El gobierno nunca tuvo voluntad de resolver el conflicto agropecuario, por el contrario siempre buscó generar las condiciones para que no se logren soluciones.
Primero lo hizo postergando el inicio de las negociaciones, luego tratando temas secundarios y dilatando la discusión de las retenciones y por último, incumpliendo los acuerdos ya alcanzados. Al mismo tiempo, tal cual como ha sucedido a lo largo de nuestra historia, estas políticas están provocando un sacudón social de gran impacto.
Al reclamo en las rutas por las medidas confiscatorias comenzó a sumarse la queja del interior, denunciando la injusticia antifederal y unitaria del reparto de los ingresos provenientes del comercio exterior.
Nuestro país estuvo cerca de 50 años en guerra civil a causa de las disputas sobre quién o quiénes se quedaban con los ingresos de la aduana del puerto de Buenos Aires. La Constitución de 1853 inclinaba la balanza a favor del proyecto unitario. Desde la llamada “anarquía de los años 20” hasta la derrota final de los caudillos federales como Chacho Peñaloza o Felipe Varela en 1869, el interior peleaba por preservar la autonomía regional y la independencia económica frente al predominio de los grandes terratenientes y los exportadores e importadores que se aliaban a los intereses del extranjero. Finalmente, la Constitución menemista de 1994 no modificó la norma de 1853 ya que seguimos siendo formalmente federales pero en los hechos un país saqueado por el unitarismo.
Como se dice en estos días, la gota que rebalsó el vaso fue el aumento de las retenciones para la soja del 35 al 44,1%. A decir verdad, el vaso venía lleno para el conjunto de las provincias y para los pueblos del interior desde hacía mucho tiempo. Desde 1992, en plena euforia menemista, comenzó un proceso de recorte de los recursos de coparticipación federal de impuestos establecidos por la Ley 23.548 que afectó tanto a las provincias como a los municipios. Esta Ley, de 1988, establecía que en el reparto del total de los ingresos coparticipables –IVA, Ganancias o impuestos internos como cigarrillos, combustibles, etc.– la nación se quedaba con el 42,34% y las provincias con un 54,66%. El 3% restante era para compensar a algunas provincias y para el llamado Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
Con Menem, De la Rúa, Duhalde y ahora con los Kirchner, con leyes y decretos nacionales mediante, al día de hoy la nación se queda con el 70% de los impuestos y las provincias tan sólo con el 30%. Y sobre llovido, mojado, vino el saqueo indiscriminado de las retenciones, donde nosotros planteamos retrotraer las medidas al 10 de marzo y que las retenciones sean segmentadas y coparticipables. Mientras tanto los pooles de siembra, los fondos de inversión y los exportadores, que aunque en menor medida también se ven afectados, mantienen sus privilegios y ganancias a costa de los que producen.
Tanto la mentira del discurso del gobierno –sostiene que las retenciones se hacen para redistribuir ingresos– como su dureza en las negociaciones, sólo son comparables con lo que hacía y decía la oligarquía en 1870. Entonces se jactaba de que a “sangre y fuego” se había pacificado el interior del país para lograr “la modernidad y el progreso”. El resultado fue una Argentina dependiente y una clase latifundista poderosa. Hoy, una eventual derrota del interior, sólo traerá mayor concentración beneficiando a los terratenientes, a los pooles y a los exportadores.
Han pasado más de 130 años y la historia vuelve para recordarnos la tragedia. Sólo la lucha y la unidad de los pequeños y medianos productores y el resto del pueblo, puede lograr que esta historia no se siga repitiendo.
02 de octubre de 2010
