Desde la madrugada se levantaron vallas en las esquina de Humberto Primo, y se preparó un fuerte operativo policial para realizar el desalojo. Aunque no había orden judicial y tampoco estaban dadas todas la garantías que exige la ley de la ciudad para estos procedimientos. El gobierno de la CABA lo único que ofrece a las familias es reubicarlas en paradores donde no pueden llevar sus pertenencias (muebles, electrodomésticos) y un subsidio habitacional que va de $2.500 a $4.000 según el grupo familiar durante un período de meses.
Existe una gran dificultad para alquilar una vivienda, donde exigen garantías propietarias además de tener salario en blanco. También es muy complicado alquilar una pieza en un hotel donde ya casi no aceptan familias con niños.
En la casa de Humberto Primo viven 24 familias, madres solas, muchas con niños pequeños y hasta recién nacidos. Roxana vive con cuatro hijos, dos en escuela secundaria y dos en primaria, y tienen una vida de años en el barrio.
Hace 16 años que mantienen el litigio por la titularidad de la propiedad. Las familias se presentaron en la Justicia varias veces y también se inscribieron en el IVC, donde nunca los llamaron. Crearon una cooperativa de vivienda para adquirir la propiedad, pagaron las deudas del agua, pero fueron estafadas por los abogados que intercedieron en la operación. En el 2015 apareció un nuevo grupo inmobiliario que, sosteniendo ser el dueño de la vivienda, también compró los terrenos lindantes y se inició un nuevo proceso judicial que desembocó en los intentos de desalojo.
Esta situación se da frente al gran avance de los negocios inmobiliarios en la ciudad. Aparecen grupos de abogados y empresarios que en convivencia con los poderes gubernamentales van desconociendo procesos de lucha por la vivienda digna y van quitando derechos a los ciudadanos.
Existe un gran problema habitacional en la CABA: más de 250.000 familias viven en villas y otro tanto en hoteles y casas ocupadas. La especulación inmobiliaria llevó a que un alquiler en la villa de Retiro por ejemplo, de una pieza con baño compartido, pueda llegar a costar hasta $5.000. El gobierno de Macri-Larreta, más que tratar de dar respuesta a los problemas de vivienda, fomentan los negocios inmobiliarios beneficiando a los grandes poderes económicos.
Hoy urge rodear de solidaridad a estas 24 familias. La vivienda digna es un derecho, es necesaria una solución. No al desalojo.
Corresponsal
Hoy N° 1731 22/08/2018
