La cuestión de las autonomías indígenas vuelve a poner en pie de guerra a la oligarquía boliviana, atrincherada en las prefecturas (gobernaciones) de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando contra el movimiento popular y contra la Asamblea Constituyente.
El motivo puntual es un proyecto presentado por los constituyentes del MAS –Partido del presidente Evo Morales– que recoge la exigencia de pueblos originarios de generalizar el derecho autonómico a las comunidades originarias, dándoles igual status legal que a las actuales prefecturas. Sería el “Estado unitario plurinacional”, un reclamo democrático de las comunidades de darse sus propias autoridades y sus propias leyes.
Los latifundistas temen que, si la nueva Constitución incluye esta norma las prefecturas, y especialmente la de Santa Cruz, se vean “vaciadas” de gran parte de su territorio, en el que monopolizan el petróleo y el gas (los guaraníes, por ejemplo, están asentados en una zona petrolera y gasífera). Por eso esas oligarquías vienen levantando la bandera de la “autonomía” de sus prefecturas frente al gobierno central.
Ofensiva oligárquica
La llamada Junta Autonómica —los prefectos de las 4 regiones—, llamó a defender “su” autonomía, amenazó abiertamente con desconocer la Constituyente e hizo un llamado golpista a los militares. Incluso Branko Marinkovic, el mayor terrateniente y magnate aceitero del país, llegó a proclamar sin empacho: “no vamos a derramar la sangre de sus hijos en vano: les aseguramos a las madres cruceñas que lo vamos a hacer de manera responsable” (!).
Frente a la ofensiva oligárquica, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) advirtió a los “prefectos y comités cívicos de la llamada media luna que representan a traficantes de tierra y medios de comunicación apoyados por empresas transnacionales” que harían “respetar la Asamblea Constituyente Originaria; y a los asambleístas patriotas, revolucionarios y conscientes con su país que defienden los principios básicos de un Estado Unitario Plurinacional y Comunitario”, se declaró “en emergencia y movilización permanente para garantizar la unidad del país ante la intención de la oligarquía empresarial corrupta que pretende la división de Bolivia”, y convocó “a las organizaciones sociales del país gremiales, transportistas, fabriles, mineros, universitarios, estudiantes de secundaria, profesionales, campesinos, indigentes, originarios, a defender la soberanía, los recursos naturales, la democracia y la unidad de nuestro país”.
La declaración denuncia que esa Junta Autonómica fascista “busca el fracaso de la Asamblea Constituyente para que, a partir de este hecho, se instale una autonomía de facto. Esta actitud es una provocación al pueblo boliviano… Más aún cuando las Fuerzas Armadas son convocadas (en) flagrante intencionalidad de golpe de Estado”.
La situación boliviana vuelve a tomar temperatura. La movilización por los reclamos de los originarios y contra el separatismo oligárquico puede reactivar el movimiento popular por otras necesidades también pendientes como el aumento salarial y la profundización, hacia la eliminación del latifundio, de las tibias reformas agrarias implementadas por Evo.
