El pasado 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, numerosas organizaciones en todo el mundo manifestaron para reclamar mejor atención a la salud de las mujeres; denunciar las altas tasas de mortalidad materna existentes, por causas en su mayoría prevenibles, y exigir a los gobiernos las políticas públicas necesarias para combatir esa realidad.
En la Argentina, la primera causa de mortalidad materna (el 29%) está en las complicaciones por abortos ilegales. La campaña por “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” reclama el cumplimiento de las leyes –ya aprobadas– de salud reproductiva y educación sexual, con información y acceso gratuito a los anticonceptivos y exige la legalización del aborto “para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país”. Más de 500 mujeres pobres mueren por año a causa de abortos practicados en la clandestinidad, en situaciones de indignidad y pésimas condiciones sanitarias. Es alarmante el aumento del embarazo adolescente, mientras se traba el acceso a los anticonceptivos de emergencia y a los conocimientos básicos para el cuidado del propio cuerpo. Así, el aborto ilegal es un grave problema de salud pública, de justicia social y de democracia.
La penalización del aborto obliga a las mujeres a cumplir con un supuesto “destino” de maternidad, negándoles la libertad de decidir sobre sus personas.
Queremos una ley que permita practicar un aborto, a solicitud de la mujer, en hospitales y obras sociales, en las mismas condiciones de respeto y seguridad que hoy tienen las que pueden pagar por ello.
Cuando una mujer evalúa a conciencia que le es imposible continuar un embarazo, obligarla a seguir adelante, asumiendo una maternidad sin su consentimiento, es una violación de sus libertades individuales, de su cuerpo y de su identidad.
02 de octubre de 2010
