El Poder Ejecutivo mandó una ley de reforma política al Congreso, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y está por tratarse en el Senado. El gobierno tiene urgencia en aprobar esta reforma antes que cambie la composición del Congreso, y en las últimas semanas ha planteado concesiones secundarias, para salvar lo esencial.
¿Y qué es lo esencial?, que esta “reforma” avanza en la ingerencia del Estado en los partidos políticos.
Una de las “novedades” de la ley son las “internas abiertas”, por las que cualquiera, sin ser afiliado a un partido, puede votar para elegir candidatos o programa dentro de él.
Estamos en contra. Los partidos son de sus afiliados, así como los sindicatos de sus agremiados, y los clubes de sus socios.
Permitir que los de afuera voten, no es democratizar, es dejar que decidan los grandes aparatos de la política. Porque, aún en este sistema fraudulento, lo fundamental de un partido es su programa, y permitir que desde afuera voten en una interna es destruir sus bases programáticas.
Se avanza así en la práctica del “toma y daca”, se lo legaliza, dejando las ideas en un plano secundario, poniendo al frente las componendas de cúpula.
Además, por las exigencias que tiene en cuanto al número de votos exigidos para poder presentar candidatos a presidente, claramente tiende a nacionalizar las expresiones políticas, borrando el federalismo y favoreciendo el bipartidismo. Los partidos más pequeños o locales, quedan marginados o son borocotizados.
Esta reforma, impulsada por el kirchnerismo, es una vuelta de tuerca más en la intromisión estatal en la vida de los partidos, que arranca luego del golpe de 1930. Antes no se conocía ningún estatuto de partidos políticos. Estas reformas siempre son funcionales al sector hegemónico de turno. En su momento eliminaron el Colegio Electoral, luego vinieron las listas colectoras. Cuando le convino, el kirchnerismo dirimió su disputa interna en el peronismo en las elecciones generales. Hoy empuja las internas abiertas, en las que intentará decidir con su caja, que aún debilitada, sigue actuando.
Obligar a votar en una interna de un partido no es constitucional. El Estado usa esta ley de partidos políticos como cerrojo a las nuevas expresiones de pensamiento y la acción política, y desde ya busca perjudicar a los partidos revolucionarios.
02 de octubre de 2010
