En los últimos 20 años, la economía paraguaya ha experimentado periodos de elevadas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), sustentado principalmente en la agricultura. Sin embargo, el crecimiento económico, acompañado de una estabilidad macroestructural envidiable para cualquier país, no ha sido capaz de mejorar las condiciones de vida de miles de trabajadores.
En los últimos 20 años, la economía paraguaya ha experimentado periodos de elevadas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), sustentado principalmente en la agricultura. Sin embargo, el crecimiento económico, acompañado de una estabilidad macroestructural envidiable para cualquier país, no ha sido capaz de mejorar las condiciones de vida de miles de trabajadores.
Esta situación de crecimiento pero no de desarrollo tiene su causa en el modelo económico excluyente, basado en la producción agrícola empresarial y la ganadería extensiva, con alta concentración de recursos como la tierra. El crecimiento no impacta sobre la disminución de la pobreza porque genera pocas fuentes de trabajo y los empleos son de mala calidad. Además, existe baja cobertura y calidad de la política social del Estado: salud, educación y protección social.
Los datos sobre la situación socioeconómica de la mayoría son alarmantes. El 32,4% de la población paraguaya se encuentra en situación de pobreza, lo que representa alrededor de 2.096.000 personas que no logran cubrir el costo de las necesidades básicas. En el área rural, el porcentaje de la población que vive bajo la línea de pobreza llega cerca del 45%, mientras en las áreas urbanas alcanza a 23,9% de la población.
La pobreza extrema es aún más preocupante. El 18,8% de la población, unos 1.165.745 son pobres extremos, o sea, no satisfacen las necesidades básicas de alimentación. Los pobres extremos se ubican en mayor proporción en el área rural. En efecto, el 29,6% de la población rural, alrededor de 782.009 personas, no comen las calorías necesarias para garantizar un desarrollo adecuado de la fuerza de trabajo, ni la de educación y menos la salud.
Los más afectados por esta situación son los niños. La pobreza infantil rural llega a 57,8%, o sea, casi 58 de cada 100 niños del área rural son pobres. En las áreas urbanas, la pobreza infantil llega al 34%.
Esta situación tiene su consecuencia en la incorporación de niños al mercado laboral a muy temprana edad, engrosando las filas de la llamada “peores formas de trabajo infantil”, cuya tasa es de 19,4% para la niñez y adolescencia. El 12,4% de los niños de 12 a 14 años a nivel nacional ya participa del mercado de trabajo.
En relación a la distribución del ingreso nuestro país es uno de los más injustos en el mundo. El 77% de las tierras productivas están en manos del 1% de los propietarios mientras el 40% de los agricultores poseen sólo el 1% de las tierras. Así también, el 10% más rico lleva el 41% de la riqueza total producida, mientras el 10% más pobre sólo aprovecha el 1,1%. Gran parte de los empleos a los que accede la población trabajadora es de baja calidad. Sólo el 40,4% de los trabajadores dependientes tiene algún sistema de jubilación o pensión.
El 46,1% de los trabajadores asalariados no cuenta con contrato. El 41,6% de los asalariados gana por debajo del salario mínimo, situación que empeora discriminando entre obrero del sector privado con el del sector público, 49,3% y 12% respectivamente.
Los sectores que más ganan son también los que menos impuestos paga. El IVA, que es el impuesto más injusto, porque golpea más a los pobres, representa el más del 50% total de ingresos vía impuestos, mientras el Imagro (impuesto pagado por productores agrícolas/ganaderas y latifundistas) sólo ingresa el 0,3% (este sector es responsable del 30% de la producción).
Si estas realidades no son transformadas, el “nuevo rumbo” seguirá siendo un discurso barato, sin contenidos ni posibilidades reales de impactar en las condiciones de vida de las cerca de 1.200.000 personas que pasan hambre en nuestro país.
