El Informe muestra que “La represión y criminalización de la protesta social constituyeron un dato distintivo de la política implementada por el gobierno de Mauricio Macri”. El Informe, que se puede ver completo en https://www.liberpueblo.net/?page_id=26 va detallando cada uno de los aspectos de esta política represiva, que causó al menos “1452 personas fueron detenidas en el marco de protestas sociales de las cuales el mayor porcentaje fueron dirigentes sociales y sindicales”.
El informe puntualiza que “entre enero de 2016 y diciembre de 2018 se registraron al menos 538 hechos de represión y criminalización contra la protesta de las organizaciones del campo popular. El hecho de mayor frecuencia fue la represión ejercida por las fuerzas de seguridad (44% del total) seguidas por la detención de activistas o manifestantes por parte de la fuerza pública (33%), la apertura de causas judiciales contra miembros de organizaciones o manifestantes (23%). En el marco de estos hechos represivos también se registró el asesinato de 5 personas por parte de las fuerzas de seguridad: Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ismael Ramírez, Héctor Reyes Corvalán y Rodolfo Orellana”.
Los autores analizan que “durante los últimos cuatro años la represión física, las detenciones de manifestantes y la apertura de causas penales en el marco de conflictos sociales fueron asumidas como deseables y avaladas por las más altas autoridades del Estado”, y que como parte “de este proceso se desplegó una sofisticada estrategia que combinó tres ejes: el político/simbólico/cultural, el represivo y el jurídico/judicial”.
Van mostrando, con un puntilloso análisis año por año, como “un dato distintivo de la política estatal durante estos años fue el aval explícito a la represión de la protesta social. Este reposicionamiento frente al tipo de intervención de las fuerzas de seguridad en el presente se complementó con un cambio discursivo respecto a las violaciones a los derechos humanos en el pasado.
“El apoyo oficial a los acusados por casos de represión o gatillo fácil, sumado al intento de crear enemigos internos (sean estos mapuches, inmigrantes, sindicalistas, trabajadores, abogados, jueces, piqueteros, desocupados, pobres, etc.), constituyeron ejes centrales de una política tendiente a atacar, pública y materialmente, a los sectores que resistieran colectivamente”.
Asesinatos, detenciones y juicios
De 2016 a 2018 fueron asesinadas cinco personas en hechos de represión, cuatro de ellas por reclamos de tierras. A Santiago Maldonado y Rafael Nahuel se sumaron las muertes de Rodolfo Orellana –en el desalojo policial de un intento de tomar terrenos en el conurbano–, Héctor Reyes Corvalán –que murió por las quemaduras e impactos de balas de goma recibidos durante el violento desalojo de tierras en Santiago del Estero–. El quinto caso fue el de Ismael Ramírez, un niño de 13 años asesinado en el Chaco tras un reclamo por tarjetas de alimentos en un supermercado.
Estos casos son los más terribles de una represión que “durante el gobierno de Cambiemos fue violenta, desproporcionada, publicitada a través de los medios masivos y defendida en forma irrestricta sin importar los hechos por los máximos líderes políticos. Estas características tuvieron la clara intencionalidad, por un lado, de amedrentar, amenazar e infundir miedo en la población a fin de que no se organice ni movilice, y por el otro, de demonizar a quienes sí lo hacían, en especial a las organizaciones sociales, sindicales, políticas o de derechos humanos”.
Luego explica el Informe las detenciones realizadas en medio de las protestas masivas “en general se prolongaron más allá del tiempo legal necesario, se incomunicaron a los detenidos sin que exista justificación, se utilizó el delito de intimidación pública a fin de hacer más graves las imputaciones y dar un pretexto para que intervenga la Justicia Federal, se obstaculizó el accionar de los organismos de derechos humanos en las comisarías a fin de constatar la situación de los detenidos y también el de los abogados defensores para desarrollar las defensas de los detenidos”.
Otro aspecto del relevamiento de estos cuatro años es que “el aparato judicial cumplió un rol estratégico en la profundización de este proceso. Una muestra la dio el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Germán Moldes, quien pidió endurecer la ley para que los manifestantes detenidos en las marchas no sean excarcelados”.
La mayoría de hechos de detención, represión y apertura de causas judiciales entre enero de 2016 y diciembre de 2018, según motivos de las demandas, se dirigieron contra organizaciones gremiales (52% del total). En segundo lugar se encuentran los integrantes de organizaciones sociales (31%) y en tercer lugar las comunidades de pueblos originarios (13%).
El informe registra “al menos 234 casos de ejercicio de violencia física por parte de las fuerzas de seguridad nacional y/o provincial contra manifestantes o dirigentes de organizaciones del campo popular”. En primer lugar contra trabajadores, en segundo término contra protestas de organizaciones sociales, de género, barriales y en defensa del medio ambiente. En tercer lugar se encuentra el reclamo de pueblos originarios y campesinos.
“En materia de detenciones, se identificaron al menos 179 hechos de detenciones arbitrarias que afectaron al menos a 1452 personas. Se trata de detenciones ocurridas principalmente en el marco de hechos de represión de la protesta social (939 detenciones). Esas víctimas fueron en su mayoría miembros de organizaciones sociales (43%) y sindicatos (41%).
Respaldo incondicional del gobierno a las fuerzas de seguridad
El “caso Chocobar” explicitó el apoyo del gobierno y del propio Macri al gatillo fácil: “La caracterización en público del agente Chocobar como ‘un héroe’ representó un aval explícito para que cualquier miembro de las fuerzas de seguridad pueda disparar y matar en cualquier circunstancia, con presunción de legalidad de su accionar”. Los casos de gatillo fácil se repitieron con víctimas como “Facundo Ferreira en Tucumán, de tan sólo 12 años, el asesinato de Marcos Soria, militante de la CTEP, a manos de la Policía de Córdoba y el asesinato de cuatro jóvenes en San Miguel del Monte”.
Agregan el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y Liberpueblo: “A esto se sumó un incremento masivo de la militarización de los barrios populares, con detenciones arbitrarias y razias sistemáticas en las calles y medios de transporte, y el intento de asesinato de una dirigente social mediante la utilización de sicarios como lo demuestra el caso de Julia Rosales. En conjunto, en los primeros tres años de gobierno se registró el asesinato de una persona cada 21 horas por casos de gatillo fácil o tortura en lugares de detención”.
Entre las conclusiones del Informe, se desprende que “la represión y criminalización de la protesta social fue una constante durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos. Más aún, fue una herramienta cuya utilización respondió a una decisión conciente y avalada desde los más altos funcionarios del Estado, tendiente a limitar la capacidad de resistencia de los sectores populares frente a las políticas de ajuste”. Pero puntualizan que “ni la intensidad de la represión estatal ni el hecho de que ésta fuera avalada desde los niveles más altos de la función pública fueron suficientes para inmovilizar al conjunto de la sociedad. Por el contrario, como hemos descripto en este documento la represión, las detenciones y la apertura de causas no disuadieron a los trabajadores y trabajadoras de seguir llevando adelante acciones de resistencia”.
Hoy N° 1789 30/10/2019
