La política de ajuste del gobierno nacional que ha agudizado exponencialmente la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, desocupados y jubilados a través del tarifazo, la creciente inflación y las paritarias con tope pretende seguir avanzando esta vez, y nuevamente, con una política en materia de relaciones del trabajo y legislación laboral que ya hemos vivido y sufrido los trabajadores asalariados y el pueblo en general. Se reeditan los discursos de los años ‘90.
Una muestra de ello es la editorial del 26 de julio del diario La Nación titulada “Un cambio indispensable en las relaciones laborales” que sale publicada luego de que el actual presidente en diversas oportunidades hablara de los trabajadores como vagos, ñoquis y, la última: que la justicia laboral tiene que ser más “equitativa” a fin de instalar la idea de que los derechos conquistados por los trabajadores luego de un siglo y medio de luchas políticas y sociales, son “un obstáculo para la inversión, el crecimiento de la economía y el desarrollo del país” y “la reforma laboral es, sin duda, uno de los puntales del cambio estructural que puede llevar a la Argentina al Primer Mundo que nunca debió abandonar”.
Según la editorial debe otorgársele a las empresas las exenciones de pago de cargas sociales, quitar la indemnización y cambiarla por un sistema contributivo que implique la creación de un sistema similar al que hoy existe en la construcción, pero aún peor porque ese sistema contributivo debería formarse con aportes del trabajador y contribuciones del empleador. Es decir el trabajador despedido pagaría él mismo su indemnización.
En el plano colectivo manifiesta que las negociaciones paritarias deben realizarse por empresa, para que se reduzca el nivel de acción y potencialidad del conflicto en la actividad.
En relación a la homologación de dichos acuerdos por parte del Ministerio, sugiere que se habilite el arbitraje oficial para ello como última instancia frente a desacuerdos que no sean resueltos por las partes. También pretende quitar a las autoridades administrativas competentes en cada jurisdicción, por los controles a las empresas, la eventual imposición de multas ante los incumplimientos laborales que se detecten a través de inspecciones que arrojen trabajo no registrado como así también el incumplimiento a las normas de seguridad e higiene, entre otras.
Por último plantea la flexibilización laboral desde la contratación, durante con la implementación de la “multifuncionalidad, la polivalencia funcional y la jornada variable o flexible” y en la finalización de la relación de trabajo aduciendo fines como mayor empleabilidad, capacitación, entrenamiento pero que en los hechos generan efectos contrarios a los manifestados.
Lisa y llanamente queda evidenciada la decisión del gobierno -sin matices- de desmantelar el andamiaje de defensa jurídica de los trabajadores, principios básicos y las reglas fundamentales de la legislación laboral: principio protectorio, principio de irrenunciabilidad, principio de la continuidad, principio de la primacía de la realidad, principio de la razonabilidad, principio de la buena fe, regla del indubio pro operario (en la duda a favor del obrero), regla de la aplicación de la norma más favorable y de la condición más beneficiosa, el principio de la “ajenidad del riesgo empresario”.
Está demostrado aquí y en todo el mundo que una mayor precarización de las relaciones laborales no garantiza una mayor inversión, pero sí un mayor desempleo y caída del salario.
Esta editorial es la muestra más clara de la política que intentan imponer los que hoy nos gobiernan, a la que debemos poner un freno.
