La violencia de género y el abuso sexual infantil (ASI) han sido reconocidos como violaciones graves a los derechos humanos, sostenidas muchas veces en el silencio, la vergüenza y el miedo. Sin embargo, el gobierno ha decidido desandar ese camino de reconocimiento y reparación. El caso de Tomás Ghisoni, que reaparece ahora como una “retractación” tardía, con mentiras comprobables en el video difundido de su “confesión” y en reportajes, se ha convertido en la punta de lanza de una ofensiva oficialista y misógina contra el sistema de protección de mujeres y niñeces.
En redes y medios, sectores conservadores y oficialistas replican con entusiasmo un video en el que uno de los hijos del obstetra Pablo Ghisoni asegura haber mentido al denunciar a su padre por abuso sexual. Sin embargo, esta versión choca con pruebas médicas contundentes, declaraciones profesionales e incluso con la cronología misma del caso.
No fue la madre quien denunció
Una de las primeras falsedades instaladas es que Andrea Vázquez, madre de Tomás, habría “manipulado” a sus hijos para denunciar al padre. La verdad es otra: fue una trabajadora social quien denunció, tras detectar indicadores alarmantes durante una intervención profesional. En ese momento, los niños no veían a su madre hacía más de tres años. Fue en el ámbito terapéutico, lejos de cualquier influencia materna, donde los niños comenzaron a relatar situaciones de violencia y abuso por parte del progenitor.
Pericias médicas que no pueden borrarse con un video
El hijo menor fue quien resultó más afectado. Y no solo por sus palabras, sino por lesiones físicas constatadas en pericias, tanto de la Policía como de una perito médico de renombre nacional que incluso abunda en fotografías. Esas pruebas no fueron ni desmentidas ni anuladas: siguen siendo parte del expediente judicial y siguen dando cuenta de un patrón claro de violencia.
Como en tantos otros casos de ASI, el proceso incluyó la intervención del sistema judicial, peritajes interdisciplinarios y múltiples declaraciones consistentes en cámara Gesell. La causa avanzó durante años con el peso de esas pruebas, no sobre la base de una denuncia aislada.
Retractaciones: una reacción frecuente, no una excepción
En el universo del abuso sexual infantil, la retractación no es una rareza: es habitual. Los estudios en psicología y psiquiatría han demostrado que no es infrecuente que, con el paso del tiempo, algunas víctimas se retraigan, minimicen o incluso nieguen lo que antes pudieron narrar con detalle. Presión familiar, vínculos restablecidos con el abusador, descreimiento judicial, hostigamiento social, miedo, dependencia emocional o económica… las razones son múltiples, pero ninguna invalida automáticamente lo ya dicho ni, mucho menos, lo probado.
Convertir una retractación tardía en «la verdad definitiva» es borrar de un plumazo la complejidad del trauma, la revictimización y la fragilidad del proceso de denuncia.
No se derogan leyes, pero se calla a las víctimas
En vez de derogar frontalmente las leyes de protección contra la violencia de género y el ASI —lo cual generaría rechazo social y visibilidad negativa—, el oficialismo opta por una estrategia más insidiosa: desacreditar a las víctimas, perseguir a quienes denuncian y promover casos ejemplares para disciplinar.
Andrea Vázquez, madre de Tomás y de sus dos hermanos, es hoy blanco de una campaña para criminalizarla. Se intenta impulsar una causa penal en su contra por «falsa denuncia», mientras se omite que ni siquiera fue ella quien denunció. ¿El objetivo? Enterrar décadas de avances del movimiento de mujeres que logró instalar que a quien denuncia, se le debe creer —como punto de partida para investigar y resguardar con medidas cautelares.
Cúneo Libarona y la avanzada misógina
Al frente de esta ofensiva institucional está el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, exponente de una mirada abiertamente negacionista de la violencia de género. No solo ha propuesto la derogación de la figura del femicidio —instrumento clave para visibilizar y sancionar el asesinato de mujeres por razones de género—, sino que arrastra una historia personal que genera alarma: la muerte dudosa de su ex esposa, ocurrida en un contexto aún no esclarecido.
Cúneo Libarona encarna la restauración de una justicia patriarcal, en la que no se reconoce la violencia machista y la muerte de una mujer por día en nuestro país por esa causa. El viejo modelo donde la palabra de una mujer o un niño no vale nada está volviendo, y esta vez con fuerza institucional.
Defender el derecho a denunciar, a ser creídas y protegidas
Lo que está en juego no es un solo caso. Es el sistema entero que protege a quienes sufren violencia en la intimidad del hogar, el que se pretende demoler con operaciones mediáticas y causas penales contra madres, profesionales y operadores del sistema judicial.
El movimiento feminista supo decir: “Yo sí te creo”. Hoy, esa consigna vuelve a ser urgente. Porque lo que está en juego no es el relato de Tomás Ghisoni, sino el futuro de miles de víctimas que hoy, con miedo, se preguntan si serán las próximas en ser denunciadas, desacreditadas o encarceladas por haber hablado.
En estos días en Jujuy tomó estado parlamentario un proyecto de ley que plantea la creación de un Observatorio de falsas denuncias de violencia de género. Parte de que los varones están sufriendo violencia institucional porque se le cree a las mujeres. Y que es necesario este observatorio para visibilizar y perseguir a las falsas denunciantes. El caso de la falsa retractación de Tomas Ghisoni es el caballito de batalla para avanzar en el negacionismo y en el miedo de cada una de las víctimas de la violencia machista.
