A los anuncios apresurados de la quita de los subsidios en los servicios públicos de electricidad, gas y agua, presentados de manera edulcorada como un acto de “justicia social” para con los sectores más pudientes (sin dejar de decir, nobleza es reconocerlo, que eso solo era el inicio), siguió la semana pasada un operativo mediático de “renuncia a los subsidios” por funcionarios públicos, políticos y celebridades.
A los anuncios apresurados de la quita de los subsidios en los servicios públicos de electricidad, gas y agua, presentados de manera edulcorada como un acto de “justicia social” para con los sectores más pudientes (sin dejar de decir, nobleza es reconocerlo, que eso solo era el inicio), siguió la semana pasada un operativo mediático de “renuncia a los subsidios” por funcionarios públicos, políticos y celebridades.
Un hecho que de por sí no estaría mal si no fuera que se presenta como un importante “desprendimiento” de esos sectores (casi como si fuera la donación de las joyas por las damas mendocinas para el Ejército de los Andes), para “hacer entrar” a la mayoría de la sociedad. Cuando en realidad se trata de algo que ya estaba cantado, y en muchos casos es mera propaganda pues ya tenían el recorte anunciado, como los que son vecinos de Puerto Madero (Amado Boudou, por ejemplo) o Barrio Parque (Mauricio Macri).
Semejante operativo no solo se explica porque el recorte de los subsidios abarcaría en el área metropolitana a la gran mayoría de los 5,3 millones de hogares que usan el servicio eléctrico prestado por Edenor, Edesur y Edelap. Sino porque además este recorte viene precedido de una “actualización” de los valores mayoristas de la electricidad, de entre un 20 y hasta un 34% de aumento según los consumos, que afectará a todos los consumidores del país (lo que ya adelantó el gobierno santafesino, por ejemplo). En el caso del gas el aumento viene por la “actualización” de los cargos tarifarios.
¿Quiénes pagarán menos?
En la línea de “personalizar” los subsidios, para hacer pagar la tarifa plena actualizada a la mayoría de las familias trabajadoras, el gobierno ha reflotado una lista de excepciones confeccionada en 2009, que alcanza un universo de 610.000 hogares en la región metropolitana, aproximadamente el 11% de todos los clientes de las distribuidoras Edenor, Edelap y Edesur. Se trata en el caso de la luz de quienes no cuentan con el servicio de gas natural o de agua potable por red, no tienen telefonía fija, son usuarios electrodependientes (por problemas de salud) o constituyen viviendas multifamiliares (con un solo medidor). En el caso del gas, la lista incluye hogares que reciben algún tipo de servicio asistencial (hogares sustitutos, comedores comunitarios, centros de recuperación de adicciones, asilos), viviendas de programas del Fonavi u otros localizados en zonas de bajos recursos, beneficiarios de un plan social o de un subsidio por desempleo, jubilados o pensionados con ingresos mínimos, contar con un certificado de discapacidad que amerite un uso intensivo de gas, familias carenciadas y otras condiciones similares.
Esta definición fue comunicada por las autoridades del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a un grupo de asociaciones de consumidores y por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a las empresas que operan en el sector. No ha sido resuelto aún –o al menos el gobierno no lo dio a conocer– qué pasa con el resto de los hogares, ni tampoco con los usuarios del interior. La lista de los que mantendrán el subsidio -según el gobierno- será ampliada, pero hay que prever que el tarifazo va a castigar a gran parte de la clase obrera, que deberá entonces afrontar facturas de luz, gas y agua entre 3 y 4 veces más caras que las actuales.
En lo inmediato sólo los habitantes de Puerto Madero, Barrio Parque y los countries de todo el país pasarán a pagar los servicios sin subsidios, lo mismo que los que han renunciado voluntariamente. Desde el 1° de enero, el resto de los usuarios comenzará a recibir formularios para que declaren si están en algunas de las categorías que el Estado habilitó para subsidiar. Quienes no respondan (o lo hagan negativamente) comenzarán unos meses más tarde a recibir las boletas con los nuevos valores. El gobierno examinará los casos de quienes aduzcan que merecen el subsidio, habiendo anunciado que colocará sus nombres en Internet y enviará visitadores sociales, como para que la mayoría se intimide de hacerlo.
En definitiva, lo que se presenta como una quita de los subsidios a los “más ricos”, no es más que el comienzo de una generalización del aumento de las tarifas para la mayoría de los trabajadores que terminarán pagando el mismo precio por la luz, el gas y el agua que los que hoy alardean con su “renuncia voluntaria”.
Es necesario luchar por la inmediata implantación de una tarifa social para todos los trabajadores según su nivel de ingresos, en vez de someterlos a la discriminación que implica tener que certificar su pobreza para poder acceder a una tarifa subsidiada.
