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02 de octubre de 2010

La masacre de Gaza, Cristina Kirchner y otros

Hoy 1250 / Exigimos que el gobierno argentino rompa relaciones con el estado de Israel

En el movimiento de solidaridad con el pueblo palestino en Capital Federal participamos diferentes grupos políticos y sociales, algunos vinculados con el kirchnerismo, que si bien tenemos coincidencias en la lucha contra el terrorismo de Estado israelita, el problema surge en relación con la caracterización del accionar del gobierno nacional en el conflicto.
Cristina Kirchner ha permanecido en silencio. La voz del gobierno en el conflicto la ha asumido su canciller Taiana.
Desde los inicios del mismo, el embajador argentino en Israel desarrolló abiertamente la “teoría de los dos demonios” –utilizada por nuestra dictadura militar para justificar sus atrocidades–, igualando las responsabilidades de los palestinos de la Franja de Gaza con el genocidio perpetrado por el Estado de Israel.
Posteriormente, la Cancillería instruyó al embajador para que presente las condolencias oficiales a la familia del soldado israelí muerto, hijo de argentinos. Y ante el ataque a la sede de la ONU, en la declaración lo “deplora” (según el diccionario, lo siente vivamente), en lugar de repudiarlo.
Acompañando esta posición, aparece la solicitada en Página 12 del 11/1/09, donde se vuelve a desarrollar la teoría de los dos demonios, y la firman, entre otros, Carlos Heller, Martín Sabbatella, Hugo Yasky, Juan Carlos Junio (mano derecha de Heller en sus armados políticos y negocios), Edgardo de Petris, Horacio González, Horacio Verbitzky, y dirigentes públicos del PC como Edgardo Form.
Asimismo, la declaración oficial del Partido Comunista, que condena el terrorismo de Estado de Israel, reclama al gobierno argentino “mayor enjundia” en la demanda por el cese de la agresión, es decir, no condena la posición oficial.
Golpeando juntos, dentro del Comité de solidaridad con el pueblo palestino, reafirmamos, coincidiendo con otras organizaciones que participan en el mismo, la exigencia al gobierno argentino de adoptar una posición similar a la de los gobiernos de Bolivia y de Venezuela.