Por estos días, el debate en torno a la llamada Ley de Modernización Laboral encendió alarmas en el sector cultural y comunicacional. Según Tello, la primera propuesta del Ejecutivo presentada el 11 de diciembre de 2025 incluía un “agravante enorme” para el sector: la eliminación de gravámenes que financian la producción cultural, el fomento y el desarrollo de las industrias culturales. Esos fondos, establecidos en la Ley 26.522, sostienen organismos como el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música, la Defensoría del Público, el Fomeca, el Incaa y Radio y Televisión Argentina, además de aportar recursos a la Conavip y al Fondo Nacional de las Artes.
Tras el trabajo en comisiones y la presión del sector, parte de esa ofensiva fue modificada. Sin embargo, Tello advierte que el dictamen mantuvo dos puntos centrales: la afectación del financiamiento del Incaa y de Radio y Televisión Argentina. “Se busca cortar la diversidad cultural y la comunicación federal”, afirma, señalando que ningún medio privado tiene el alcance territorial del sistema público nacional.
En el recinto se votó la derogación de la asignación específica de esos fondos, aunque no del gravamen. Para Tello, allí reside una de las claves del conflicto: los impuestos continúan cobrándose, pero dejan de estar destinados directamente a los organismos culturales y pasan a rentas generales. “Se anuncia como una baja impositiva, pero es una falacia. El 10% que iba al fondo de fomento del Incaa termina en las arcas generales”, explica.
El impacto no sería solo financiero sino estructural. La pérdida de asignación específica implica, según el dirigente, la pérdida de autarquía y previsibilidad. Los planes audiovisuales suelen proyectarse a dos o tres años; sin garantía presupuestaria estable, se pone en duda el cumplimiento de subsidios, incentivos y compromisos asumidos tanto en producción como en distribución y divulgación de contenidos. Lo mismo ocurriría con la cobertura de festivales y eventos provinciales, considerados por Tello como “la gran vidriera del federalismo cultural”.
A esto se suma el núcleo laboral de la reforma. La reducción del carácter solidario de la cuota sindical, el debilitamiento de la ultraactividad de los convenios y la modificación del régimen de horas extras afectan especialmente a un sector caracterizado por la eventualidad y el pluriempleo. “Gran parte de nuestro trabajo ocurre fuera del horario tradicional: rodajes, coberturas deportivas, festivales como las nueve lunas de Cosquín. Son jornadas extensas que impactan en la vida familiar y requieren reconocimiento específico”, señala.
Otro punto crítico es la caducidad del Estatuto del Periodista. Sin esa herramienta, advierte Tello, se pierde estabilidad laboral y se debilita la libertad de expresión. “Un periodista que aborda temas controvertidos puede quedar más expuesto a despidos inmediatos”, sostiene.
Para la Multisectorial, la reforma no solo implica un retroceso en derechos laborales, sino una redefinición del modelo cultural. “El pueblo es el que está perdiendo la diversidad cultural que supo tener y el derecho humano a la comunicación que también supo tener, además de que los trabajadores y las trabajadoras han quedado en un nivel de desprotección tan grande que pierden también el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa en cuanto se le pone una fecha como se le ha puesto de caducidad al Estatuto del Periodista.
Finalmente, Tello asegura que el sector continuará articulando acciones para defender un sistema de financiamiento autónomo y federal que, aseguran, fue construido a lo largo de décadas.
Corresponsal
hoy N° 2097 18/02/2026
