Como parte de su táctica electoral, el candidato a intendente por el kirchnerismo, Daniel Filmus, ha planteado un subliminal chantaje a los habitantes de la Ciudad: solo si me votan a mí, Cristina va a transferir la policía, los subtes, las tierras, el puerto y demás áreas pertenecientes a la Ciudad, vitales para la vida de los porteños, que aún están en jurisdicción del gobierno nacional.
Como parte de su táctica electoral, el candidato a intendente por el kirchnerismo, Daniel Filmus, ha planteado un subliminal chantaje a los habitantes de la Ciudad: solo si me votan a mí, Cristina va a transferir la policía, los subtes, las tierras, el puerto y demás áreas pertenecientes a la Ciudad, vitales para la vida de los porteños, que aún están en jurisdicción del gobierno nacional.
Pero esa táctica se le vuelve en contra apenas se pregunta por las deficiencias y la delegación de interés público en los monopolios privados de todos esos servicios manejados por el gobierno nacional, solo comparable con las deficiencias en la administración de la salud, educación y medio ambiente del gobierno de Macri.
Un ejemplo, tal vez poco conocido, es el del Puerto de Buenos Aires. Es el único puerto de país que, después de la privatización y la construcción de la hidrovía por el menemismo, siguió dependiendo de la Administración General de Puertos (AGP) es decir de la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Planificación Federal.
Poco tiempo después de la privatización de los puertos empezó una dura controversia sobre si el puerto de Buenos Aires, el rincipal puerto de contenedores del país, debe seguir existiendo o sólo hay que dejar el puerto de cruceros y pasajeros, y las cargas derivarlas a los puertos de la Provincia de Buenos Aires.
Detrás de los argumentos que aluden al tránsito de los camiones, la contaminación y el uso del espacio, se esconden fuertes razones económicas. No es casual que los principales promotores para sacar el puerto de la ciudad sean Murchison, dueño del puerto de Zárate, y Román, que asociado con la filipina ICTSI está construyendo Tecplata en La Plata, que aspiran quedarse con el negocio portuario y compartirlo solo con Exolgan de Dock Sud.
La política menemista respecto de los puertos, como en el resto de las áreas, dejó en manos de los grandes monopolios que se adueñaron de los puertos, las decisiones estratégicas ligadas a palancas claves de la economía como el comercio exterior.
Las empresas que se apropiaron del puerto de Buenos Aires, Dock Sud y La Plata son grandes monopolios que tienen terminales en todo el mundo, incluido en Montevideo y Santos (Brasil). El puerto de Buenos Aires, al depender de la AGP, está en manos de las decisiones del gobierno nacional. Pero el gobierno no tiene un plan maestro para los puertos y el comercio exterior, y por lo tanto tampoco tiene una política para el puerto de Bs. As.
En ese marco, de las 5 terminales en que se dividió el puerto en el momento de la privatización hoy quedan tres; se hicieron concesiones de terrenos de la AGP a depósitos fiscales sin un plan y sin licitación; no se han hecho las obras de dragado necesarias para poder operar con los nuevos buques portacontenedores de más de 10.000 TEU y todavía no se decidió que va a pasar con la Terminal 5, cuya concesión vence el año que viene.
Al mismo tiempo, dentro de la política del gobierno de concesiones a Moyano para mantener el apoyo de la CGT y los gremios del Puerto, le dieron un negocio en los terrenos de la Terminal 6, por el que cobra 14 dólares más IVA por cada contenedor que entra o sale, además de permitirle designar al actual director de la AGP, Ing. Vacslir.
Desde ya que a cambio, Moyano y los gremios portuarios han aceptado que a los trabajadores les sigan descontando el impuesto a las ganancias, se mantenga la tercerización, y los aumentos por debajo de la inflación real, y no remunerativos, para salvar a las empresas de los aportes a la Anses.
Ante el crecimiento del número de cruceros que llegan todos los años a la Ciudad se ha ampliado la terminal de pasajeros en terrenos de la Terminal 3, en lugar de hacerlo en la dársena norte, quitando mas espacio al manejo de las cargas.
Todo eso, por acción u omisión, configura una política que ha hecho perder cargas al puerto de Buenos Aires, no sólo a favor del puerto de Zarate sino principalmente de Montevideo. Las consecuencias las pagan los trabajadores, principalmente los tercerizados que, al no poder trabajar todos los días, solo cobran la garantía de 12 o 18 jornales y los trabajadores de la Terminal 5 que no saben si va a seguir funcionando al vencimiento de la concesión. De hecho la presión de las terminales de la Provincia de Buenos Aires es que no se renueven las concesiones a su vencimiento, la última de las cuales es en 2019.
Ni Filmus ni Macri tienen injerencia en estas decisiones, y sólo el Movimiento Proyecto Sur asume el compromiso de defender desde el Gobierno de la Ciudad el puerto más grande del país, para garantizar la fuente de trabajo de miles de habitantes del área metropolitana.
