El artículo 14 bis incorporado a la Constitución Nacional con la reforma de 1957, ya incorporó la participación a las ganancias con control de los trabajadores. Con 53 años de retraso, se presentó el proyecto del diputado Recalde, con el apoyo del gobierno, que propone un muy módico 10%. Proyectos similares ya tienen México, Chile, Brasil, Perú y Venezuela.
El sistema de participación en las ganancias tiene una doble cara. Si se aprueba, cuando se lo comience a aplicar (en enero del 2012 para las empresas de más de 300 obreros), aparecerá como un plus al sueldo. Y abriría la posibilidad de conocimiento de los “secretos” de los libros de contabilidad de las empresas. La otra cara, que es la principal, es que el representante de los trabajadores ni siquiera tendrá voto en el directorio, que seguirá manejado por los accionistas, y que el representante será nombrado por los jerarcas sindicales como Moyano, lo que dará lugar a jugosos negocios.
El proyecto de ley de Recalde establece la creación de un fondo con parte de ese 10% que será manejado por un consejo integrado por 4 representantes del Estado, 4 de las patronales y 4 de la CGT. Resultado: los obreros no verán ni un peso, y puede ser usado para reemplazar fondos del Estado para los desocupados.
En realidad, aunque se le llame “participación en las ganancias”, no sería más que una parte del salario. Pero esa parte tendría una particularidad: se reduciría automáticamente en momentos de crisis.
La gran zanahoria es aumentar la explotación en las fábrica con el verso: “más trabajamos, más gana la empresa y mayor es ese 10%”. Es decir, que los trabajadores produzcan más para aumentar el 10% que le tocaría de las ganancias, y los accionistas se llevarán el 90% de esas ganancias con la superexplotación obrera.
Si el proyecto se aprueba, para sacarle jugo habrá que luchar para garantizar que los representantes de los trabajadores sean electos en asambleas o en los cuerpos de delegados. Y que no los compren.
02 de octubre de 2010
