Estamos a pocos días de un nuevo aniversario del nefasto golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que inauguró la peor etapa de terror fascista de nuestro país en el siglo 20.
Este 24 de marzo, nuevamente, centenares de miles saldremos a las calles, bajo la convocatoria de las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que desde hace más de 15 años viene encabezando las luchas por las libertades democráticas, tanto las de ayer como los de hoy.
Estamos a pocos días de un nuevo aniversario del nefasto golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que inauguró la peor etapa de terror fascista de nuestro país en el siglo 20.
Este 24 de marzo, nuevamente, centenares de miles saldremos a las calles, bajo la convocatoria de las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que desde hace más de 15 años viene encabezando las luchas por las libertades democráticas, tanto las de ayer como los de hoy.
El gobierno de Cristina Fernández afirma que hoy, a 36 años del golpe “La impunidad pierde la partida”. Su balance es que “con el impulso decisivo del presidente Néstor Kirchner, el Congreso consagró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”, y se condenaron “229 imputados de lesa humanidad”. Pero fue esta lucha de 36 años la que consiguió la reapertura de los juicios.
El gobierno intenta desconocer la inmensa lucha de sectores populares por la anulación de estas leyes, desde el momento de su implantación, pelea que duró 18 años, durante los cuales el kirchnerismo no hizo el más mínimo apoyo a este planteo. Esto sin hablar de la resistencia, desde el mismo comienzo de la dictadura, contra ella y la denuncia de las desapariciones, encarcelamientos y torturas, en la que los Kirchner no tuvieron nada que ver.
Por el otro lado, el kirchnerismo afirma un camino que es el de los “juicios comunes” para los responsables de un genocidio (hubo una planificación sistemática para aplicar terrorismo de Estado), camino que han rechazado organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.
Porque si bien los juicios conseguidos son un triunfo de la lucha popular, y los condenados bien condenados están, no cerramos los ojos a que este camino facilita, en los hechos, el “punto final biológico” para decenas de responsables de crímenes contra el pueblo. La modalidad de estos juicios ha permitido por ejemplo, como se vio en la ESMA, que algunos responsables sean absueltos por formalidades jurídicas.
No hay una política de Estado en derechos humanos. El gobierno se ha opuesto al histórico reclamo de juicios por jurados, agrupados por campo de concentración, y a establecer la culpabilidad por grado de responsabilidad en la represión. Este gobierno, además, se niega sistemáticamente –a casi nueve años de haber asumido– a abrir todos los archivos del Estado, un material insustituible tanto para ir a fondo en juzgar a los responsables de tantas atrocidades, como para avanzar en la recuperación de los hijos apropiados, saber qué pasó y dónde están los cuerpos de los compañeros secuestrados y aseinados, y reparar la verdadera memoria histórica.
La segunda desaparición de Julio López
Al ser tratados como crímenes comunes, los juicios se han fraccionado de tal manera que, por ejemplo en la “causa ESMA”, como afirmó Patricia Walsh, hija del escritor Rodolfo Walsh y quien presentó el proyecto de anulación de la obediencia debida y el indulto cuando fuera diputada: “en la ESMA hubo alrededor de 5 mil víctimas. Menos de un centenar de esas víctimas salvaron sus vidas. O sea que tenemos alrededor de 4.900 personas que perdieron la vida, y estamos juzgando 86 casos… Lo que siempre hemos cuestionado es la fragmentación de estos juicios, que obliga a los sobrevivientes y a los testigos a declarar una y otra vez en un país donde, además, seguimos reclamando la reaparición con vida de nuestro compañero Julio López, que era precisamente un testigo fundamental para la condena de Miguel Osvaldo Etchecolatz.”
Precisamente el segundo secuestro y desaparición de Jorge Julio López, ocurrido hace ya casi seis años, desnudó que el aparato estatal de la dictadura no fue desmantelado, y que está plagado de torturadores, asesinos, grupos de tarea, jueces y fiscales que vienen de la dictadura. Al día de hoy, el gobierno no sólo no ha dado la más mínima respuesta en el caso de Julio López, sino que mantiene una política de desprotección de testigos en estos juicios, que pretende amedrentar a los mismos. Por todo esto es justo el reclamo de quienes, como Teresita Castrillejo, compañera de nuestro querido Manuel Guerra, secuestrado en 1977, plantean “No tenemos que probar nada: está probado por la muerte de 30.000 compañeros y compañeras, por las torturas, por la apropiación de niños. Ellos deben expiar su culpa y no nosotros probar los secuestros como si fueran crímenes comunes”.
De la impunidad de ayer a la de hoy
El gobierno kirchnerista, con su discurso, intenta ocultar su responsabilidad en gravísimos hechos represivos que se vienen sucediendo desde el 2003. Desde los asesinatos de Marcelo Cuellar y Cristian Ibáñez en Jujuy, pasando por el del maestro Fuentealba en Neuquén, hasta los últimos hechos de Formosa, Indoamericano, Ledesma, Santiago del Estero, Mariano Ferreyra, y el más que dudoso “accidente” que costó la vida del dirigente qom Mártires López.
Con el mismo discurso de los “derechos humanos”, el gobierno cooptó a algunas de estas organizaciones y/o dirigentes, que cada vez más actúan en política como sus punteros, causando un gran daño a la lucha democrática, y engordando ideas de derecha en sectores de las masas. No otra cosa es la corrupción denunciada en la Fundación que dirige Hebe de Bonafini.
En los últimos tiempos, esta política represiva ha recrudecido. No hay lucha popular donde alguno de sus dirigentes no termine procesado (ya suman más de 6.000, según denuncian algunos diputados). Algunos de los procesados han sido encarcelados.
Y lo que es peor, es que muchos de estos procesos, como el de los compañeros de Kraft Ramón Bogado, María, Rosario, Jorge Penayo entre otros, se han hecho sobre la base del espionaje ilegal (Proyecto X), llevado a cabo por la Gendarmería nacional, fuerza que responde directamente al Ministerio de Seguridad que dirige Nilda Garré. Este “Proyecto X” echa por tierra el absurdo intento del gobierno de “tirarle la pelota” de la represión a los gobiernos provinciales.
A esta escalada represiva hay que sumarle la aprobación en el Congreso, a instancias del gobierno de Cristina Fernández, de la “ley antiterrorista”, por la cual cualquier argentino que luche por sus derechos puede llegar a ser acusado de “terrorista”. La sanción de esta ley, así como los 19 luchadores populares muertos en el último año y medio, marcan una profundización en la política represiva del gobierno.
Para la impunidad no hay feriado
Por todo esto, el sábado 24 de marzo, en todo el país, estaremos en la primera fila de los actos y movilizaciones convocados por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y distintos reagrupamientos, en una jornada de lucha más para que de verdad la impunidad de ayer, y la de hoy, pierda la partida.
