En esta nota, conversamos con José Iglesias, padre de Pedro, muerto en Cromañón. Padre y abogado, es una de las cabezas de querella en el juicio. En esta nota refleja el accionar judicial vinculado al poder político para asegurar la impunidad de la corrupción de Estado.
–¿Cómo ha recibido en su condición de padre abogado, el reciente sobreseimiento de Aníbal Ibarra?
–Es una pregunta que me han hecho habitualmente y que es reveladora de la situación dramática que enfrentamos. Pareciera que las decisiones de nuestro poder judicial pudieran ser recibidas de una manera desde la profesión y desde otra desde las víctimas. La profesión forma parte del sistema y comprende a al impunidad como una presencia cotidiana, diría habitual del sistema. Incluso a veces, la profesión actúa en pro de obtenerla, vendiéndola luego como uno de los éxitos del respectivo profesional. Por eso a veces el discurso identifica al abogado como el “operador”, denunciando con ese sustantivo evaluador, la complicidad de la profesión. Yo era, antes del 30-12-04, un abogado y luego de esa fatídica fecha en ese que antes era, se encarnó la víctima. A partir de allí mi visión se modificó y ya no puedo vivir consintiendo esa duplicidad: para mí es intolerable la impunidad y también la complicidad de muchos colegas. El sobreseimiento de Ibarra se inscribe en este análisis. Ya aparecerán abogados citando como sabia doctrina párrafos del fallo de Casación reivindicándolo en una construcción científicamente sostenible. Luego vamos a ver defensores de otros miserables como Ibarra, postulando el rechazo de denuncias penales con la invocación del fallo de Casación como precedente y quedará como un precedente que se consulta en las bases de datos de jurisprudencia, que suelen ser el mejor escondite para las peores mezquindades de la historia judicial. El sobreseimiento de Ibarra es una de ellas. Es la consumación del servilismo del poder judicial hacia le poder político de turno. Todo hipócritamente encubierto el discurso supuestamente dogmático, absolutamente divorciado de las propias constancias de la causa.
–Desde esa opinión, ¿cuál la relación que, en nuestro país, ve usted entre lo jurídico y lo político?
–Es una relación profunda e intensa. No está mal que así sea, al gran problema es no percibirlo. Cuando se pierde la conciencia de ese vínculo, el abogado se convierte en operador, en tecnócrata. El abogado tiene en el derecho un exquisito instrumento de liberación, como también una fenomenal máquina de subyugamiento. La masacre de Cromañón me golpeó de muchas maneras, una de ellas fue actualizándome en la conciencia de esta relación, conciencia que el curso de la vida había adormecido.
De algún modo, la causa Cromañón (incluyo en esto todo lo que se desarrolla en el Poder Judicial, como todo el movimiento que se desenvuelve socialmente en torno de las reivindicaciones que reclamamos los padres y familiares de las víctimas de Cromañón) funciona como un revelador de las peores manifestaciones de derecho y política. Cromañón desnuda a una jueza Crotto, como servil instrumento de la esterilización judicial de las vetas más riesgosas de la causa. A los jueces Bruzzone, Garridos y Pociello, como convalidadores de esa dirección política, procurando vestir las decisiones tras la patina de un prestigio de insobornabilidad (mientras un doctor Filozzoff transmite las indicaciones del poder) a la Cámara de Casación, negociando un sobreseimiento por un cajoneo de juicio político. Yo escuché de boca del propio juez Riggi la sincera frase “doctor, tenemos que negociar”, refiriéndose literalmente a sus colegas, pero ocultando en ellos a los reales interlocutores. Cromañón muestra los procederes de una justicia venal, inepta, pretenciosa y fundamentalmente, paciente constructora de la estructura de poder más corrupta de la historia argentina. Estos jueces son las más eficientes herramientas de la facilitación de los atracos, de los vaciamientos, de las muertes. En este territorio, lamentablemente los empeños dignos de un juez como Lucini o los que puedan demostrar otros jueces honestos, quedan como solitarios esfuerzos de una estructura corporativa que los aísla, los asfixia o los expulsa.
Aun así no abjuro de pelear y de emplear todas las herramientas que me brinda mi profesión, ni de perfeccionarme lo más posible en el uso de ellas. La pelea hay que darla igual y en el terreno que propicia esa estructura. No hay que hacérselas fácil. El derecho es un sistema complejo dentro del cual están los corruptos, los ineptos, los vagos y también los honestos. A veces una pretensión justa puede coincidir con un juez honesto. Para que esto pueda ocurrir hay que desplegar todas las pretensiones, de la manera más elaborada posible, para que de ocurrir esa coincidencia, pueda ser aprovechada. Aún desde la desesperanza, hay que construir la mejor presentación posible: la honestidad puede ser el interlocutor o los tiempos políticos pueden cambiar (y el Poder Judicial es inmediatamente receptivo a los cambios de aire…)
–¿Cuáles son los caminos jurídicos frente al sobreseimiento?
–En lo interno, estrictamente el Recurso Extraordinario ante la Corte que, obviamente, ha sido deducido. En lo externo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que la fenomenal privación de justicia que consuma ese sobreseimiento es posible reciba tratamiento por ese Tribunal. Según la jurisprudencia de esa Corte hay responsabilidad internacional del Estado por toda violación de derechos humanos, las que acontecen no solo por la acción de los agentes del Estado, sino también por la omisión de éste en la evitación de transgresiones a derechos esenciales como el de la vida.
Sin perjuicio de eso existen otras causas que involucran penalmente a Ibarra:
l La causa de la emergencia, en la que se persigue la responsabilización por los abandonos de personas seguidos de muerte consumados por el operativo de rescate de las victimas no desplegados el 30 y 31 de diciembre de 2004;
l La causa “Romagnoli”, donde se investigan los sobornos consumados durante el juicio político, al mencionado Romagnoli, a Baltroc y las malversaciones de dineros públicos en todo el operativo mediático implementado durante ese proceso;
l Las causas denominadas de asociación ilícita, en las que se investigan las redes de corrupción en la noche, en el casino, en el Instituto de la Vivienda, en los subtes, en obras públicas (una serie de causas que están en tribunales).
En definitiva, como antes decía, una importante estructura de pretensiones penales esperando la feliz coincidencia del reclamo de justicia con el juez honesto.
