Una nota en un diario digital de la provincia, tituló la noticia que relataba el contenido del fallo como “Cuando la bala perdida sí la paga el estado Provincial”, haciéndose eco de la farsa montada desde el Estado.
Una nota en un diario digital de la provincia, tituló la noticia que relataba el contenido del fallo como “Cuando la bala perdida sí la paga el estado Provincial”, haciéndose eco de la farsa montada desde el Estado.
Lo cierto es que si bien el Superior Tribunal confirma el fallo que hizo lugar a la demanda de los padres contra el estado Provincial, queda en sus fundamentos un engranaje más de la farsa judicial que garantizó la impunidad de los asesinos. El fallo confirmado expresa en sus párrafos: “la indeterminación de la procedencia del proyectil que provocó la muerte de Luis Marcelo Cuellar no impedían elaborar un juicio de reproche en función de la reparación de los daños (…) Resultaba evidente el nexo entre el daño y la participación de grupos enfrentados y contrapuestos, uno de los cuales obraba ilícitamente -los manifestantes- y otro en el marco de la ley -las fuerzas policiales-. (…) La acción de los dos grupos fue determinada, aunque no pudo identificarse a cuál de ellos pertenecía el responsable”.
Marcelo Cuellar fue asesinado en una movilización popular en Libertador General San Martín el 10 de octubre de 2003. Dicha movilización fue en repudio al asesinato de Cristian Ibañez en la comisaría 39, Hugo Salomón Guerra. La indignación por dicho crimen motivó combates callejeros entre manifestantes de la CCC y gente del pueblo, con la policía. En medio de horas de combates, apareció quien era jefe de policía del entonces gobernador Fellner, Carrizo Salvadore, represor dictatorial hoy detenido. Este jefe policial iba por la calle ledesmense con un arma en la mano, como muchos otros policías.
Otro policía con arma de fuego era Subia, quien fue el que disparó contra Marcelo asesinándolo, el propio Marcelo lo denuncia a este y a Quispe antes de morir. En el pueblo, ya estaba instalado el juez Argentino Juarez dando órdenes en la represión y en los días que siguieron, con persecuciones a integrantes de la CCC, entre ellos Kike Mosquera. También había 12 manifestantes detenidos. Juárez renunció como juez por corrupción el año pasado, luego de la lucha de La Casa de la Mujer Maria Conti, junto a la CCC, por haber liberado a violadores confesos por cobrar coima, y demás denuncias.
Subia también fue imputado en la causa penal pero el juez Juarez lo sobreseyó, a pesar de haber sido Juarez uno de los que dio las órdenes de represión que motivó la muerte de Cuellar. Es decir, el mismo juez que tuvo responsabilidad en la muerte de Cuellar, luego juzgó a su asesino, cerrando la causa para él en forma definitiva conforme a nuestras leyes penales. Quedó sí detenido un “perejil”, el Aleman, quién fue luego sobreseído en el juicio oral, quien además reconoció en ese juicio haber disparado armas de fuego.
Fellner, responsable político del asesinato de Marcelo Cuellar en la represión fue "premiado" por el gobierno k como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y ahora volverá a ser candidato a gobernador.
El ex juez Juarez no tiene ningún proceso abierto por este crimen. Carrizo Salvatore tampoco. Cari, comisario de la 39 fue ascendido al cargo de jefe de protección ciudadana. Ninguno de los policías que dispararon con armas de fuego (a excepción de Aleman) han sido ni siquiera citados en la causa.
El asesino de Cuellar, el oficial Subia, camina en libertad. Y a pesar de haber sido visto disparando el arma con la que se mató a Cuellar, nada se puede hacer contra él en el terreno judicial: el sobreseimiento cierra para siempre la acción penal.
La impunidad de este crimen se cerró. Y si bien un fallo hace lugar a la justa indemnización que debe pagar el Estado a sus padres, con sus fundamentos no hacen más que poner una piedra más en el camino de esta farsa estatal.
