Existen dos indicadores oficiales muy relevantes que permiten dar cuenta de la marcha del salario (promedio) en Argentina. Uno de ellos es el Índice de salarios estimado por el Indec, mientras que el otro es el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), elaborado por el Ministerio de Trabajo. Ambos indicadores intervienen en el cálculo de la movilidad de los haberes jubilatorios.
Naturalmente, lo que importa es la dinámica del salario real, por lo cual debe descontarse el efecto de la inflación, cuyo nivel general a nivel nacional se mide por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Alternativamente, podrían utilizarse otras variantes para analizar el poder adquisitivo del salario; por ejemplo, considerar su evolución con relación al precio de los alimentos, que insumen una mayor proporción del gasto de un hogar cuanto menor es su ingreso.
Los dos indicadores salariales mencionados, una vez descontada la inflación, grafican la debacle a la que estuvo sometido el poder adquisitivo del salario en los últimos años en Argentina, desde niveles que ya eran de por sí poco envidiables.
Considerando el promedio enero-junio de 2021 (último dato), el Índice de salarios del sector privado registrado, medido en términos reales, acusó su menor valor desde igual lapso de 2005, cuando era similar al actual; es decir, hay que retrotraerse a ese año para encontrar un nivel salarial tan bajo como el de ahora. A su vez, se ubicó un 24% por debajo del máximo registrado en 2013.
Por su parte, siempre considerando el promedio enero-junio, el Ripte real registró en 2021 su menor valor desde 2007 (recién ese año tuvo un nivel inferior), con una caída del 23% respecto del pico de 2013 (muy similar a la del Índice de salarios).
El salario real acusa un marcado retroceso desde el año 2013 -intermediado por una fugaz recuperación en los meses inmediatamente preelectorales de 2015- que se profundizó notablemente durante la gestión macrista; especialmente, a partir la aguda fase recesiva desatada en abril de 2018 con la irrupción de la crisis cambiaria. Luego sobrevino la pandemia y la cuarentena, con un desplome adicional de la economía en 2020 (-9,9%).
Este año, el Producto Interno Bruto (PIB) apunta a recuperarse cerca de un 8,0%, pero el salario real (Ripte) mostró hasta junio un recorte promedio del 5,7% interanual, sobre la caída ya verificada en 2020 (-1,2%). Esto en el contexto de una inflación galopante, que a julio alcanzó la cifra que estaba prevista para todo el 2021 en el Presupuesto Nacional (29%), y que podría cerrar el año en torno al 50%. De ahí la necesidad de una urgente reapertura de paritarias, que los trabajadores de muchos sectores ya han logrado gracias a la organización y la lucha.
Cabe remarcar que la penosa evolución del salario analizada previamente corresponde al sector registrado (“en blanco”) de la economía nacional, que naturalmente se encuentra en una situación más favorable que los trabajadores no registrados, los cuales no cuentan con organización gremial ni paritarias negociadas por ley, además muchas de otras condiciones de mayor precariedad laboral. Actualmente, los trabajadores asalariados no registrados constituyen el 32,5% del total de asalariados según el Indec y, como es de esperar, el ingreso de este grupo se ha deteriorado aún más vertiginosamente, dadas las condiciones descriptas más arriba.
La urgente reapertura de paritarias en todas las ramas debe ir acompañada de una recomposición de los planes sociales y de empleo, jubilaciones y otros ingresos, para comenzar a revertir la acuciante situación económico-social en la que se hallan sumergidos amplios sectores populares.
Escribe Ramiro Suarez
Hoy N° 1881 15/09/2021
