El 19 de octubre se debía tratar en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de Diputados dos leyes: la ley de Martínez Campos y la ley Harispe. Pero para sorpresa de alguno de nosotros esa reunión fue suspendida y se realizó una reunión de las comisiones de Industria y Comercio, Infraestructura y Presupuesto del Senado, la cual dictó la aprobación de la Ley Luenzo para ser tratada en la Cámara de Senadores.
El 19 de octubre se debía tratar en la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de Diputados dos leyes: la ley de Martínez Campos y la ley Harispe. Pero para sorpresa de alguno de nosotros esa reunión fue suspendida y se realizó una reunión de las comisiones de Industria y Comercio, Infraestructura y Presupuesto del Senado, la cual dictó la aprobación de la Ley Luenzo para ser tratada en la Cámara de Senadores.
Ahí apareció por primera vez la Ley Luenzo que fue presentada el 22 de septiembre de este año en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación. Luenzo es un senador denunciado en los Panamá Papers, con una empresa en EEUU y representa los intereses del capital privado. Más precisamente, representa a quienes manejan el negocio de los fletes de importación y exportación en la Argentina. Negocio de 7 mil millones de dólares.
Esta Ley es una síntesis de lo que buscan quienes manejan este negocio (hoy en manos extranjeras) y los negocios que lo rodean (reparación de buques extranjeros en desuso). Esta ley nos lleva a financiar la industria naval a través de un Fondo Fiduciario, es decir, una Sociedad Anónima que maneja préstamos, la posibilidad de ser beneficiados económicamente por el gobierno, a cambio de hacerlo partícipe de los negocios. Ya que esta Ley cede el manejo discrecional de los fondos al Poder Ejecutivo, como lo dice la misma: el comité ejecutivo es el encargado de fijar las condiciones, impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa las actividades a cargo del fiduciario y efectuar su seguimiento. Estará integrado por un representante de los siguientes ministerios, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, Ministerio de Transporte, Ministerio de Producción, Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte.
Esta ley no solamente deja el financiamiento al Poder Ejecutivo, sino que no toca los intereses del capital privado que durante tantos años se llevó miles de millones de dólares en pala. No tiene impuesto al flete ni reserva de carga como lo planteamos en nuestras leyes. Según pudimos conocer, esta ley sería tratada para su aprobación este miércoles 16 en Senadores.
Y a esto le tenemos que sumar la ley de Participación Público Privada que Macri elaboró y que acaba de ser aprobada en el Congreso. Ley que permite, mediante una asociatividad, el ingreso del capital privado a las empresas del Estado (con el agravante de que si la empresa privada pierde la plata que puso, el Estado le devuelve lo que perdió).
Como dijimos anteriormente entendemos que el ARS corre peligro porque estas dos leyes garantizan el avance del capital privado sobre las empresas del Estado. Y mucho más con un gobierno como el de Macri y Vidal que en vez de estar preocupados por cómo se desarrolla la industria argentina, están preocupados en hacer pasar el ajuste para que sus amigos ganen cada día más plata superexplotando a los trabajadores.
Es peligroso para el ARS confiar en que se apruebe una ley que les deje en manos del gobierno de Macri y de capitales privados el futuro de nuestro Astillero. No podemos confiar en que en dos años podamos modificar algo de una ley ya aprobada.
No podemos confiar cuando todos los planes del gobierno de Macri van a contramano de desarrollar la industria naval: Anuló un decreto que prohibía que lo que se exportaba de la Argentina sea por el puerto de Uruguay, hoy sale todo por el puerto de Uruguay; reflotó el puente Punta Lara – Colonia con el objetivo de transportar las exportaciones hasta Uruguay en camión; y lleva adelante el Plan Belgrano para tener una salida por los puertos de Chile, principalmente hacia China.
Desde La Proa entendemos que ante este avance del gobierno en acuerdos conjuntos con el sector privado, es necesario unirnos con los compañeros que siempre bancaron nuestras leyes, para elaborar un plan de lucha en serio, que avance hasta la concreción de lo que más necesitamos.
Por eso es muy importante el camino que el último viernes iniciaron los compañeros del turno mañana y tarde de Soldadura que resolvieron asamblea general el martes para discutir esta situación.
No al fondo fiduciario (ya lo rechazamos en el 2013 con la Ley Harispe).
Por una ley que desarrolle la industria naval y la marina mercante con un fondo de desarrollo de la industria naval y con reserva de carga como planteamos desde el Astillero. Por un ARS 100% estatal produciendo para una marina mercante nacional y para nuestra defensa.
