitación, impresoras, procesadoras y cortadoras de papel por 13.654.400 de dólares. Lo que también estaría indicando que la expropiación de la ex Ciccone poco tiene que ver con la “defensa de la soberanía monetaria”, que eso se podría haber resuelto con la ahora apresurada incorporación de nuevos equipos a la Casa de la Moneda (ya estaba presupuestada en 2010 y no se realizó para darle el negocio a la ex Ciccone, rehabilitada entonces gracias a los “buenos oficios” de Boudou y Echegaray). Aparte que se podría reducir y abaratar el trabajo de la Casa de la Moneda imprimiendo billetes de mayor nominación, es decir, de 200 y de 500 pesos, pero eso implicaría al gobierno reconocer el deterioro de la moneda que viene provocando con su política inflacionaria.
Ante todas estas evidencias, una vez lograda la ley, al gobierno de Cristina Kirchner se apresuró a insinuar que no dejará sin trabajo a la ex Ciccone. Así hizo trascender que a través del ministro de Justicia, Julio Alak, le encargará la fabricación de las chapas patentes de automóviles y motos; de la cédula verde y la cédula azul; de los títulos de propiedad automotor, y de todos los formularios que se usan para tramitar las transferencias de todo tipo de vehículos.
