Como se ha visto estos días, por el apriete a los diputados nacionales para que traten la llamada reforma previsional y el despliegue de todas las fuerzas represivas del Estado Nacional, el cambio de la fórmula jubilatoria era la más importante de las pretensiones del gobierno de Macri. En lo inmediato, porque de ahí saldrán los fondos para financiar el resarcimiento a las provincias por la eliminación del Fondo del Conurbano y también los 65.000 millones de pesos que recibirá María Eugenia Vidal. Si el Congreso no la aprobaba se iba a caer el “pacto pampa” con los gobernadores (salvo el de San Luis) y con él todo el paquete de la llamada reforma tributaria.
Pero, además, lo que está de fondo en el cambio de la fórmula jubilatoria no es sólo el robo inmediato a los jubilados que implica, sino su permanencia en el tiempo, que es lo que reclaman los acreedores imperialistas y el FMI como parte de la garantía que exigen para seguir expoliándonos con sus préstamos. De ahí el dramatismo que puso el presidente Macri al presionar para que se aprobara la reforma. Clarín, como vocero de esos intereses trasmitió algo que suena a un ultimátum con fecha fija: “si esta ley no se aprueba, el gobierno se cae antes de abril”.
Un robo generalizado
El cambio en la fórmula de movilidad alcanza a más de 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH.
En vez del índice de ajuste semestral, en base 50% a la evolución de los salarios y 50% a la recaudación, que se utiliza actualmente, regirá otro conformado 70% por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y el 30% restante por la variación del Ripte, un indicador del Ministerio de Trabajo que mide la evolución del salario de los estatales. Es decir que con el nuevo índice se evita que todo aumento en los salarios privados de convenio y en la recaudación del Estado mayores a la inflación, esa plata se destine a un mejoramiento real de la situación de los más de 17 millones de personas castigadas por este cambio en la fórmula de movilidad.
Además, en lugar del aumento semestral, se aplicará una actualización por trimestre. En lo inmediato, esto significa que en marzo de 2018 en lugar de otorgarse el aumento semestral de julio-diciembre, calculado entre un 12 y un 15%, se otorgará el aumento de la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, que arroja un 5,7%. Así de arranque nomás, hay una merma en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en su ajuste. Y es sobre esos haberes así ajustados, que se aplicarán los porcentajes de los futuros aumentos. Si para 2018 se calcula un robo entre 70 y 100.000 millones de pesos al sistema, por más que para el futuro el índice se ajuste por la inflación se garantiza a los usureros imperialistas que ese robo se seguirá manteniendo en el tiempo.
Con la fórmula actual, por ejemplo, a un haber de $ 10.000 le correspondería un aumento de entre 1.200 y 1.500 pesos en marzo de 2018. En cambio, con el proyecto oficial, el aumento sería de sólo 570 pesos. Una quita que holgadamente supera los $630 por haber jubilatorio, que es el punto de partida para lo que los abogados constitucionalistas califican como “aplicación retroactiva” que daría lugar a muchos juicios de “inconstitucionalidad”. Lo que no se resuelve con el bono para marzo no sólo por lo escaso sino porque al ser por única vez no se lo incorpora a los haberes, por lo que la base para los futuros aumentos seguirá siendo el monto de marzo con la quita realizada.
Mentiras interesadas
Como parte interesada, por los fondos que recibirá y las garantías que también le exigen los usureros internacionales para seguir endeudando la provincia (acababa de volver de China), la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, saltó diciendo: “Nadie se está apropiando de los recursos de los jubilados”. Y argumentó para justificarse: “La mitad de lo que reciben los jubilados se paga con los aportes de los que trabajan, la otra mitad con nuestros impuestos”. Como si los impuestos fueran sólo de ellos, cuando gran parte de los mismos los tienen que pagar todos los trabajadores incluidos los propios jubilados y los niños en los impuestos al consumo como el IVA (hasta en las boletas del agua, la luz y el gas), en los combustibles, etc. Buena parte de ellos corresponde que vayan a la Anses, cuando a ésta se le hace pagar además de las jubilaciones y pensiones, la AUH y las asignaciones familiares que son parte del salario de los trabajadores que aportan al sistema.
Encima se dice: “Las reformas que estamos proponiendo garantizan el sistema jubilatorio”. Para mentir hay que tener cara: la reforma tributaria que impulsa la administración de Macri propone que el Impuesto a las Ganancias se coparticipe con las provincias en su totalidad, cuando actualmente se retrae un 20% de forma anual para el financiamiento de Anses. Esto implica una pérdida para el sistema de alrededor de $130.000 millones para el año 2018. Y se dice que eso se lo compensa con la propuesta de asignar a la Anses la totalidad de recaudación por créditos y débitos. Hasta ahora, la transferencia de fondos por impuesto al cheque era de un 70%, por lo cual, el año próximo se suman recursos por $60.500 millones, es decir menos de la mitad de lo que se le quitará por Ganancias. Pero además el proyecto de reforma tributaria contempla una rebaja en el pago de contribuciones patronales, que son parte del salario diferido que hoy va al sistema jubilatorio, con lo que el resultado será una mayor desfinanciación futura del mismo.
