Hay que tener en cuenta que la lucha de Kraft fue la lucha gremial más importante de los últimos años. Si no, no se entiende la persecución judicial contra sus dirigentes. Tenemos cuatro frentes de represión. 1) La criminalización, 2) la intervención del Ministerio de trabajo, 3) la represión directa, 3) la represión laboral por parte de Kraft.
Hay que tener en cuenta que la lucha de Kraft fue la lucha gremial más importante de los últimos años. Si no, no se entiende la persecución judicial contra sus dirigentes. Tenemos cuatro frentes de represión. 1) La criminalización, 2) la intervención del Ministerio de trabajo, 3) la represión directa, 3) la represión laboral por parte de Kraft.
Contra los trabajadores de Kraft, en particular contra los dirigentes de esta lucha, como Bogado, María Rosario, Penayo, hay abiertas causas en dos fueros distintos. El fuero federal, que responde al gobierno nacional, los persigue por los cortes de ruta de la Panamericana. Por otro lado, la fiscal Laura Capra, de la Fiscalía del Talar, San Isidro, que depende de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, es la que llevó adelante la represión para desalojar la fábrica, y es quien imputa a los compañeros por usurpación, y por coacción agravada.
Recordemos que además los trabajadores atravesaron juicios en el fuero laboral, por exclusión de tutela, en los que salieron victoriosos, lo cual fue una victoria importante para que Kraft no avanzara con sus despidos.
Causas por usurpación y coacción
La fiscal Capra abrió 17 causas, de la mano de las denuncias de la empresa. Esta fiscal acusa a los miembros de aquella interna ya en julio del 2009, durante el conflicto por la gripe A, por “privación ilegítima de la libertad”, en momentos que se hace una marcha al edificio de oficinas dentro de Kraft. Luego fue abriendo causas con tres ejes: esta que mencionamos recién, que son anteriores a los despidos, una segunda, cuando empieza la huelga, en la que se acusa a los dirigentes por un delito que existe en el Código Penal, que es “forzar a otros trabajadores a sumarse a una huelga”, y hay una tercer causa, que se inicia cuando los trabajadores permanecen en sus puestos de trabajo dentro de la fábrica, y se los acusa de “usurpación”. En esta última causa hay 30 imputados, que son los trabajadores que cayeron presos el día del desalojo.
Capra resolvió unificar la causa en la que acusa a Bogado, Penayo y Alfonso por coacción, con la de usurpación, y armó una mega causa, y los acusa de todo a ellos tres, y de usurpación al resto de los trabajadores detenidos, y a Hermosilla.
La fiscal acusa a todos los trabajadores que fueron detenidos el 25 de septiembre por supuestos hechos sucedidos el 4 y el día 6 de septiembre, diciendo que estos trabajadores ingresaron ilegalmente utilizando violencia a la planta y que le sacan a la empresa el control de la misma. La acusación no tiene ninguna verosimilitud dado que afirma que 30 trabajadores usurparon mediante la violencia un predio de miles de metros cuadrados, custodiado por personal de seguridad privada y por cientos de efectivos de la Policía Bonaerense, la que estuvo en todo momento al servicio de la empresa. Al punto tal que el personal jerárquico de la Kraft daba instrucciones durante la represión a la Policía.
Nosotros, como abogados defensores, pedimos el sobreseimiento, lo que fue denegado por el juez de garantías de San Isidro, Costa. Este es el mismo juez que, primero, negó el desalojo el 7 de septiembre diciendo que era una “cuestión social y laboral y que la justicia penal no tenía que intervenir”, y luego ordenó la represión el 25 de septiembre. Esto es muy importante, porque la acusación de la fiscal es por hechos de 4 y del 6 de septiembre, y el 7 el juez había dicho que no había delito. El juez deniega el sobreseimiento de los compañeros, diciendo que entre el 7 y el 25 de septiembre se produjo un cambio en la situación que hizo que deje de ser un conflicto laboral para transformarse en una situación delictual, sin poder explicar porqué. De esta manera el juez deja abierto el camino para que la causa avance contra los trabajadores. Contra esta decisión hemos interpuesto un recurso de apelación ante la Cámara de San Isidro que aún no ha sido resuelto.
