Los proyectos del senador Abraham de Unidad Ciudadana de modificación de la Ley 7722 y de los senadores Agulles, Carniolo y el mismo Abraham sobre Parques Industriales Mineros, vendría a garantizar nuevamente la expoliación de nuestros bienes comunes, nuestra riqueza, con el riesgo de contaminación de nuestra agua que eso implica, por parte de esos monopolios.
A cambio de qué? a cambio de unas monedas más para la provincia para mejorar obras de agua, relativizando la importancia del principio precautorio y ampliando algunos “controles”, pero, tocando contenidos de fondo de la Ley 7722.
Dos de las modificaciones importantes son, la sustitución de necesidad de aprobación legislativa de la DIA (un filtro que dice si o no y que por ejemplo frenó San Jorge) por una Bicameral con poder muy difuso para actuar preventivamente. Y el otro, la sola omisión de la frase “y otras sustancias tóxicas similares” abre la puerta a San Jorge y su xantato y cualquier otro tipo de explotaciones similares.
Se tergiversa la realidad de la explotación megaminera
Se tergiversa la realidad de la explotación megaminera, hablando de que es intensivo laboral, es sustentable y que representa una gran inversión de capital, ocultando quién es el gran beneficiario de esa inversión. Se acude a la justificación de desarrollo provincial y de generación de riquezas como dos de los fundamentos de establecimiento de la megaminería metalífera.
Entonces habría que preguntarse si esto es una herramienta con la que se puede paliar la desocupación, la pobreza y el hambre en Mendoza. Sin duda que no.
¿Quiénes van a ser los beneficiarios de esa riqueza?
¿El pueblo de Mendoza? No. Más bien las cuentas de esos monopolios y un puñado de socios locales.
La riqueza no la produce la inversión de capital, la produce el trabajador con su esfuerzo diario.
Los ejemplos de provincias vecinas y de los pocos emprendimientos en Mendoza lo demuestran. Nadie se olvida de los sucesivos derrames en Veladero y sus terribles consecuencias ambientales. Todavía está fresco el recuerdo de Vale y sus despidos y más aún las falsas promesas de puestos de trabajo locales en Malargüe para el fracking.
Está totalmente claro, que esas grandes empresas extranjeras, vienen solo por su ganancia, a costa de cualquier daño ambiental y cuando no le cierra la ecuación económica es el Estado quien debe ayudarlas o terminan yéndose sin más preocupación.
Nunca se instalan para generar bienestar económico en un ambiente sano para la gran mayoría de la población del lugar.
El pueblo de Mendoza ya lo dijo
El agua de Mendoza no se negocia y la 7722 No se toca.
Solo un proyecto de manejo integral de nuestros bienes comunes que tenga como principios fundamentales satisfacer las necesidades vitales del pueblo y la patria (no asegurar la ganancia de los monopolios), respetando la voluntad y la licencia social dada por la población que pueda ser afectada, es merecedor de la consideración de la población.
Es decir, gestionar nuestros bienes comunes, en la forma, el momento y las condiciones que la población acuerde y para satisfacer necesidades vitales, garantizando el menor perjuicio posible a las generaciones futuras.
Partido del Trabajo y del Pueblo, Mendoza
Fuente: ptpmendoza.com
