Quienes presentan a la prostitución como un posible ejercicio de la libertad individual, como una expresión de la “libertad sexual”, aceptan una sexualidad basada en el dominio masculino y naturalizan la cosificación del cuerpo de una persona. Enviando mensajes de resignación ante las lacras que presenta el mundo “globalizado”, se nos dice que nos toca vivir en una época donde el mercado domina todo y puede, por eso, convertir en mercancía también a los seres humanos, dado que existe oferta y demanda de todo tipo de “trabajo”.
Sin embargo, la prostitución no es un trabajo. No es lo mismo vender la fuerza de trabajo que mercantilizar el propio cuerpo. No se puede justificar el uso de otra persona como si fuera una cosa. La intimidad, la identidad y el ejercicio voluntario de la sexualidad –que atañe a los aspectos más profundos de las personas– son necesidades básicas del ser humano. Las mujeres no “se prostituyen”, son prostituidas: en forma inmediata, por clientes y proxenetas protegidos por el Estado pero, a la vez, son compelidas por necesidades económicas, por presiones y violencias de todo tipo y por los mensajes culturales sobre las “necesidades” de los varones y por las ideas de que “una mujer siempre tiene algo para vender”. Compelidas, en suma, por un sistema social, económico, político e ideológico –defendido por las clases dominantes– que es el que genera tanto la “oferta” como la “demanda” de prostitución y lucra con ella. Es cada vez más visible que desde los poderes del Estado y sus instituciones se ejerce una coerción física e ideológica muy fuerte dirigida a naturalizar todas las violencias contra las mujeres, a mantener el supuesto derecho masculino a la compra y explotación sexual de mujeres y menores, y a “dejar hacer” a proxenetas, clientes, violadores, tratantes, etc.
La lucha contra la trata La Red
No a la Trata comenzó a funcionar en 2004 y realizó distintas actividades denunciando la desaparición de mujeres y niñas por las redes de prostitución, “sin que se haya detenido a los perpetradores y cómplices (proxenetas, clientes prostituyentes, funcionarios políticos y judiciales, legisladores, policías y demás partícipes) de estos hechos, sin que el Estado instrumente políticas para combatir estos crímenes 1.”
En 2006, la Red se opuso a los proyectos de pretendían reglamentar la prostitución en Buenos Aires. Encabezó la oposición al proyecto de esta Ley de Trata –promovida desde el gobierno Kirchnerista– exigiendo en carta abierta a los diputados y senadores que “la definición de trata debe decir claramente que el delito se configura aunque la víctima haya prestado su consentimiento, cualquiera sea su edad. Proxenetas y explotadores son delincuentes por sus acciones y no por hechos o condiciones de la víctima”. Sancionada en 2008, la Ley 26364 condena la trata de personas en la Argentina, la considera delito federal y fija penas de 3 a 15 años. Pero es una ley tramposa: sólo considera delito la explotación de la prostitución de menores de 18 años. Para las mayores de 18 años, se distingue entre prostitución “forzada” o “consentida”. La víctima está obligada a demostrar que existió coerción, que no consintió su propia esclavitud. Así, al distinguir entre prostitución “voluntaria” o forzada, entre niñas o adultas, pobres o en circuitos de lujo, la propia ley introduce la idea de que la prostitución es un trabajo, una profesión que puede elegirse libremente y que hay una trata legítima, dando una vía de impunidad a los tratantes, gerentes de prostíbulos y sus cómplices en el poder.
La legislación sobre la trata debe abordarse desde una perspectiva abolicionista, considerando que todas las víctimas son inocentes; que ninguna persona puede consentir su propia explotación; que la minoridad o el uso de medios de coerción son agravantes del delito. Varones y mujeres somos social, política y económicamente desiguales en una sociedad que se basa en la explotación de clases, consolida las desigualdades de género y promueve los pactos patriarcales entre varones que consagran su “derecho” a disponer de los cuerpos de las mujeres. La posición social, el lugar dentro de la familia, los mensajes culturales, los mandatos impuestos, etc., limitan o impiden las posibilidades de un consentimiento prestado en libertad”. El Estado no persigue a los explotadores ni respeta los derechos humanos de las víctimas. Por el contrario, ampara el funcionamiento de este millonario sistema de explotación; crea y sostiene todos los mecanismos de control sobre las personas y mantiene todas las condiciones que llevan a miles de mujeres a encontrarse en prostitución.
Una campaña nacional
En junio de 2007, en la ciudad de Buenos Aires se lanzó la campaña en curso, cuyo lema es Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Sostienen en la declaración: “Emprendemos esta campaña sabiendo que no estamos solas y que no somos las primeras ni las únicas. Hay muchísimas mujeres en el mundo que se unen para romper el silencio y la normalidad de la violencia contra las mujeres y, haciéndolo, cambian sus vidas, demuestran que las mujeres no somos simples víctimas de opresión: podemos iniciar juntas un camino de liberación y transformación, de nuestras vidas y de todo lo existente. Por ello nos sentimos unidas y cercanas a todas las madres, familiares y amigos de las mujeres secuestradas, desaparecidas y asesinadas…”
¡Basta de violencia! ¡Basta de asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas/os! ¡Las estamos buscando, las queremos con vida!
La Campaña ha contribuido a instalar el debate sobre la trata y la prostitución. Se ha roto el silencio y se aúnan esfuerzos que favorecen la lucha de las mujeres y fortalecen el camino de las luchas populares, trabajando en todos los terrenos para terminar con las condiciones económicas, sociales, jurídicas, políticas, institucionales y culturales que sostienen la opresión y la violencia contra mujeres y niñas/os. La Trata es un producto específico de las desigualdades de clase y de género, es también un efecto de relaciones de dominación que se reproducen por el ejercicio del poder, con la complicidad y/o participación manifiesta de funcionarios de todos los poderes del Estado asegurando impunidad a estas redes. Por eso, la lucha contra los responsables de la prostitución y la trata de mujeres y sus cómplices en el poder, es parte inseparable de las luchas populares por terminar con las condiciones económicas, sociales, jurídicas, políticas, institucionales y culturales que propician la opresión de mujeres y niños, su esclavización y explotación sexual en todo el mundo.
1. Ver documento de organizaciones convocantes: Acción solidaria en Salud, Amas de Casa del País–AMMAR–Capital, Asociación Civil Generar, ATEM “25 de Noviembre”, Centro de Documentación de la Mujer, Coalición Internacional contra el tráfico de Mujeres, niñas y niños, Feministas en Acción, Grupo de Estudios Sociales, Inst. Sup. “Dr. J. V. González” (AEMyG), La Casa del Encuentro, Librería de las Mujeres, Marcha Mundial de Mujeres–Argentina, Mujeres Trabajando, Taller Permanente de la Mujer. Buenos Aires, 13/12/2005.