Causas por cortes de ruta
No es una casualidad que esta causa se mantenga abierta. Cuando uno ve la otra causa, que está en el Juzgado de Tres de Febrero, en la que se acusa a Bogado, Rosario, Penayo, Hermosilla, y ahora también a Ripoll y Pitrola, ve que hay una política persecutoria contra los trabajadores que dirigieron la lucha de Kraft del 2009. Esta causa la inicia el juez federal Mariano Larrea, de Tres de Febrero, por distintos cortes de la Panamericana. Primero procesaron a Bogado y Hermosilla, y luego el fiscal pidió que se identifiquen a más personas que estaban en el corte.
Sobre la base de notas periodísticas, y sin ningún testigo que mencione su presencia en los cortes, se procesa a María Rosario, Penayo, Ripoll y Pitrola. La única prueba para procesarlos es una foto (de cuya autenticidad no tenemos ninguna prueba). De este supuesto hecho, el juez extrae la conclusión de que los acusados tuvieron un “rol preponderante” en la misma por tratarse de personas conocidas o representativas. Nosotros nos preguntamos si el crimen era estar presentes, por qué el juez no procesó a los gendarmes, los periodistas, los policías que hicieron el corte, etc.
El verdadero motivo por el cual los llevan a juicio es por ser dirigentes, no por cortar la calle. Se juzga al dirigente que está en el lugar, como supuesto responsable de todo lo que ocurre. Es el más claro ejemplo de lo que se llama derecho penal de autor, que es la persecución por el mero hecho de ser y no de hacer. Este es el derecho penal clásico de los estados autoritarios.
Redoblar la movilización
Las causas por corte de ruta están apeladas ante la Cámara Federal de San Martín. Sobre los primeros cortes la Cámara ya falló confirmando los procesamientos de Bogado y Hermosilla. El primer procesamiento contra Bogado se basa en la declaración de un gendarme que dice que lo vio en el corte junto a Luis Cubillas. Pero Luis Cubillas, dirigente de los desocupados de la CCC de la Zona Norte, había fallecido cuatro meses antes de este conflicto. Es decir que la Cámara avaló las declaraciones de este gendarme, por lo cual estimamos que va a resolver el procesamiento de los otros compañeros. Si es así iremos a la Cámara Nacional de Casación, y eventualmente a la Corte Suprema, lo que es muy difícil.
En el caso de la causa por usurpación, corre dentro de la Justicia de la provincia de Buenos Aires. Parece que estuvieran corriendo una carrera entre los dos fueros, a ver quien llega más rápido al juicio.
Se ve con claridad cómo juega el poder judicial. No hay ninguna causa contra los directivos de Kraft, por haber incumplido toda la normativa laboral argentina, por haber incumplido todas las conciliaciones obligatorias, por haber utilizado las instalaciones de Kraft como prisión donde se golpeó a los detenidos, imposibilitando a los abogados tener acceso a ellos, ni por haber despedido a 160 trabajadores, conjuntamente con toda la junta interna, a pesar de que está prohibido por la ley, etc. Y para con los delegados gremiales que, cumpliendo con su deber se ponen a la cabeza de una huelga para defender sus derechos, ya sumamos veinte acusaciones por distintos delitos.
Se ha visto en todo el país que en cada lucha que hay, la justicia avanza en un solo sentido, contra los que considera dirigentes de esas luchas. Se habilita presiones laborales, despidos, embargos de bienes, persecución, presencia policial en las casas, sólo de los que se levantan a defender un derecho.
Este cuadro muestra que se ha dado dos saltos en la criminalización de la protesta: uno es la detención (agravada por la incomunicación durante 4 días) del dirigente ferroviario Rubén Sobrero, y el otro, procesar a los que son solidarios con las luchas. Todo esto acompaña el salto dado en la represión por parte del gobierno, que sólo en el 2010 provocó catorce asesinatos. Estos hechos se dan a pocos días del sobreseimiento del ex presidente Menem en la causa de contrabando de armas.
Por todo esto tenemos que acompañar la batalla que se está dando en el terreno legal, en la que seguiremos peleando por la absolución de los compañeros, con la más amplia movilización popular para frenar esta escalada contra los trabajadores que se plantan en la defensa de sus derechos.
