En 1918 se vivía un auge de luchas a escala internacional, cuyo punto más alto había sido la Revolución Rusa de 1917, y también en nuestro país, con un crecimiento de la oleada de huelgas que desembocaría en el proceso insurreccional de enero de 1919.
Estaba en el gobierno Hipólito Yrigoyen, que había asumido en 1916, y en las universidades todo seguía prácticamente igual que antes, con una casta de profesores que disponía a su antojo de la universidad, designaban autoridades, dictaban planes de estudio, etc.
Entre las universidades existentes: Buenos Aires, La Plata y Córdoba, era en ésta última donde mayor peso tenían los sectores clericales. Allí es donde estalla el movimiento que pasó a la historia como la Reforma Universitaria.
Nuestro camarada Eugenio Gastiazoro, quien fuera director del hoy hasta su fallecimiento en 2022, escribió en el Tomo 3 de su Historia Argentina: «A fines de 1917 comienza la movilización de los estudiantes de medicina, contra la supresión del internado en el Hospital de Clínicas dependiente de la Universidad de Córdoba. Las protestas continúan en 1918, en cuyo contexto nace la Federación Universitaria en abril declarándose la huelga. Recién entonces el gobierno de Yrigoyen comenzará a tomar cartas en el tema, nombrando interventor a José Nicolás Matienzo, quien reforma los estatutos en conformidad con los profesores y estudiantes y convoca a elección de autoridades para el 15 de junio, según la Ley Avellaneda (es decir, sólo entre los profesores). Pero las maniobras de las castas profesorales harán que ese día estalle la rebelión estudiantil indignada, que dará origen al movimiento de la Reforma Universitaria, cuyo Manifiesto Liminar aparece en Córdoba el 21 de junio de 1918. (Historia Argentina, Tomo 3, pág. 191/192).
En un comienzo, el movimiento concentró sus exigencias en un gobierno autónomo de la universidad, con participación estudiantil. Planteó avanzadas reformas pedagógicas ubicando al estudiante como eje de la actividad educacional. “Reivindicó para ellos un papel activo y creador, tanto en la enseñanza como en la conducción de las casas de estudio”, y levantó una serie de reclamos como la autonomía universitaria, la periodicidad de la cátedra, concursos para el nombramiento de docentes, asistencia libre, etc.
A poco andar se extendieron las bases programáticas del movimiento, vinculando a la universidad con la realidad social de la época. Allí se perfilaron dos corrientes, una que buscó mantener el movimiento de la Reforma “dentro” de las aulas, y los que empujaron desarrollar el contenido social de la lucha y vincularla al movimiento obrero y al resto de los sectores populares. Expresión de este debate fue la consigna “No hay Reforma Universitaria sin Reforma Social”, aprobada en el Congreso de la FUA de 1932.
El movimiento obrero se mostró solidario con los estudiantes que ocupaban la universidad de Córdoba. Las manifestaciones estudiantiles, de obreros y otros sectores se extendieron por todo el país apoyando a los cordobeses, logrando que el gobierno yrigoyenista dictara un nuevo estatuto, reconociendo la participación estudiantil en la dirección de las universidades.
El movimiento, originado en Córdoba, no tardó en extenderse en nuestro país y en el resto de América Latina, en una gran oleada de lucha de contenido democrático que cuestionó las bases oligárquicas de la Universidad en toda América.
En plena dictadura videlista, al cumplirse los 60 años de la Reforma Universitaria, el Faudi, agrupación universitaria antecesora de la CEPA, trazó un balance de este movimiento, que sigue siendo válido: “Por encima de las limitaciones que mostrara a poco de su gestación, más allá de que muchos ataques contra los estudiantes, la Universidad y la Patria se hayan hecho –y se hagan– en nombre de la Reforma Universitaria, el profundo significado de estos acontecimientos reside en que acometió contra pilares básicos de una institución anquilosada y represiva, y con ello, contra las expresiones universitarias del atraso y la dependencia del país”. (A sesenta años de la Reforma Universitaria, folleto del Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda, junio de 1978, pg.3).
