La India, este gran país asiático en el que viven más de 1.300 millones de personas, viene siendo conmovido por una oleada de luchas frente a las políticas de Modi, que en lo económico han significado un gran deterioro de los salarios, un altísimo endeudamiento de pequeños agricultores (con una alta tasa de suicidios por no poder pagar los créditos), el gran desempleo, una feroz política privatizadora, y una creciente persecución a los musulmanes, que son la minoría religiosa más importante del país.
La huelga general del 8 de enero fue convocada por un conglomerado de centrales sindicales, a las que adhirieron organizaciones agrícolas y estudiantiles de todo el país. Los principales centros industriales del país se paralizaron en un 100 por ciento. Así ocurrió en Maharashtra, el estado más industrial de la India donde participaron 26 sindicatos. También fue gigante la huelga en la zona industrial de Sahibabad en Delhi NCR, donde la producción en miles de establecimientos pequeños y medianos se vio gravemente afectada. Se paralizaron las empresas del sector público como el acero, el carbón, otras actividades de minería, producción de defensa, puerto y muelle, petróleo y gas natural, telecomunicaciones, generación de energía, etc., y se movilizaron decenas de miles de trabajadores bancarios, mineros, ferroviarios. Además se sumaron a la huelga los trabajadores del sector privado en ingeniería, automóviles y componentes, telecomunicaciones, metales, textiles y prendas de vestir, energía y muchos otros sectores.
La Central de Sindicatos Indios (CITU), presentó una demanda de 12 puntos, entre otros: Medidas urgentes para contener los aumentos de precios a través de un sistema de distribución pública universal y la prohibición del comercio especulativo en el mercado de productos básicos. Un esquema de generación de empleo para combatir el problema del desempleo en India. Aplicación más estricta de todas las leyes laborales básicas. Seguridad social universal. Un salario mínimo de al menos 15,000 rupias (210 dólares) por mes. Una pensión garantizada para toda la población en edad laboral. Salario igual para trabajos iguales. El cese de las leyes pro patronales y anti laborales. El fin de la inversión extranjera directa en industrias clave como el ferrocarril, la defensa y las finanzas.
Los trabajadores estuvieron acompañados en la inmensa jornada de protesta por los sectores agrícolas, tanto pequeños y medianos propietarios como trabajadores, que se manifestaron en 480 distritos del país. La demanda principal está vinculada a mejores precios para los productos, aumento de los salarios y exención total de la deuda. Además, salieron a las calles miles y miles de estudiantes secundarios, terciarios y universitarios de más de 60 universidades de todo el país.
Además de marchas en las principales ciudades de la India, una extendida modalidad de lucha fueron los piquetes en las vías del ferrocarril, el principal medio de transporte, garantizando su paralización.
Un aspecto particular de la lucha de los sectores populares son las medidas que está tomando el gobierno de Modi contra la minoría musulmana, cercana a las 200 millones de personas. El partido al que pertenece Modi, Partido del Pueblo Indio (BJP sus siglas en inglés), pretende una India puramente hinduista. Desde su reelección en abril de 2019, Modi ha avanzado contra los musulmanes quitándole la autonomía a Jammu y Cachemira, único Estado de mayoría musulmana en el país, y escenario de una larga disputa territorial con Pakistán.
Además, el gobierno consiguió aprobar una reforma de la Ley de Ciudadanía, que facilita el acceso a la nacionalidad india de refugiados provenientes de Pakistán, Bangladesh y Afganistán, pero excluye a los musulmanes. Consagra así, por primera vez en la India moderna, el criterio religioso a la hora de definir quién es indio y quién no.
La huelga general del 8 de enero unió a estas distintas reivindicaciones y promete luchas aún más amplias en los próximos tiempos.
Hoy N° 1798 15/01/2020a
