Los secuestros y asesinatos de César Gody Alvarez, quien fuera secretario del PCR en Córdoba, y de René Salamanca secretario del Smata Córdoba entre 1972 y 1976, quienes encabezaron el resurgimiento del clasismo revolucionario en el movimiento obrero argentino desde el Cordobazo de 1969, ambos miembros del comité central del Partido Comunista Revolucionario, están vinculados. Esperamos que esta nota aporte elementos para la acción de nuestros militantes en actuaciones judiciales independientes y de amplia unidad en la lucha por el castigo a todos los crímenes de la dictadura y los responsables de las muertes de todos nuestros mártires.
El caso judicial de César Gody Alvarez, nuestro querido Gordo Antonio, al cual estamos ligados desde 1976, tiene un cúmulo de triunfos jurídicos, aunque hasta ahora, sus asesinos siguen con impunidad.
El 26 de abril de 1976, César Gody Alvarez fue secuestrado en la ciudad de Buenos Aires, por un grupo de personas vestidas de civil, que portaban armas largas, a la vista de los vecinos, y que se trasladaban en automóviles. El 30 de abril de 1976 se presentó un habeas corpus, firmado por los hermanos del Gordo Antonio, quienes sin compartir su ideología política, ni su militancia, no vacilaron en firmar y presentarlo, a los que acompañamos a tribunales. Mientras tramitaba el habeas corpus, el 20 de mayo de 1976, a las 12 hs, se denunció en ese mismo expediente judicial, que la dictadura estaba tirando desaparecidos al Río de La Plata. Fue la primera denuncia pública de los vuelos de la muerte. Muchas décadas después, junto con Pilar Sánchez, encontramos este expediente en los archivos de Tribunales.
En aquellos años, mientras se tramitaba el habeas corpus, y los organismos oficiales contestaban que no habían podido localizarlo, su cuerpo era encontrado, flotando en un arroyo en la localidad de Merlo, totalmente torturado y quemado, de manera tal, que fue confundido por el juzgado penal de Morón con el cuerpo de un vagabundo, dando inicio a una investigación burocrática y normal, en la que sacan sus datos dactiloscópicos y tratan de identificarlo.
Por un trámite de rutina fue identificado, y entonces, con complicidad del juez penal de Morón el 14 de mayo de l976 fue enterrado como N.N. en el cementerio Santa Mónica, de la localidad de Libertad, Partido de Merlo, provincia de Buenos Aires. Así fue enterrado debajo de la tumba que contenía el cadáver de María Hortensia Gramajo, una víctima fatal de un accidente ferroviario: un NN que no era NN, porque estaba identificado, y una tumba que contenía dos cuerpos, pero figuraba uno solo.
Con el transcurso de los años el personal del cementerio se jubila, cambia la situación política, y entonces se comienzan a conocer algunas pocas cosas. Entre otras, que algo raro pasó en el cementerio del Barrio Libertad.
Acompañamos la denuncia del gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre este cementerio, y luego cuando tuvimos más elementos, querellamos patrocinando a las hermanas de Gody en el Juzgado Federal de Morón. No subestimamos, lo que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires podía hacer, y luego junto con la familia y los antropólogos, luchamos por la identificación del cuerpo.
Cuando se produce la audiencia donde se saca sangre a las hermanas, la posibilidad de encontrar el cuerpo estaba cerca. El 28 de noviembre del 2007 se identificó el cuerpo que había sido ocultado. Fue entregado a su familia y a su partido, dejó de ser un desaparecido.
Sorpresivamente, el Juzgado Federal de Morón, que nos acompañó para identificar el cuerpo, en la misma sentencia en la que identifica el cuerpo de Gody y ordena confeccionar la partida de defunción, se declara incompetente para seguir investigando, quiénes lo mataron, quiénes lo secuestraron, quiénes lo torturaron, y por orden de quiénes fue ocultado el cuerpo.
Tuvimos que impulsar una nueva querella para investigar estos temas, querella que sufre todos los avatares de las mega causas, en la ciudad de Buenos Aires, que por el momento acompañamos con un aporte de pruebas muy importante, llegará seguramente el momento en que existan condiciones para exigir una investigación y castigo para este caso concreto, que como todos los casos similares, son iguales pero son distintos, porque acompañamos las megas causas, pero queremos saber en concreto las siguientes cuestiones:
l ¿Quiénes lo secuestraron, torturaron y lo mataron?
l ¿Quién dio la orden y eligió la figura?
l ¿Por qué un juez de la dictadura, frente a la denuncia judicial de los vuelos de la muerte, ignoró la denuncia?
l ¿Por qué otro juez de la dictadura, frente a la identificación de un cadáver, ordenó enterrarlo como NN?
l ¿Quiénes trabajaban en ambos juzgados en esos momentos, qué saben, qué recuerdan? Lo mismo para quienes trabajaban en el cementerio.
l El juez de Morón, que ocultó el cadáver, fue luego funcionario de la democracia, como lo demuestra la investigación de Pilar Sánchez en su libro.
l ¿Qué pasó con el Citroën que tenía Gody? ¿Por qué aparecieron luego de su secuestro multas de transito en Morón y Merlo? El comisario que encontró el cuerpo flotando en el agua, dice no recordar por los años transcurridos, ¿es así o respeta el pacto de silencio?
l ¿Fue un grupo de tareas específico para este caso, o intentaban llevarlo a Córdoba, y la resistencia de Antonio, los obligo a tirarlo en un arroyo?
Los juicios están caminando con limitaciones, nuestro pueblo y los organismos de derechos humanos lograron impulsar algunos.
La actitud del gobierno frente al tema no es un mero doble discurso, focaliza exclusivamente en la cúpula militar y lo ya conocido, al servicio de su disputa para afirmar su hegemonía en el bloque dominante de la sociedad argentina.
Si no investigamos en forma independiente y jugamos como tal en los juicios, muchos genocidas seguirán gozando de impunidad.
Meterse en los juicios es un paso imprescindible para luchar por la verdad y el castigo, como se señala en el hoy nº 1445 en la nota sobre Manuel Guerra. En este camino, la posibilidad de que los amigos y compañeros políticos aporten datos como “amigos del tribunal”, es una forma procesal que debe ser usada, porque facilita la investigación y le agrega contenido político a cada unos de los temas.
En el caso de René Salamanca la querella de los hijos y de los que fueron compañeros y compartieron su lucha, presentándose como “Amigos del Tribunal”, debe orientarse a exigir que su caso sea incorporado a la investigación inmediata en la mega causa que tramita en Córdoba por el Centro de represión y exterminio denominado “La Perla”.