La universidad en disputa
Extractado de “Aportes para el análisis del proceso de lucha contra la privatización de la universidad pública y el ajuste del gobierno de Milei”, de Diego Costa.
La universidad pública es parte del Estado, y representa el elemento de formación de cuadros técnicos y profesionales que hace girar la rueda del sistema. En nuestro caso, es parte del Estado de las clases dominantes y como tal, tiene un rol que cumplir.
Sin embargo, en nuestro país, el movimiento estudiantil que irrumpió en la Reforma Universitaria de 1918, durante el gobierno de Yrigoyen, impuso su sello distintivo, en forma y en contenido, que se irradió a Latinoamérica y se amplió con las conquistas políticas posteriores, como la gratuidad decretada por Perón en 1949 y la Universidad Obrera (hoy Tecnológica). Cada vez que la derecha se alzó con el poder, intentó desarmar los avances, y “restaurar el orden” previo a cada conquista. Claramente, la universidad es una institución escenario de históricas disputas de clase, en el seno de un estado que irremediablemente tiene signo de clase.
Con el cogobierno, la propia institución se autodefine en su administración interna, en órganos colegiados con representación de los claustros que la componen:
- Los dos sectores de la clase trabajadora que la universidad alberga en su seno (docentes y no docentes), y
- El sector estudiantil, una capa social de la intelectualidad juvenil, en tránsito hacia la producción, compuesta por las hijas y los hijos de las diferentes clases, de las cuales numéricamente, los sectores populares son claramente la inmensa mayoría.
Esto contrasta con cualquier entidad del sistema público nacional, en las que, la dirección, es encabezada por una autoridad unipersonal designada directamente por el poder ejecutivo.
La gratuidad como medida democratizadora, y en el mismo sentido, el ingreso irrestricto, clave en una economía no planificada y sin igualdad de oportunidades, confrontan con el perfil elitista que las clases dominantes pretenden para una institución de educación superior moldeada conforme a sus intereses.
La extensión universitaria, la libertad de enseñanza, el ingreso por concurso, la cátedra paralela y otras características instituidas por la reforma, permiten que los sectores populares, que se abrieron paso ingresando, formándose e incorporándose a las filas de su personal, puedan disputar el contenido de la educación y el objeto y destino de la producción de conocimientos. Esto confronta con el sentido que debería tener la universidad, como elemento del Estado para la reproducción de la ideología dominante y al servicio de sus intereses.
Pero sin duda, en este devenir histórico de la Argentina, la autonomía universitaria y la autarquía -características que, en abstracto, podrían considerarse de corte liberal- permitieron que la universidad pública pueda despegarse, en mayor o menor medida, dependiendo el momento, del rol que las clases dominantes pretenderían para su beneficio, tanto en lo programático, como en lo relativo a las funciones y objetivos. Por esta causa, los diferentes gobiernos de orientación derechista, buscaron, con mayor o menor éxito, condicionar la autonomía mediante mecanismos como la acreditación, coartar la autarquía con la asfixia económica, y limitar ambas, generando programas de financiamiento paralelos al presupuesto asignado, que despojaban a la institución de la decisión soberana sobre parte de los fondos, y el contenido de lo que se sustenta con esos fondos. Por la misma causa, los claustros universitarios y la comunidad, resisten los intentos de violación de la autonomía, porque eso implica defender las conquistas sociales, democráticas y de soberanía, ligadas al proyecto nacional que germina en la universidad desde la reforma.
En resumen, esta universidad no es la institución de élite que las clases dominantes pretenden. Por eso, buscan desarticularla, para reemplazarla por otra que les sea útil. Ni tampoco es la universidad democrática, científica y popular que el pueblo requiere y conquistará con la emancipación. Pero las clases populares la defienden como factor de movilidad social ascendente y de un posible desarrollo nacional autónomo, gracias a las conquistas logradas que son semilla de esa universidad que el pueblo liberado dará a luz.
hoy N° 2063 11/06/2025
